El BPA responde a EEUU que no blanqueó dinero ilícito
El banco andorrano pide al Tesoro que retire la acusación que lo vincula con el crimen organizado
La Banca Privada d’Andorra (BPA) niega rotundamente haber favorecido el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. En una carta enviada el viernes al FinCem, la unidad antifraude del Tesoro norteamericano, los máximos accionistas de la entidad, Ramon e Higini Cierco, reclaman la retirada de una nota emitida el pasado 6 de marzo donde se formulaba la acusación.
La misiva, dirigida a Jennifer Shashy, directora del FinCem, recoge una serie de argumentos que pivotan sobre una sentencia emitida el 27 de agosto por un juez de Columbia (EEUU contra el FinCem y a favor del banco tanzano FBME Bank. Los Cierco alegan que los motivos que llevaron a señalar la entidad de Tanzania eran «más graves» para la «seguridad nacional» que los que pesan sobre BPA, informa El País.
La entidad africana se enfrentaba a acusaciones de complicidad con la guerrilla chií Hezbolá. En el caso del banco andorrano, las acusaciones se centran en favorecer el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, las mafias rusa y china y el cártel mexicano de Sinaloa.
Culpa al gobierno
El abogado del operador del principado sostiene que los accionistas mayoritarios han proporcionado toda la información a los reguladores andorranos. Es culpa del gobierno pirenaico, continúa el letrado, si no «informó debidamente» de esta circunstancia o evitó acometer las medidas que se precisaban.
Desarrollando el argumento, el letrado considera que Andorra trató de «desviar la atención» con la intervención de BPA. En este sentido, sigue la misiva, el gobierno andorrano ha creado un «banco puente» que luego será vendido, aunque su valor sea ya negativo. Para evitarlo, BPA pide la intercesión del FinCem para evitar la venta del banco, una operación que supondría «pérdidas para miles de inocentes depositores» y destrucción de puestos de trabajo.
Los accionistas de la entidad andorrana recuerdan a la agencia antifraude que han encargado una auditoría a PricewaterhouseCoopers para detectar los activos procedentes del crimen organizado. Tras 100.000 horas de trabajo, añaden, los consultores no han encontrado indicios de dinero procedente de actividades ilícitas.
