El Gobierno acumula veinte denuncias en el Supremo por su gestión
El Tribunal Supremo ha recibido una veintena de querellas contra Pedro Sánchez y sus ministros por la gestión de la pandemia del coronavirus
El Gobierno ya acumula en el Tribunal Supremo una veintena de denuncias y querellas por su gestión de la pandemia. Sus actos o su falta de actuación han sido en numerosas ocasiones cuestionados. Permitir las manifestaciones del 8M, la falta de previsión, la carencia de protección individual y para los sanitarios, la falta de transparencia, la adquisición de test y de mascarillas defectuosas o incluso el desalojo de templos de culto han sido motivos para que miles de familias, partidos políticos y organizaciones vayan a reclamar a los juzgados.
Tanto el presidente del Ejecutvo, Pedro Sánchez, como sus ministros de Sanidad, Salvador Illa, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, han sido acusados por diversos aspectos; incluso anteriores a la declaración del estado de alarma.
Una de las primeras acciones penales se interpuso por las concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo —entre ellas la manifestación del 8 de marzo—. El documento se presentó el pasado 26 de marzo por parte del el abogado Víctor Valladares directamente contra Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa, al haber desoído las advertencias de riesgo de contagio.
Responsabilizan al Ejecutivo por las muertes
De hecho, una juez de Madrid ya investiga al delegado del Gobierno José Manuel Franco por si hubiera recibido las alertas sanitarias y las hubiera obviado en esas ocasiones. Otras querellas se enfocan en la supuesta responsabilidad del Gobierno por las múltiples muertes.
La Sala de lo Penal ha recibido querellas de once abogados que (en nombre de más de 3.000 familias) que acusan a Sánchez y a todos sus ministros de haber cometido un “número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”.
Todavía se estudia si se responsabiliza también al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
Por otro lado, el partido político Vox ha acudido al Supremo para querellarse contra el Gobierno por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.
Los ministros de Sanidad y del Interior designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal. La mayoría son interpuestas por colectivos de sanitarios y de policías por la falta de material de protección individual, pero también se han dirigido contra ellos plataformas de afectados que rechazan sus gestiones.
Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19 “por la mala gestión» y falta de transparencia en la crisis sanitaria tras publicarse en medios la adquisición de test defectuosos. Unos días después, la plataforma decidió dirigirse también contra el ministro del Interior.
Presunto delito de prevaricación por interrupción de culto
A esta se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que se ha querellado contra Salvador Illa después de que tuviera que ordenar a finales de abril la retirada inmediata de mascarillas del tipo FFP2, que fueron distribuidas en centros hospitalarios, al resultar ser defectuosas.
Abogados Cristianos también ha llevado al Supremo al ministro del Interior por un presunto delito de prevaricación, uno de prohibición de culto y otro de interrupción de culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.
Otras van dirigidas a las decisiones del Gobierno en el proceso de desescalada. El abogado Luis Vericat, por ejemplo, ha denunciado a Illa por presunto un delito de prevaricación administrativa por no pasar a toda la Comunidad Valenciana a la denominada fase 1 de la desescalada.
La asociación El Defensor del Paciente también se ha presentado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis.
Hasta el momento, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva estas denuncias y querellas o si impone fianzas a quienes quieren ejercer como acusación popular. Cabe recordar que desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, los juzgados y tribunales solo realizan servicios esenciales y urgentes, tal y como declaró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que su funcionamiento está algo paralizado.
