ATLL deja en evidencia a Artur Mas

“Despropósito”. “Lío político”. “Procedimiento poco limpio y transparente”. Estos son algunos de los calificativos que ha recibido la privatización de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) este miércoles en comisión parlamentaria por parte de la oposición. Las dudas sobre la idoneidad del proceso han quedado resueltas mientras se celebraba: el TSJC ha anulado el contrato que la Generalitat firmó con Acciona Agua. Fue una apuesta del anterior Govern con el aval del presidente, Artur Mas.

La justicia catalana ha dado un espaldarazo al órgano especial de recursos contractuales de la Generalitat, OARCC, y ha decretado que el adjudicatario final no cumple con el pliego de condiciones del concurso público. Ha sido muy claro con el Govern de Artur Mas, quien había recurrido la conclusión de la entidad independiente presidida por Juan Antonio Gallo. “La decisión del órgano especial de resolución de recursos pone fin a la vía administrativa y, por lo tanto, es la última palabra de la Administración”, afirma textualmente en dos de las interlocutorias.

Resolución ejecutiva

La sala cinco de lo contencioso-administrativo del TSJC incluso afirma que “la ejecutividad de las decisiones del órgano especial de resolución de recursos queda particularmente reforzada”. ¿La Generalitat puede mantener el contrato con Acciona si presenta recurso de alzado o casación, como estudia? Según las fuentes jurídicas consultadas por este medio, el Ejecutivo catalán está obligado a cumplir con la resolución del OARCC. Es decir, la oferta del adjudicatario ha quedado fuera de concurso. Ahora, regresan al punto de partida de la adjudicación, afirman desde el entorno del conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell.

En los tres documentos, los magistrados catalanes también aseguran que la Generalitat podrá devolver los 298 millones de euros que Acciona ya ha pagado y no deberá sumar 0,5 puntos a la desviación de los presupuestos de 2012 (el peso de esta adjudicación, valorada en 995,2 millones de euros) porque existe otra oferta. La de Aguas de Barcelona (Agbar).

Acciona se va al Tribunal Supremo

La compañía presidida por Ángel Simón es la responsable de la judicialización del concurso. Los desencuentros con el anterior responsable de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, han sido notorios. Incluso ha acudido en cuatro ocasiones al TSJC para ver la oferta de su rival. Hecho que la oposición también le ha echado en cara al actual responsable del departamento, Santi Vila, en la comisión parlamentaria.

Pero Acciona no tira la toalla. Ha comunicado al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se queda con la gestión de ATLL y que recurrirá al Tribunal Supremo. Desde el entorno de José Manuel Entrecanales, presidente de la gestora de infraestructuras, se afirma que ha actuado con todas las garantías jurídicas reclamadas en el pliego de condiciones. En consecuencia, litigará ante los tribunales que sean necesarios. De hecho, las mismas fuentes jurídicas aseguran que este concurso tiene muchos números para acabar ante el Tribunal de Luxemburgo.

Listado de obras

El elemento que, al final, ha tumbado el concurso público ha sido un listado de 36 inversiones que Territori i Sostenibilitat tachaba de indispensables en un anexo para garantizar un servicio público de calidad. Acciona modificó el calendario y el orden de ejecución de 25 de los proyectos. Este último punto es el que provoca que quede fuera del concurso, ya que el pliego de condiciones “establece precisamente el carácter obligatorio del orden y la secuencia de las obras”, señala el TSJC.

La mesa de contratación determinó en su día que esta desviación diera a la oferta de Acciona cero puntos en este apartado, aunque vencía igualmente a la propuesta de Agbar en su parte económica. La tarifa que se comprometía a aplicar era más baja y mantenía el 100% de los empleos a lo largo de los 50 años del contrato. Al dar la razón al OARCC, el TSJC decreta que la desviación se debe entender como la exclusión del concurso.

Agbar, el ‘plan B’

El plan B que señalan los magistrados catalanes es decretar a Agbar ganadora de la concesión. La pelota está en el tejado de Ángel Simón.

En su día, consiguió levantar el capital necesario para participar en esta adjudicación gracias a la participación de dos fondos (First State, de Australia, y Caisse de Dépôt, de Quebec), una alianza con varios grupos catalanes (desde Cassa a Copisa, Acsa o Calaf) y un crédito sindicato liderado por La Caixa en el que participaban Banc Sabadell, BBVA y la francesa Caisse d’Epargne.

Inversiones futuras

Independientemente del eventual cambio de titularidad, también se multiplican las críticas a Mas por la imagen que ha generado la adjudicación de ATLL y la inseguridad jurídica del proceso.

El reproche final de la oposición es que, para cuadrar el ejercicio 2012 e ingresar 298 millones de euros, la gestión del agua en alta de Catalunya (el servicio que se hace desde el lugar de captación hasta los depósitos municipales de cabecera) está, por ahora, en el aire.