Estos son los 30 padres del referéndum procesados en Barcelona

Cuando les tocó declarar ante el Tribunal Supremo, los exconsellers ahora encausados en el juicio del procés repitieron uno tras otro que el gobierno de Carles Puigdemont no dio un solo paso para organizar el referéndum desde que, estando ya convocado, el Constitucional lo prohibió, y que si el 1-O hubo urnas, hubo papeletas, hubo votaciones y hubo censo universal fue cosa de Fuenteovejuna. En cambio, cuando llegó su turno, los investigadores de la Guardia Civil que siguieron el rastro de los preparativos se empeñaron en dejar claro que, si los consellers no movieron un dedo, tuvieron subordinados que no pararon.

Este martes, con la fase testifical de la causa en el Supremo dedicada en exclusiva al desfile de decenas de policías, el juzgado número 13 de Barcelona dictó el procesamiento de 30 investigados por haber participado en aquellos preparativos, la mayoría, integrantes del sottogoverno de Puigdemont.

El juzgado 13 fue el primero que judicializó el procés cuando a principios de 2017 empezó a investigar los planes independentistas, y ahora será quien juzgue a esa segunda línea que, mientras los líderes acusados en el Supremo lanzaban soflamas y llamamientos a la participación preocupándose de no mancharse las manos, se encargó de mover los hilos en la sombra para hacer posible el referéndum. De ahí que muchos de sus nombres hayan aparecido de forma reiterada en el juicio que arrancó hace ocho semanas en Madrid. Estos son los más significados de entre los procesados.

Los número dos de Turull y Bassa «un tal Toni»

Joaquim Nin, ex secretario general de Presidencia, procesado por malversación, desobediencia y prevaricación, era el número dos del conseller de Presidencia, Jordi Turull, de cuyo departamento dependían en última instancia los preparativos del reférendum.

De Nin dependía Antoni Molons, secretario entonces de Difusión y Atención Ciudadana (y ahora, de Comunicación), y acusado de malversación y prevaricación. También conocido en el Supremo como “un tal Toni”, que es como se refirieron a él varios testigos que le señalaron como autor de encargos a la empresa Unipost y el diseñador Enric Vidal para, respectivamente, enviar tarjetas censales y notificaciones a los designados como miembros de las mesas electorales y para imprimir y distribuir carteles promocionales de la consulta. Y también de Presidencia dependía el director general de Comunicación, Jaume Clotet, al que le imputan malversación.

Esa misma acusación es la que pesa contra Josep Ginesta, otro secretario general, este del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Es decir, era el número dos de la consellera Dolors Bassa. En los registros, se le encontró documentación referida a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, una de las supuestas estructuras de estado que se supone que se estaban preparando para poder activar la secesión.

El CTTI, en en punto de mira

Varios son los acusados relacionados con el Centro de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) , empezando por su jefe de Estrategia e Innovación, Josué Sallent, y siguiendo con David Palanques, al que se atribuye la coordinación de los trabajos para elaborar la web de voluntarios para el 1-0. Como Palanques, David Franco trabajaba en el CTTI pero dependía del área de la consellera Bassa. Ahora, los tres están acusados de malversación, como Xavier Puig, homónimo de Palanques y Franco -es decir, responsable del área de telecomunicaciones – en el departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

El director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina, también afronta cargos de desobediencia y revelación de secretos por el supuesto uso de datos del censo para confeccionar la base electoral del referéndum. El segundo de los cargos también pesa sobre Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del fichero de datos del Registro de participantes.

El que fue número dos de Raül Romeva en esa conselleria de exteriores, Aleix Villatoro, afronta cargos de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. Hay más procesados por actividades vinculadas a ese departamento. El despliegue propagandístico del procés en clave internacional también está ahora bajo la lupa de los jueces, por lo que el que fue director de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, está igualmente procesado por malversación y prevaricación, mientras que sobre Albert Royo, exdirector del Diplocat, pesan los cargos de malversación y falsedad documental.

En ambos casos, su suerte depende de que las acusaciones demuestren que hubo gastos en observadores internacionales del referéndum. Royo accedió a declarar en el Supremo como testigo pese a que su condición de investigado por el 13 le permitía negarse –como hicieron, por ejemplo, Ginesta, Palanques o Altafaj-, y admitió que pagó los gastos a un equipo de observadores, pero negó que su función fuera supervisar el 1-O. Eran analistas que elaboraban un estudio amplio sobre la situación en Cataluña, alegó. También negó que les pagara sueldos por su trabajo. Pero la jefa de una de esas misiones de visitantes internacionales admitió en el Supremo que sí cobró honorarios sufragados por el Diplocat.

Hombres de Junqueras

También hay procesados del área de Vicepresidencia y Economía, de la que estaba al frente Oriol Junqueras. Se trata del que fue director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, acusado de malversación y desobediencia, y de Natalia Garriga, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, sobre la que pesa solo la primera de las acusaciones.

De hecho, los principales encausados del área económica, Junqueras aparte, no están en la causa del 13 porque, por su condición de aforados, la decisión sobre su procesamiento se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Se trata de los antiguos números dos y tres de Junqueras, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, en cuyos despachos y domicilios se encontró abundante documentación sobre la que la fiscalía ha cimentado buena parte de la causa. Jové también declinó declarar en el Supremo. Salvadó está citado para hacerlo el 23 de abril.

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y la secretaria general de Gobernación, Meritxell Massó, son otros altos cargos de la administración catalana procesados. La segunda, acusada solo de desobediencia. La primera, de eso y también de malversación, desobediencia y falsedad documental.

La ahora presidenta y en el momento de los hechos vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, también están acusados de desobediencia por la emisión de los anuncios del referéndum en la televisión y la radio públicas catalanas.

Cinco empleados más de la administración de la Generalitat afrontar cargos de desobediencia, y directivos de las empresas Unipost, T-Systems y El Vallenc, de malversación por su supuesta colaboración en los preparativos de la consulta.

Vidal, exonerado

El juzgado 13 de Barcelona ha decidido no procesar a 15 de los investigados, entre los cuales, el ex presidente del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, e, irónicamente, el también juez Santiago Vidal, que fue con el que empezó todo, porque el juzgado abrió diligencias de investigación a raíz de unas declaraciones de Vidal en las que afirmaba que el govern ya disponía de datos fiscales de los ciudadanos catalanes obtenidos de forma ilegal para poder activar la llamada hacienda propia, una de las estructuras de estado que acabaron siendo castillos de arena.

Por cierto, Vidal i Pi-Sunyer y Vidal también declinaron testificar ante el Supremo cuando les citaron alegando estar investigados.