La Guardia Civil destripa la cara oculta del ‘procés’ en el Supremo

Año y medio antes de compartir foto y conferencia, en noviembre pasado, con el disidente Ai Weiwei, Carles Puigdemont había pedido ayuda a la dictadura china para financiar esa independencia que, a decir ahora de los exconsellers acusados en la causa del procés, nunca fue el objetivo, porque de lo único que se trataba era de forzar al gobierno de Mariano Rajoy a negociar un referéndum pactado.

Esa petición de 11.000 millones, de la que ya tuvimos noticia cuando en marzo del año pasado se filtró a El Mundo el informe de la Guardia Civil que la recogía, volvió a emerger este jueves en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, donde el instituto armado, a instancias de la fiscalía, ha irrumpido esta semana cual elefante en cacharrería para tratar de revelar el envés de la trama independentista. O de abrir en canal dos de los planteamientos básicos de las defensas: que ningún plan de secesión iba en serio y que todo se circunscribió siempre a los términos del más estricto pacifismo y los rigores de una fiesta para todos los públicos.

Lo de China, para empezar, salió porque testificó el agente encargado de revisar la documentación encontrada en el registro al domicilio y el despacho del exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, cuyos correos revelan maniobras que parecen tener que ver mucho menos con un amago instrumental de independencia que con un intento real de desconectar Cataluña de España.

Si no, ¿a qué viene la preocupación que recoge la documentación incautada por la financiación del impasse entre la declaración unilateral de independencia y la activación de aquella hacienda propia que nunca estuvo lista, pese a la propaganda oficial que decía lo contrario? Si no, ¿por qué las cuentas de la lechera de Salvadó, además de los 11.000 millones chinos, incluía también 1.300 que ya captaba la Generalitat en concepto de impuestos propios, 6.000 provenientes de impuestos locales recaudados por ayuntamientos y 4.500 correspondientes a la recaudación del sector público catalán?

De 6.000 a 8.000 euros en dominios para la web del 1-O

Si el cabo de la Guardia Civil que se encargó de revisar esos papeles hizo aflorar esa parte del backstage institucional del procés que pone en cuestión aquello de que nunca el plan fue la independencia, lo que explicó el sargento primero que registró el domicio de Joan Manel Gómez Sanz, el empleado de la Generalitat que se encargó de la web del referéndum, cuestiona ese otro mantra de las defensas que dice que el 1-O fue cosa de Fuenteovejuna porque, desde que el Constitucional lo prohibió, la Generalitat no movió un dedo para que se celebrara.

A Gómez Sanz, que trabajaba para el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT), dependiente de la Generalitat y que opera en el marco del Consorcio de la Administració Oberta de Catalunya (AOC), le confiscaron tres pendrives con los listados de las mesas electorales de toda Cataluña y un manual y un listado de cuentas de correo con sus respectivas claves para los integrantes de las mismas. Los pendrives, como los ordenadores que usaba y dos de los tres móviles que llevaba encima cuando le detuvieron, eran de la Generalitat.

Al detenido, explicó el cabo, le interceptaron conversaciones telefónicas y mensajes de texto que acreditan que las semanas previas al 1-O se dedicaba en exclusiva al mantenimiento de la web del referéndum. En esas comunicaciones revelaba que ya llevaban gastados entre 6.000 y 8.000 euros en comprar dominios para poder replicar la página en caso de que se cerrara por orden judicial, y pedía a un colaborador que variara un poco y no los comprara todos dando el mismo nombre falso, que se iba a notar.

De dónde salió ese dinero sigue siendo una incógnita. Lo que sí se sabe es que Gómez Sanz mantenía al tanto de sus quehaceres tanto a los directores generales del CESICAT y la AOC, Xavier Gatius y Manel Sanromà, como al director de estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información  de la Generalitat (CTTI), Josué Sallent. Los consellers no estarían moviendo un dedo, pero tenían subordinados que no paraban.

Tensión y «caras de odio»

La decena de mandos y agentes con la que la fiscalía prosiguió este jueves con el desfile de guardias civiles por el Supremo no se limitaron a hablar de papeles, emails y llamadas de teléfono. También abundaron en las situaciones repletas de tensión, violencia y “caras de odio” —una expresión que devino en recurrente a lo largo del día— con las que se encontraron no solo en los distintos registros efectuados el 20 de septiembre, sino también el 1-O, porque varios de los testigos de la jornada, además de en otras diligencias, participaron también en el despliegue para impedir el referéndum.

Hablaron de la vigilancia a la que les sometieron y la falta de auxilio que les prestaron los Mossos d’Esquadra; de los insultos, escupitajos, amenazas y puntuales agresiones que recibieron, y de los obstáculos que les  pusieron para ejecutar su misión, un menú que empezaba con bloqueos en las carreteras con camiones y tractores, culminaba con cadenas humanas a las puertas y sentadas ya dentro de los centros de votación y podía incluir incluso maniobras de distracción como concentrarse e incluso enfrentarse a los agentes en un punto para simular que la votación se estaba produciendo allí cuando en realidad se celebraba en otra parte, como contó una cabo que pasó en el pequeño municipio de Sant Martí Sesgueioles.

«Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo», contó un agente

“Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo”, contó un agente. Otro, que dijo haber pedido un cambio de destino, fue uno de los que denunció, sin éxito, a los profesores del instituto de su hijo porque según él le hicieron participar en una protesta contra la violencia policial del 1-O. “Cuando ha habado de violencia inusitada y muestras de odio y de desprecio, se refería también golpes con sus defensas en la cabeza y la cara de ciudadanos con las manos levantadas gritando ‘som gent de pau’?”, le espetó el abogado Jordi Pina a uno de los testigos. Pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, lo cortó en seco: «Sabe muy bien que no se refiere a eso».

Las defensas llevan días tratando de desactivar el asalto de los guardias civiles al relato de la resistencia pacífica. De ahi que sigan insistiendo en la necesidad de confrontar a los testigos con los vídeos del 1-O. Pero topan con Marchena, que repite lo mismo a cada intento: los interrogatorios a los testigos no son careos y las imágenes se verán cuando toque, que el tribunal entiende que será cuando se exhiban las pruebas documentales.

Queda mucho para eso. Tanto como más de 400 testigos. Hasta entonces, es más que probable que en el Supremo siga evidenciándose, como hasta ahora, la incompatibilidad entre las miradas de los que el 1-O blindaban los centros de votación y las de los que tenían encomendado confiscar el material electoral. Pero también que a la vez siga aflorando el sangrante contraste entre las apariencias y aquello que fluye por debajo, el envés de ese teatro de sombras chinas en el que se ha instalado la política catalana, y que abarca maniobras tan peculiares como esos extraños regates de Quim Torra a la junta electoral. O como pedir ayuda al régimen chino en secreto y, casi sin solución de continuidad, exhibir complicidades en público con el más significado de sus disidentes.