1-O: "un tal Toni" (Molons) y otros juegos de manos de la Generalitat

Que el gobierno de Carles Puigdemont hizo lo imposible por camuflar sus gestiones preparatorias del 1-O y por externalizar la organización y los gastos del referéndum para eludir la malversación ha ido haciéndose palmario desde que arrancó el juicio del procés. Pero probablemente en ninguna otra sesión como en la de este martes habían aflorado con tanta crudeza en la Sala de Plenos del Supremo algunos de los trucos en los que se concretó el despliegue de la estrategia del secreto a la que se entregó el ejecutivo catalán.

Verbigracia: el uso de tarjetas telefónicas de prepago adquiridas con nombre falso para efectuar encargos profesionales, algo que todos estamos acostumbrados a ver como parte del desempeño habitual de los gángsters en series y películas, pero que es mucho menos esperable en el protocolo de actuación de un secretario de la Generalitat, de ese popularizado como “un tal Toni”.

Porque en la jornada de este martes quedó claro que ese “tal Toni” que ya había salido en el juicio como autor de encargos relacionados con el 1-O a la empresa Unipost y al diseñador Enric Vidal era, como ya había dado a entender la fiscalía, el entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons.

Tarjetas de prepago

En el registro de su casa, la Guardia Civil encontró dos tarjetas de prepago que habían sido compradas por alguien que dio el nombre de Antoni Gorda, pero que facilitó un DNI que correspondía con el de Molons. Una fue la que usó para llamar a Vidal, que medió para encargar a tres empresas distintas la impresión de miles de carteles publicitarios. Y la otra fue la que facilitó al propio diseñador para que atendiera sus llamadas.

Eso afloró durante la declaración de uno de los guardias civiles que rastrearon los preparativos del 1-O, y que añadió algunas piezas al por ahora muy incompleto rompecabezas de la supuesta malversación. O, mejor dicho, el de las a menudo alambicadas maniobras desplegadas para evitarla o, en su defecto —eso está por determinar—, camuflarla.

Controles falibles

De hecho, la jornada, que fue aciaga para las defensas también por el encadenamiento de testimonios de guardias civiles que relataron situaciones tensas y protestas violentas en los registros del 19 y el 20 de septiembre de 2017, había arrancado con el testimonio del ex subsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez Rico, hombre de confianza de Cristóbal Montoro, citado, como él, para dar cuenta de la supervisión semanal a la que el ministerio de Hacienda tenía sometida a la Generalitat.

Y, como ya había hecho el exministro de Economía y Hacienda, Martínez Rico apuntó que el ministerio presentó varias denuncias cada vez que a información que debía remitir la Generalitat fue considerada incompleta (Montoro había concretado que fueron cuatro a la fiscalía y tres al Tribunal de Cuentas), y abrió la puerta a que hubiera malversación pese a los mecanismos de control desplegadons ,que no detectaron ningún gasto destinado al referéndum. “El sistema de certificación persigue hacer una identificación presupuestaria y financiera de una realidad material, pero no eso no es la realidad material”, zanjó.

Unipost intentó cobrar dos veces

Lo que vino luego por boca del agente K47019K, al que no se identificó por su nombre y cuya imagen no se difundió en la retransmisión televisiva del juicio, fue la descripción de varios subterfugios del govern destinados a jugar al despiste. El más llamativo, pero no el único, la utilización de esos números de usar y tirar por parte de Molons.

El testigo pilló a las defensas con el pie cambiado porque no esperaban que, además de por su participación en el registro del 20-S en casa del entonces número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, también declarara en condición de investigador de los planes independentistas por orden judicial, así que sembraron su testimonio de protestas, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no les compró casi ninguna.

El agente también relato que en el despacho del director general de Unipost, Pablo Raventós, se encontraron no solo los presupuestos (o facturas proforma) ya conocidos a nombre de cinco departamentos de la Generalitat por el envío de 56.000 cartas destinadas a las personas escogidas para formar parte de las mesas de votación del 1-O y de 5,34 millons de tarjetas censales, sino también el pedido oficial de la Generalitat, mediante la presencia de unas notas de entrega con el sello oficial de los cinco departamentos: Presidencia, Vicepresidenta, Economía, Salud y Trabajo. El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, uno de los procesados, había negado en su declaración que se hubiera hecho ningún encargo relacionado con el material electoral.

Unipost nunca cobró el millón de euros que sumaban esos cinco borradores de facturas por el envío de las cartas, 43.000 de las cuales fueron interceptadas en sus instalaciones por la Guardia Civil, pero el investigador reveló que hubo dos intentos de cobrar la parte asignada al departamento de Trabajo

El primero se produjo el 18 de septiembre mediante el sistema de gestión electrónica de facturación de la Generalitat, que denegó la operación por una cuestión de forma. Y el segundo, al día siguiente, el mismo en que se produjo el registro, por parte de un empleado y que fue rechazado por un funcionario del departamento. Raventós podría aclarar algún aspecto, pero, como otros testigos investigados en otras causas vinculadas al procés, se acogió a su derecho a no declarar.

El Diplocat, también

Los juegos de manos también alcanzaron al Diplocat. El agente también afirmó que de varios correos electrónicos interceptados durante la investigación se concluye que las dos misiones de analistas internacionales desplazadas a Barcelona los días previos al 1-O tenían como principal función la observación del referéndum, pese a que Albert Royo, el entonces director general del organismo, financiado en más de un 85% por la Generalitat y que es quien pagó los viajes y alojamientos de los expertos, negó la mayor en su declaración de la semana pasada.

Demasiados trucos como para no tener algo que esconder. Así que no es ni sorprendente lo que también se contó del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, que, con la comitiva judicial personada ya en la Secretaría y mientras hacía esperar en la puerta de casa a los guardias civiles que acudían a detenerlo, pidió a su secretaria de que se deshiciera de unos papeles que había encima de la mesa de su despacho. No sabía, claro, que tenía el teléfono intervenido y la conversación iba a quedar grabada.