Torra y su retórica de la desobediencia se estrellan contra los Mossos
La retirada de la pancarta pro presos es el enésimo cortocircuito entre la retórica del president y la policía catalana, el tercero en una semana
Quim Torra sube el volumen, lo ha vuelto a hacer esta semana, pero a la hora de la verdad, toma muchas precauciones con los platos que rompe. O no se atreve o en su apuesta por la desobediencia está demasiado solo.
Este viernes, volvió a quedar claro que los Mossos d’Esquadra no secundan sus soflamas y que Torra y su retórica de la desobediencia, ahora también institucional, se estrellan contra la policía catalana. Lo evidencia la retirada, por orden de los Mossos, de la pancarta que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat en favor de los dirigentes independentistas presos, y que Torra se negaba a quitar pese a que así se lo había exigido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La inflamada disposición al choque con el Estado en la que está instalado el president se cortocircuitaba así por tercera vez en una semana. Y, precisamente, en el peor momento, cuando el Govern y la mayoría independentista del Parlament han decidido elevar el tono. Por un lado, y eso ya estaba previsto, por la proximidad de la sentencia de la causa del procés. Y, por otro, y de forma sobrevenida, como reacción a las detenciones de nueve miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales han ingresado en prisión sin fianza acusados de delitos de terrorismo.
La vehemente resistencia de Torra a mantener el lema “Libertad presos políticos y exiliados” y un gran lazo amarillo decorando el balcón de la Generalitat apenas se prolongó media hora más allá del requerimiento enviado por la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC al comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, para que diera instrucciones “a las fuerzas a su mando” de retirar la pancarta.
Semana de cortocircuitos para Torra
Este viernes, además, se cumplía una semana de la controvertida sesión de trabajo con la prensa en la que los Mossos d’Esquadra informaron de las herramientas de que disponían en caso de que la temperatura subiera más de la cuenta en las protestas ciudadanas que los partidos independentistas jalean desde el Parlament y la Generalitat con continuas llamadas a la desobediencia civil como respuesta a la sentencia. Herramientas entre las cuales se sopesaba recurrir al gas pimienta.
La advertencia de la policía catalana, cortocircuito puro y duro, desencadenó una nueva oleada, y van, de protestas desde numerosos sectores independentistas contra el conseller de Interior, Miquel Buch. Para cerrar la crisis, el govern optaba 72 horas después por sacrificar a la jefa de comunicación del departamento, Joana Vallès, y sustituirla por el exdirector de comunicación y prensa de los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, Joan Maria Piqué, que hasta el momento de su nombramiento estaba ejerciendo como coordinador de comunicación internacional de la Generalitat.
Ese mismo lunes en que Torra sacrificaba a Vallès, la operación Judas sublevaba al soberanismo, y vertebraba un cierre de filas que culminaría el jueves en una jornada de alta tensión en el Parlament. La paradoja es que David Budría y Eduard Garzón, dos de los nueve miembros de los CDR detenidos, y cuya inocencia el govern y la cámara catalana han dado por segura como un mero automatismo, forman parte también del grupo de activistas investigados por intentar boicotear, a la salida de Lledoners, el traslado de los presos independentistas a Madrid para asistir a su juicio en el Supremo. Y que, por esos hechos, la Generalitat se ha personado como acusación en la causa que se sigue contra ellos, ahora en fase de instrucción.
El gobierno catalán ha alegado que está obligado a hacerlo al haber tres agentes de los Mossos heridos en los incidentes, pero niega haber solicitado penas de prisión contra ellos, aunque, según publicó el digital El Món, les imputa delitos de robo con fuerza, lesiones, riesgo para la circulación, atentado a la autoridad y desórdenes públicos.
Los Mossos, en el ojo del huracán
Esos cortocircuitos entre la retórica y la gestión pública del govern vienen de lejos, y casi siempre tienen que ver con la policía catalana, a la que el 1-O colocó en el ojo de un huracán que se llevó por delante al mayor Josep Lluís Trapero, ahora encausado por la Audiencia Nacional y enfrentándose a peticiones de penas de hasta 11 años de cárcel, lo que también constituye una invitación a la extrema prudencia a los actuales responsables de los Mossos. De modo que pocas cosas incomodan más a la policía de la Generalitat que los continuos guiños del president a la desobediencia y a esos CDR entre los que se jacta de tener a familiares y a los que en el primer aniversario del referéndum jaleó al grito de “apretáis y hacéis bien en apretar”.
Esa misma noche, a Torra le abuchearon a las puertas del Parlament, y después, un grupo de exaltados intentó asaltar la sede de la cámara catalana. No lo consiguió, claro, pero sí hacer recular a los Mossos allí apostados, que acabaron encerrándose en el edificio para evitar recurrir a las cargas en primera instancia. Después, las hubo igualmente. Y más de 40 heridos leves, la mayoría, agentes de la policía catalana.
Y ya entonces, el calentón de los sectores más radicales del independentismo con Torra, y muy especialmente con el conseller Buch, venía de unos días antes. Primero, por el desalojo de una acampada instalada en la plaza Sant Jaume de Barcelona, y después, por las cargas de los mossos contra un grupo de CDR que durante una protesta en el centro de la capital catalana, pretendían llegar hasta la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la Via Laietana.
Simulacros de desobediencia
Así las cosas, Torra acaba conformándose con escenificar simulacros de desobediencia que operan a la manera en que lo haría un placebo. La última, esa pancarta que acabó colgando en sustitución de la retirada y que, a falta de lazo, simplemente reza “Libertad de expresión y opinión” y recuerda que ese es un derecho recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es la misma pancarta que ya colgó en marzo cuando, tras unos días de pulso que le pueden costar a Torra hasta 20 meses de inhabilitación, la Junta Electoral Central (JEC) le torció el brazo finalmente y le obligó a descolgar la de los presos. Eso sí, Mossos mediante, como ahora el TSJC. La del placebo, la JEC sí que la autorizó. Desplegarla, ahora como entonces, ya no supone ningún desafío. Tan solo un intento de disimular el cortocircuito.
