Los Cierco reclamarán 600 millones a Andorra por la expropiación de BPA
La familia presentará una demanda de daños y perjuicios tras la expropiación del banco que ordenó el Gobierno de Antoni Martí; la investigación de EEUU por blanqueo acabó en fiasco
Los hermanos Ramon e Higini Cierco, dueños del 75% de Banca Privada de Andorra (BPA), ultiman la demanda por daños y perjuicios contra el gobierno que preside Antoni Martí. El importe, de ser aceptado en sede judicial, equivale al capítulo de ingresos públicos que recoge el presupuesto del país pirenaico. La familia propietaria reclamará un mínimo de 600 millones de euros, según ha podido saber Economía Digital.
La cifra surge de la valoración previa de los activos a la intervención que ordenó el jefe del Ejecutivo andorrano, tras ser advertido por Estados Unidos de que investigaría al grupo por presuntas operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las pesquisas quedaron en nada. La tasación incluye el negocio español, encarnado en Banco Madrid. Los Cierco entienden que el cierre de la franquicia es una consecuencia directa de la decisión del Principado.
La familia Cierco procederá la próxima semana a presentar la reclamación de responsabilidad administrativa. Consideran que las instituciones públicas dañaron con su actuación y en ese importe el valor del banco. Aunque la cuantía a reclamar está en proceso de valoración final, puesta en contexto superaría los ingresos del presupuesto del propio Ejecutivo (670 millones) y multiplica por 20 la dotación de 30 millones con la que nació el FROB andorrano (AREB).
Acciones contra varias instituciones
La reclamación patrimonial no excluye posibles acciones administrativas y judiciales por las eventuales «conductas dolosas» o «gravemente negligentes» que puedan constatarse en las actuaciones de los órganos de administración y la alta dirección del regulador (INAF) y el AREB. Precisamente, el último movimiento de ambos órganos ha sido la creación de un banco al que se transferirá el balance «licito» de BPA. Su denominación es Vall Banc, según recoge el boletín oficial publicado este miércoles.
«Con la constitución de esta entidad puente se confirma la expoliación sin justificar de los activos de BPA» por parte de AREB, explican los portavoces de la familia. Estos acuerdos producen a su juicio un daño directo a los accionistas de BPA, «que se ven despojados de sus bienes y derechos sin que el AREB se plantee en ningún momento la necesidad de justa indemnización», finalizan. De ganar el caso, los Cierco se embolsarán directamente un mínimo de 450 millones. El resto se repartirá entre los socios minoritarios.
