Quim Torra sale en defensa de los CDR investigados por terrorismo

La operación de la Guardia Civil contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se imputan acusaciones de terrorismo ha impregnado este miércoles el arranque del debate de política general del Parlament de Cataluña. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arrancado su discurso denunciando como «arbitrarias» las detenciones y ha insistido en enmarcar la operación judicial en una maniobra de criminalización del independentismo.

Al margen de cualquier indicio, las detenciones ya han sido incorporadas sí o sí en el imaginario soberanista como una nueva prueba de esa represión que partidos y entidades independentistas insisten en que se cierne sobre Cataluña, así que Torra abundó en el tema. «Es intolerable que otra vez se quiera criminalizar al movimiento independentismo acusándolo no ya de rebelión, sino de terrorismo», protestó. «Estamos hartos de que se entre en las casas de los catalanes de madrugada».

Torra pudo arrancar así al ataque, a falta de concreciones sobre sus políticas o sobre la respuesta a la inminente sentencia del Supremo en la causa del procés. «No permitiré que se asocie independentismo y terrorismo», zanjó. 

El president también acusó al conjunto del Estado de no respetar la separación de poderes, 24 horas después de haber pedido explicaciones por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una operación ordenada por un juez. «Hemos asistido a la muerte política de Montesquieu», espetó, para después reprochar a los partidos no independentistas tanto los ataques frontales dando por buenas las acusaciones contra los detenidos como el silencio de los comunes y Podemos. «Qué lástima el silencio clamoroso en el Estado español de sus partidos políticos», dijo.

En la misma línea enmarcó su juicio por desobediencia, inicialmente previsto para este mismo miércoles, por lo que, sin nombrarlo, atribuyó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien le juzga, la intención de impedir que asistiera al debate, pese a que el president no está obligado a asistir a la vista oral. Y también atribuyó intenciones políticas al retraso de la vista, finalmente desplazada hasta el 18 de noviembre, una semana después de las elecciones generales. «Qué casualidad», observó.