Caen los dos ideólogos de la privatización de Aigües Ter Llobregat

Privatizar la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) fue la opción del Govern de CiU para hacer caja y cuadrar el ejercicio 2012. Tras no encontrar compradores para los edificios en venta, el conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, presentó al President, Artur Mas, una alternativa: dejar en manos del sector privado dos infraestructuras que, por su servicio, son rentables. Los túneles de Vallvidera y del Cadí, que se quedó Abertis por 430 millones de euros, y ATLL, la empresa que abastece de agua a cinco millones de catalanes. Esta era la más importante, ya que llegaba a los 955,51 millones de euros (el 0,5% del PIB catalán).

Las dos operaciones debían ser bastante similares. Pero mientras que la concesión de los túneles no ha levantado polvareda (la empresa de infraestructuras pagó 309,6 millones de euros en el momento de la firma y los 120,4 restantes en los 25 años que dure la gestión), el concurso público de ATLL va por el camino de convertirse en una de las causas más judicializadas del país. La guerra del agua. Hay incluso quien asegura que los magistrados que decidirán sobre el proceso serán del Tribunal de Luxemburgo, según fuentes jurídicas consultadas por Economía Digital.

Tres meses después de la firma del contrato, la gestión cuelga de un hilo, la Generalitat ha quedado en evidencia y los dos ideólogos del concurso público están fuera del Govern. El ex conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder (CiU), y el director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Leonard Carcolé.

Rumores iniciales

El concurso de ATLL fue problemático desde el primer momento. El departamento de Recoder estableció las bases de la adjudicación junto a la ACA. En ese momento, se multiplicaron los rumores en el sector sobre las supuestas maniobras por parte de los ideólogos para que varias empresas concurrieran en la operación. Su objetivo era claro: evitar un fracaso como el de Canal Isabel II de Madrid, cuyo intento de privatización nunca llegó a prosperar.

Aigues de Barcelona (Agbar), la gestora de aguas con sede en Barcelona participada por Suez Environnement y La Caixa, fue una de las primeras compañías que mostró su interés por ATLL. También estudiaron la oferta FCC y Acciona, aunque su interés por pagar casi 1.000 millones para gestionar la infraestructura catalana era limitado, según aseguraban fuentes cercanas a la cúpula en ese momento. La constructora de la familia Entrecanales presentó, finalmente, una oferta. Se unió a dos empresarios catalanes, el dueño del diario Ara y vicepresidente del grupo Havas, Ferran Rodés, y a Manel Torreblanca a través de su holding de inversiones, Barceleuro. Sin embargo, la financiación corrió a cargo del banco brasileño BTG Pactual. La misma entidad que se unió a Abertis para hacerse con el control de los túneles catalanes.

Oferta técnica y económica

Al final, los Entrecanales se llevaron el gato al agua. Su oferta económica recibió una puntuación más alta que la de Agbar. Ésta era, precisamente, la parte que más peso tenía en la adjudicación.

En el apartado técnico la proposición de Ángel Simón superó de lejos a la de Acciona y es, precisamente, donde la adjudicación ha quedado en entredicho. El órgano de transparencia administrativa de la Generalitat, el OARCC, señaló en enero que la oferta ganadora no cumplía con las bases del concurso y debía ser desestimada. Una resolución ejecutiva que la Generalitat, Acciona y BTG Pactual intentaron frenar en el TSJC y que, finalmente, este marzo ha supuesto un gran varapalo para el Ejecutivo de Artur Mas.

El tribunal ha dado la razón al OARCC en tres interlocutorias que llegan en un momento muy delicado de la legislatura, cuando el President intenta contrareloj pactar los Presupuestos de 2013. Por el momento, aún están en el congelador.

Recoder vs. Mas

Mas fue uno de los más críticos con Recoder por la forma en la que se estaba gestionando la privatización de ATLL, según fuentes cercanas al President. El ex conseller, que fue asesorado por Carcolé a lo largo de todo el proceso, incluso se llegó a declarar “en rebeldía” y frenó el informe externo sobre la operación que había solicitado el alto mando de CiU. Agbar ya había convertido el concurso en casus belli.

La valoración externa nunca se llegó a solicitar. Aunque Recoder tampoco firmó el contrato con Acciona. Fue el secretario en funciones del departamento de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, quien rubricó el documento pocas horas antes de que Mas nombrara al sustituto de Recoder, Santi Vila (CiU), ex alcalde de Figueres.

Carcolé, asesor de Recoder

Recoder salió del Govern de la Generalitat y dejó su cargo como diputado en el Parlament para ir directo al bufete de abogados KPMG de Barcelona. Desde su despacho situado en plaza de Europa, cerca de la Ciutat de la Justícia, ha visto como el OARCC tumbaba la adjudicación y el TSJC respaldaba la tesis del organismo independiente capitaneado por Juan Antonio Gallo, funcionario de carrera.

Sin el apoyo sin fisuras que le ofrecía el ex alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carcolé ha aguantado unos escasos 90 días al frente de la ACA. Él ha explicado que ha aceptado una oferta de un despacho internacional cuyo nombre, sorprendentemente, no podía revelar, según se ha publicado este viernes. Aunque fuentes cercanas al ex directivo aseguran que su salida responde a las presiones que recibía desde que el OARCC hizo pública su resolución, que han ido in crescendo en los últimos tres meses. Una opinión compartida tanto desde el Ejecutivo como desde las administraciones y empresas del sector.

Gestión en el ACA

Su forma de gestionar la ACA y atajar las pérdidas millonarias de la empresa pública no han sido bien recibidas. Subió tarifas, aplazó inversiones y, en contra de la política de CiU en la Generalitat, firmó un pacto con sus trabajadores en el que se comprometía a no despedirlos en los próximos cuatro años a cambio de que el comité de empresa retirara una denuncia que había presentado porque incumplió el convenio laboral. Además, Carcolé se fue a los tribunales para denunciar la adjudicación sin concurso de la empresa que gestionaba el agua en el Área Metropolitana a Agbar. Aunque ese contrato lo firmó el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU).

La tarifa del servicio ha incrementado de media el 25% en Catalunya durante su gestión. También ha conseguido refinanciar las deudas millonarias del ACA y sanear su contabilidad. Ahora, asegura que quiere retomar su carrera como ingeniero. En su currículum aparece la trayectoria de más de 10 años en Agbar, aunque sus discrepancias con Ángel Simón son vox populi.

Igual que Recoder, asegura que verá la resolución de la guerra del agua desde el sector privado.