La Generalitat bordea el desacato en el ‘caso ATLL’

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamado de nuevo ser el árbitro del caso ATLL. En una interlocutoria publicada el pasado cuatro de marzo, exige otra vez a la Generalitat que le entregue toda la documentación incluida en la oferta de Acciona para quedarse con la gestión de esta compañía.

Es la cuarta vez que la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal pide al departamento de Territori i Sostenibilitat que le entregue el documento. Si el Govern catalán desoye otra vez la demanda, incurriría en un delito de desacato a un tribunal, según informan fuentes judiciales a Economía Digital.

La reclamación del TSJC parte de una demanda del rival de Acciona en el concurso, Aguas de Barcelona (Agbar). La compañía encabezada por Ángel Simón decidió emprender acciones legales tras la negativa de la conselleria de mostrarle la oferta completa de la gestora de infraestructuras controlada por la familia Entrecanales. Su fin era establecer correctamente las bases legales de la impugnación que querían presentar, un procedimiento habitual en la contratación pública, según otros interlocutores judiciales.

Confidencialidad

Los magistrados de la sala reclaman, concretamente, que la conselleria encabezada por Santi Vila le tramite “por separado” el contenido íntegro de la documentación que contiene “los sobres A) Propuesta general, B) Propuesta técnica y C) Propuesta económica”. Además, quiere que el departamento señale “los aspectos declarados confidenciales de los que no lo han sido para que el Tribunal pueda garantizar la confidencialidad acordad por la administración”.

El fin de los jueces del TSJC es, precisamente, “decidir sobre dicha declaración”.

Oferta técnica

En el mismo documento judicial, los magistrados reconocen que los escritos que Territori i Sostenibilitat ha declarado confidenciales “se corresponden con una estrategia empresarial sobre operación y mantenimiento de estaciones potabilizadoras y desalinizadoras”. Forman parte de la oferta técnica, un apartado en el que la propuesta de Agbar superó la valoración recibida por su rival. Aunque en este concurso público primaba la oferta económica.

El TSJC publicó esta interlocutoria pocos días antes de resolver, en otros tres documentos, que el órgano independiente que media en los conflictos en la contratación pública, el OARCC, tenía razón en decretar que la oferta de Acciona no cumplía con el pliegue de condiciones del concurso y tenía que ser desestimada. Precisamente, por no cumplir con una de las exigencias del apartado técnico. Los magistrados estimaron que “la anulación del contrato [de gestión de ATLL] es una consecuencia natural de la resolución del OARCC”.

La Generalitat y Acciona ya han anunciado que recurrirán la decisión del tribunal catalán.