1-O: El investigador jefe de la Guardia Civil desquicia a las defensas

Desde que a finales de 2015 recibió el primer encargo en ese sentido por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) lleva investigando los planes independentistas el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que este martes pasó por el Tribunal Supremo. No puede extrañar a nadie, pues, que se convirtiera no solo en uno de los principales testigos de cargo, abonando tanto la tesis de la malversación como la de la rebelión, sino también en la peor pesadilla de unas defensas que le encaraban como una pieza mayor a  la que desacreditar, y que no lo consiguieron. Baena llevaba la lección demasiado bien aprendida.

El teniente coronel desplegó a toda velocidad el tapiz que configuran el conjunto de investigaciones que a lo largo de tres años y medio ha ido coordinando a petición de la fiscalía, el juzgado número 13 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la AN y el Supremo. Así que, a preguntas de la fiscalía, su testimonio se convirtió en una especie de greatest hits del relato acusatorio que ya habían desfilado por el juicio del procés por boca de otros investigadores.

Así, volvieron a irrumpir en la sala las cartas de Unipost, los anuncios en TV3 del 1-O, los carteles publicitarios decomisados en varias imprentas, las facturas proforma nunca cobradas por las empresas que asumían los encargos, los pagos a los equipos de observadores internacionales del referéndum efectuados por la delegación del govern en Bruselas y por el Diplocat o los manejos en el seno de Centro de Telecomunicacions y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para habilitar y mantener la web de la consulta.  

Ni siquiera faltó el abono para la tesis de la rebelión. Baena volvió a mentar las vigilancias de los Mossos a los cuerpos de seguridad del Estado el 1-O y calificó de forma sistemática el clima vivido en Cataluña  en septiembre y octubre de 2017 como “insurreccional”. Y, para avalar esa calificación, enumeró hasta 84 actos hostiles contra la Guardia Civil y 23 contra la Policía Nacional entre el 19 de septiembre, cuando empezaron los registros para abortar los  preparativos del referéndum, y la aplicación, el 27-O, del 155.

Los papeles de Jové

El teniente coronel describió una escalada, que empezó con protestas y derivó en escraches a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y concentraciones diseñadas para dificultar el cumplimiento de diligencias judiciales, como los registros del 20-S. Una escalada que correspondía con una anotación en la agenda Moleskine confiscada al entonces número dos del vicepresident Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, que hacía referencia a la necesidad de ir subiendo de forma progresiva “el grado de conflictividad con el Estado”.

Porque, en ese tapiz que desplegó, Baena fijó como hilo conductor el contenido de esa agenda y otro documento encontrado en los registros a la casa y el despacho de Jové, el dossier titulado enfoCATs. Esos papeles, hallados en septiembre de 2017, trazaban una hoja de ruta que culminaba en la secesión y la consolidación de un nuevo estado catalán, y, según el testigo, permitieron  constatar que muchos de los movimientos que se habían ido produciendo estaban previstos y formaban parte de un plan. Es decir, los documentos no suponían el inicio de la investigación, sino, al contrario, la corroboración de las pesquisas.

Baena admitió que el correlato entre la agenda y el dossier por un lado y la realidad por otro no era exacto, por ejemplo con respecto a las fechas, cosas del choque entre la teoría y la práctica, pero apuntó que el nombramiento de Carme Forcadell como presidenta del Parlament estaba previsto, y también la división entre dos niveles operativos: el de dirección, integrado por responsables políticos y de entidades sociales y que fijaba objetivos, y el de ejecución o implementación de esas políticas, que luego recaería en el sottogoverno.

En la agenda de Jové también aparecía, explicó Baena, una idea con la que los investigadores trabajaban desde principios de 2016: la de que las estructuras de estado se financiaran de forma oculta mediante acuerdos marco que permitían a la Generalitat hacer encargos a empresas sin especificar cual era su objeto.

Pulso con las defensas

La sesión basculó entre ese making of del proceso independentista y otro, bastante más farragoso, sobre la propia investigación, sobre todo por la insistencia de la mayoría de las defensas en derivar su interrogatorio hacia un cuestionamiento de la pertinencia de la misma. Pero Baena devolvió sin titubeos todas las pelotas que le lanzaron, por envenenadas que fueran. Las primeras, las del abogado de Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que arrancó preguntándole por unas informaciones que le atribuían la titularidad de una cuenta de Twitter ya desaparecida y que difundía mensajes antiindependentistas bajo el alias de Tácito.  El testigo no se inmutó. “Eso se publicó. Ha sido desmentido en el Congreso y el Senado. No soy el propietario de esa cuenta”.

“No se enfade con el testigo”, llego a conminar el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a Van den Eynde, el que salió peor parado del pulso con el teniente coronel, que se permitió corregirle varias veces, como cuando el abogado se refirió a unas escuchas telefónicas que, según él, el testigo había pedido a la fiscalía. “Se lo pedí al juez. El fiscal no puede dar una intervención telefónica”, le replicó Baena. “¿Cómo voy a pedirle yo eso? Eso en Francía sí, aquí no”.

También se llevó lo suyo Francesc Homs cuando en su afán por cuestionar la investigación llegó a preguntarle por su “fuente de conocimiento” para saber si la Generalitat era competente para llevar a cabo una actividad o esta era susceptible de ser investigada. “El ordenamiento jurídico”, zanjó Baena, antes de una nueva interrupción de Marchena, que se hartó de advertir a los letrados de que sus intentos de convertir la sesión en un juicio a la propia investigación no conducían a ninguna parte en términos procesales. Aunque al testigo no parecía preouparle la insistencia. «No investigamos el procés, ni a la ANC y Òmniun, investigamos a personas que hacen cosas» reiteró. «Lo que no hace la Guardia Civil es interpretar lo que le ordena el fiscal».

La vía pragmática

Ante semejante frontón, los abogados de Forcadell y de los exconsellers Dolors Bassa y Joaquim Forn, más pragmáticos y mucho más breves, se limitaron a hacer que el testigo dejara claro que no encontró indicios en las comunicaciones interceptadas que incriminaran explícitamente a sus clientes. El de Forn, Javier Melero, le hizo admitir además que ninguna de las medidas previstas en la documentación incautada y que supuestamente debían conducir a la secesión tras el 1-O llegó a aplicarse. Y que en esa época «insurreccional» de la que había hablado apenas hubo detenidos.

Eso sí, si ahí Melero le pilló en un renuncio, cuando luego la letrada de Jordi Sànchez, Ana Bernaola, le insistió en ese punto, reaccionó y volvió a remitirse a la alta tensión que se vivía en Cataluña. «Por eso no se producían detenciones, porque era un polvorín» y habrían sido la chispa para que todo se desbocara. En las seis horas que estuvo declarando, Baena no dio puntada sin hilo.

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