Los accionistas mayoritarios del BPA demandan al FROB andorrano

La crisis del BPA necesita responsables. Y los accionistas mayoritarios de la entidad financiera han empezado a buscarlos. En los próximos días, los juzgados andorranos recibirán una demanda de los propietarios del banco en contra del AREB (un organismo similar al FROB español) por haber dictado la resolución de la compañía. Los accionistas consideran que el banco es aún viable frente a la liquidación.

La demanda intenta frenar la resolución del AREB y se sustenta en el hecho que se han aplicado algunos de los artículos de la recientemente aprobada Ley de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias que podrían ser inconstitucionales. En este sentido, los accionistas consideran que se agrede «la presunción de inocencia» y se aplica retroactividad de forma contraria a lo que establece la Carta Magna.

Los accionistas, indefensos

También apuntan que han estado indefensos durante gran parte de la crisis bancaria. Señalan que el AREB abrió el proceso de resolución de BPA a partir de informes a los que no han tenido acceso. Además, esta situación vulnera manifiestamente el código de la administración andorrana, que obliga a dar traslado a los afectados (y los accionistas lo serían) de la documentación en virtud de la cual la autoridad competente toma una decisión.

Esta demanda presentada se suma a la primera interpuesta por los accionistas mayoritarios de BPA contra el INAF por la destitución del Consejo de Administración sin pruebas, admitida a trámite por el juzgado (Batllia) de primera instancia andorrano.

El banco tiene salvación

Los hermanos Cierco, así como el resto de accionistas mayoritarios, mantienen que la reestructuración representa un proceso menos agresivo, tanto para los trabajadores del banco como para los clientes, que la liquidación. «Hoy en día, la entidad BPA no es ni mucho menos inviable», aseguran en la demanda.

Asimismo, recuerdan que «el FinCEN no ha resuelto el expediente incoado» y que, de todo lo actuado hasta ahora, no se ha detectado que Banca Privada d’Andorra haya cometido ninguna ilegalidad. Además apuntan que las cuestiones invocadas por el FinCEN ya estaban detectadas y judicializadas con la plena colaboración de la entidad bancaria.

Los máximos accionistas del banco andorrano creen que es potencialmente viable teniendo en cuenta que, un primer análisis de la estructura de balance (con fecha 28 de febrero de 2015, pocos días antes de la intervención dpor parte del INAF), pone en evidencia que los activos con disponibilidad inmediata, con un grado de liquidez elevado y las inversiones crediticias (por un valor de 1.497 millones de euros) son prácticamente equivalentes a los pasivos exigibles (1.508 millones, de los cuales solo 655 millones son exigibles a la vista).