Todos los frentes abiertos de Iglesias: del 'caso Dina' a la 'caja B'

«Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, sino por lo que somos». La frase pertenece al discurso de Pablo Iglesias en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de enero, cuando el líder de Podemos preveía que la legislatura del primer Gobierno de coalición de la Democracia estaría llena de obstáculos políticos, especialmente por la llegada de los morados a La Moncloa. No imaginaba, empero, la tormenta judicial que le caería unos meses después.

No es solo que el Ejecutivo del que es vicepresidente segundo afronta un aluvión de demandas y reclamaciones millonarias por la gestión de la pandemia del coronavirus, sino que su propio pasado a nivel personal y de partido le persigue y se vuelve en su contra. La imputación de Podemos y cuatro de sus cargos en una nueva investigación sobre la financiación de varias campañas electorales es el más reciente episodio de una cronología judicial que cerca a Iglesias.

Es cierto que, como el mismo Iglesias afirmó en una entrevista a finales de julio, a Podemos le han investigado «desde que nacimos» y que la formación no tiene aún condena a su haber. El vicepresidente entiende, además, que las investigaciones son elementos de «salud democrática», por lo que también es cierto que su pertenencia al Gobierno y las múltiples tensiones internas del partido dotan de todavía más relevancia a todos los frentes judiciales abiertos de Podemos.

La reacción de los morados sigue centrándose en echar balones fuera, culpando de todas estas investigaciones a la «cloaca mediática» y a movimientos de presión para sacarles del Gobierno. Ya tras los avances más recientes del caso Dina, Iglesias y su entorno se dedicaron a cuestionar a la prensa por informar de los mismos. Y en el caso de la financiación, además de rebajar la investigación judicial a «difamación mediática», Pablo Echenique ha cargado contra el juez que imputó a sus compañeros.

Al margen del resultado de las investigaciones, una cosa está clara: los servicios legales del partido de Iglesias —que también han tenido su cota de polémica y sus propios problemas judiciales— tienen una carga laboral altísima, toda vez que los líos judiciales de Podemos, en los últimos meses, lejos de desvanecerse, se han convertido en multitud. El siguiente es un resumen de los frentes judiciales que la formación tiene ahora mismo abiertos.

La presunta ‘caja B’

El caso más reciente es quizá uno de los más alucinantes en el historial judicial de Podemos, al sospechar un juez que el partido ha tenido una financiación cuestionable en procesos electorales. Hay quien no olvida la reacción de Iglesias a la investigación de la presunta ‘caja B’ del PP, y sus críticas al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por supuestamente desconocer su existencia. «Solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido», dijo, en 2014.

Ahora, se vuelve a hablar de la ‘caja B’, pero de Podemos. La formación ha sido imputada, al igual que cuatro de sus cargos, en una causa para analizar la financiación de varias campañas electorales. El caso nace tras la denuncia del exabogado del partido, José Manuel Calvente, que tras ser despedido entre acusaciones de acoso sexual acusó a la cúpula morada de haber incurrido en delitos como financiación ilegal o incluso blanqueo en sus cuentas de los últimos años.

En su primera declaración ante el magistrado Juan José Escalonilla, Calvente habló de sobresueldos y «cobros bajo mano», por lo que el juez ha requerido documentación al partido. Uno de los imputados es Juan Manuel del Olmo, secretario de comunicación de Podemos y mano derecha de Iglesias en el Gobierno, donde se desempeña como director de estrategia y comunicación de la vicepresidencia segunda. También tendrá que declarar la gerente de la formación, Rocío Esther Val, así como el tesorero y una trabajadora.

Podemos ha trasladado a los medios de comunicación que estas personas son «víctimas de una investigación prospectiva por parte del juez» y vaticina que «la causa quedará en nada». Los morados también han solicitado la nulidad de actuaciones ante la supuesta desaparición de dos tercios de la declaración de Calvente, que es el único testimonio en el que descansan las diligencias practicadas por el magistrado del juzgado de instrucción número 42 de Madrid.

‘Caso Dina’

El giro que ha tomado el caso Dina, una pieza que pertenece al caso Villarejo, ha tomado por sorpresa a las filas moradas, y aún es motivo de confusión para gran parte de la opinión pública. Corría el mes de marzo de 2019 cuando el juez Manuel García-Castellón abrió la investigación sobre la presunta extracción de datos del móvil de Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias en Bruselas y actual directora del medio afín a Podemos, La Última Hora. Un mes antes de las elecciones del 28-A, el instructor les llamó a los dos a declarar, en condición de supuestas víctimas.

En un inicio, la investigación intentaba aclarar si el comisario Villajero había cometido un delito al filtrar la información del móvil a los medios y si participó en el robo del mismo. Esto fue aprovechado por Podemos de cara a las elecciones de abril y noviembre de 2019, en una campaña en la que cargó contra las «cloacas» y dio por buena la teoría de que fue la «policía patriótica» la que sustrajo el teléfono para maniobrar contra Podemos. No obstante, en mayo de 2020 la causa dio un giro imprevisible.

Bousselham, en una declaración ante el juez, lanzó una versión de los hechos que no se correspondía con la brindada en los meses anteriores. Admitió que hizo capturas de pantalla de los chats publicados y que los había reenviado a terceros, desinflándose así la certidumbre de que el único nexo entre los periodistas y esas informaciones era Villarejo. Además, trascendió que la tarjeta SIM que Iglesias presuntamente devolvió a Bousselham tras recibirla de un periodista estaba dañada.

El juez dejó de considerar a Iglesias parte afectada del caso y se enfocó en descubrir quién, cuándo y cómo dañó la tarjeta SIM del móvil de Bousselham, que el vicepresidente segundo del Gobierno después reconoció en una entrevista que se guardó durante seis meses antes de entregársela a su exasesora. Más recientemente, el juez ha llamado a declarar como testigo de la pieza Dina a Calvente, el mismo abogado que denunció la presunta ‘caja B’ de Podemos y que fue cesado de la formación en diciembre pasado.

En una entrevista reciente, Calvente dijo que su calvario en Podemos empezó en febrero de 2019, cuando se negó a participar en «la patraña del caso Dina«, y asegura que en aquel entonces advirtió a sus compañeros que «se convertiría en el caso Iglesias«. El abogado ha acusado al partido de hacer un «montaje» en esta causa para sacar rédito electoral, presentándose como víctima de las «cloacas» en el marco de una investigación que ha amenazado ya con volverse en contra de Iglesias.

Tribunal de Cuentas y Antiblanqueo

Por si fuera poco, en las últimas semanas también se han denunciado irregularidades de Podemos desde el Tribunal de Cuentas y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Este último organismo remitió en mayo pasado un informe a la Policía Nacional y la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y Neurona Consulting, empresa con cercanía al universo chavista con la que el partido morado contrató durante la campaña electoral del 28-A.

Una información que sucedía un informe del 28 de julio del Tribunal de Cuentas, que señalaba que había posibles irregularidades en la constitución de Neurona en España y que los 363.000 euros que Podemos pagó a la empresa no estaban justificados de forma correcta como gastos electorales. Es una de las deficiencias contables de Podemos que descubrió recientemente el Tribunal de Cuentas, alcanzando hasta medio millón de euros en supuestas subvenciones indebidas.

Y es que al Tribunal de Cuentas le parecieron insuficientes las explicaciones brindadas por Podemos al tratar este asunto, especialmente al respecto de los servicios prestados por Neurona y la justificación de sus facturas. Asimismo, el informe de Antiblanqueo explica que casi todo el dinero pagado acabó poco tiempo después en una cuenta mexicana. La empresa está siendo investigada por desvío de fondos públicos en Bolivia y aparece en los Papeles de Panamá.

Conflicto vecinal

Iglesias tampoco escapa de los problemas de vecindario. Una veintena de vecinos de Galapagar, donde él e Irene Montero residen, presentaron la semana pasada una querella contra el vicepresidente segundo por el «acoso total» ejercido contra ellos por las fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir que se manifestasen frente a su casa, como han hecho desde hace semanas para denunciar la gestión de la pandemia. Los vecinos dicen que Iglesias ha dado «instrucciones» para acallar sus protestas.

Por ello, le acusan de un delito cometido por un funcionario público contra los derechos individuales, coacciones y denuncia falsa.