La Generalitat intenta mantener a Acciona en Aigües Ter Llobregat

El Govern de Artur Mas ha extendido un cordón de seguridad alrededor de su adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. La guerra del agua ha llegado a tal punto que ni la conselleria de Economia i Coneixement, quien encargó la privatización para cuadrar el ejercicio 2012, ni la de Territori i Sostenibilitat, responsable del concurso público junto a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), son los responsables de gestionar la resolución del conflicto en este momento.

Los servicios jurídicos de la Generalitat y el departamento de Presidència, encabezado por Francesc Homs, se encargan ahora de marcar la estrategia legal para blindar la decisión de dejar en manos de Acciona por 50 años la gestión de la empresa pública.

Recurso

Este lunes presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tal y como ya habían anunciado, contra la resolución del tribunal en la que se anulaba el contrato con el grupo de infraestructuras de la familia Entrecanales. En su defensa, la Generalitat alega que ATLL no se puede adjudicar de nuevo porque el rival de Acciona en el proceso, Aguas de Barcelona (Agbar), tampoco cumple con el pliego de condiciones. Y anular el concurso significa asumir 955,51 millones de euros de deuda pública más en 2012, el 0,5% del PIB catalán.

El recurso del Ejecutivo catalán señala que en sus ofertas, las dos compañías modifican el calendario de obras previstas en la concesión. Precisamente, el incumplimiento que el organismo que vela por la transparencia en los concursos públicos, el OARCC, esgrimió para descartar la oferta de Acciona.

Calendario de obras

El grupo de los Entrecanales cambió el orden de ejecución y la secuencia de los proyectos en su oferta técnica. Incluso algunos de los que la propia Generalitat tachaba de urgentes, como las mejoras en la planta potabilizadora del municipio de Cardedeu (Vallès Oriental), según informan fuentes jurídicas. La mesa de adjudicación valoró en cero puntos la propuesta de Acciona por este motivo, aunque el OARCC fue más lejos y resolvió que quedaba excluida. Un extremo que ha sido respaldado por el TSJC.

La propuesta técnica de Agbar incumple en cinco ocasiones el calendario final de los proyectos, señalan los mismos interlocutores. Las obras se inician según el calendario que marca la Generalitat, pero la compañía reconoce que no las podrá terminar en un solo ejercicio. Se trata de mejoras en las que se deben expropiar terrenos o requieren licencias municipales o permisos ambientales, destacan estas fuentes. En la oferta técnica que está en manos de los tribunales, la gestora controlada por Ángel Simón se compromete en presupuestar el precio total de la obra en el momento en el que se inicie el proyecto ejecutivo.

Pleito de fondo

El calendario de obras es el primer desencuentro entre los tres actores de la guerra del agua (Acciona, la Generalitat y Agbar) que el TSJC debe valorar. Forma parte de las medidas cautelares que el Govern y la adjudicataria actual de ATLL reclamaron al tribunal catalán, ya que la decisión del OARCC de desestimar la oferta de Acciona tenía carácter ejecutivo.

En el pleito de fondo sobre el proceso de adjudicación de la gestora de agua que da servicio a cinco millones de catalanes, Agbar (quién lo interpuso) señala otros incumplimientos de las condiciones del concurso público por parte de Acciona. Entre ellas, que la privatización de ATLL se pueda contabilizar como deuda ordinaria de la Generalitat en lugar de amortizar los números rojos de la propia empresa que se privatiza o del ACA. De hecho, la oposición ya ha reclamado información al Govern sobre esta maniobra contable. Autorizada, según el Ejecutivo catalán, por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los magistrados aún no han empezado a debatir sobre esta cuestión, ya que el departamento de Territori i Sostenibilitat, encabezado por Santi Vila, aún no ha entregado el expediente completo de ambas ofertas a la sala. El TSJC ha reclamado en cuatro ocasiones los documentos a la conselleria. Si en esta ocasión no le remite toda la adjudicación, sin excepciones, el Govern bordearía el desacato, según otras fuentes jurídicas consultadas por este medio.