La oposición impone una comisión parlamentaria para investigar BPA
El partido del Gobierno termina votando con los liberales después de quedarse prácticamente solo en la Cámara andorrana
La oposición andorrana se ha unido en su práctica mayoría para activar una comisión de investigación parlamentaria que intentará esclarecer las responsabilidades derivadas de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA). Las conclusiones servirán para establecer futuras medidas que eviten situaciones similares.
El grupo promotor, el Partido Liberal de Andorra, logró todas las adhesiones menos las de Socialdemocracia y Progreso (en el grupo mixto). La formación alega que «es un simulacro» y que, por tanto, «no participará».
La partido que respalda al Gobierno (Demócratas por Andorra) se añadió en el tiempo de descuento para no quedar en solitario ante el bloque opositor, informan los medios locales. El resultado final fue de 26 votos a favor sobre 28.
Preservar el nombre de Andorra
El objetivo de los impulsores es «preservar» el «buen nombre» de la plaza financiera andorrana «sometiéndola a vigilancia». Los trabajos parlamentarios arrancarán la próxima semana y se extenderán en varias sesiones, que serán a puerta cerrada.
La presidirán los liberales y se espera que comparezcan los responsables de los organismos financieros que han participado, de algún modo u otro, en la intervención del banco de la familia Cierco.
BPA llega al Parlamento
La sesión de control de este jueves incluirá un debate prácticamente monográfico sobre el caso BPA. Por ahora, el Gobierno traslada a finales de mayo o principios de junio el momento en el que el FROB andorrano (AREB) presente sus conclusiones.
Ante las informaciones que avanzó Economía Digital este miércoles, el portavoz del Gobierno, Jordi Cinca, aseguró que «la gravedad del caso no tiene que ver con la cantidad, sino con el hecho» de que el banco no hubiera, supuestamente, garantizado los controles anti blanqueo.
El también ministro de Finanzas contestó a los periodistas andorranos «no haber leído» el informe de PwC, por tanto rehúso confirmar o desmentir los datos publicados por este medio. Las fuentes consultadas remarcan que el volumen de activos dudosos se situaría en una franja de 200 a 220 millones.
Cinca sí expuso estar convencido de que «la inmensa mayoría de los activos y pasivos gestionados por BPA son legítimos y, por tanto, transferibles con garantías a cualquier otra entidad que los quiera administrar».
