Puigdemont ocultó corrupción masiva en la obra púbica
El Govern realizó una auditoría interna que revela la existencia de graves irregularidades en las adjudicaciones públicas durante la etapa de Artur Mas
La Guardia Civil descubrió el 2 de febrero de 2017 en un despacho de Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de centralizar la adjudicación de las grandes obras públicas, un informe interno elaborado por el Govern de Carles Puigdemont que admitía la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Artur Mas.
Además, el documento ratificaba punto por punto las sospechas sobre la presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mediante comisiones irregulares de constructores que luego eran recompensados con encargos millonarios, según publica El Confidencial.
El informe fue terminado el 25 de octubre de 2016, en plena recta final del ‘procés’. Sin embargo, el gobierno independentista lo ocultó hasta que la Guardia Civil lo encontró en la operación Pika, una de las últimas fases de la investigación contra el 3% que instruye en estos momento el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.
La auditoría se centró en una muestra de 30 procedimientos de contratación tramitados por Infraestructures entre 2011 y 2015
El documento estaba en la mesa de Pilar Matesanz, directora del Área de Contratación y Financiación de Infraestructures.cat. Fue elaborado por una comisión en la que participaron tres representantes del ente de la obra pública y altos cargos de las consejerías de Presidencia, Territorio y Sostenibilidad (encabezada por Josep Rull); Educación; Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y Asuntos y Relaciones Institucionales y Transparencia.
La auditoría se centró en una muestra de 30 procedimientos de contratación tramitados por Infraestructures entre 2011 y 2015 que fueron escogidos de forma aleatoria. Advertía de que los expedientes estaban fraccionados en el sistema interno de gestión, «planteando dudas sobre la integridad de la información recibida» por los encargados de la auditoría.
De hecho, personal del ente de la obra pública catalana facilitó posteriormente trámites relacionados con las adjudicaciones que se encontraban fuera de los expedientes correspondientes.
Manipualción de los concursos
El informe también se detuvo en los procesos de valoración de las ofertas económicas y técnicas, el punto sobre el que pivotaban los amaños durante la etapa de Artur Mas.
Los investigadores sostienen que Infraestructures.cat primó intencionadamente en las licitaciones de obra y servicios de ingeniería la parte técnica de las ofertas, cuya valoración depende de una evaluación puramente subjetiva, concediéndole a ese apartado hasta el 70% de la puntuación total del concurso, frente al 30% del apartado económico.
Así, una manipulación de la valoración de la parte técnica era suficiente para condicionar el resultado del concurso. El sistema permitía incluso que una oferta muy cara terminara siendo la vencedora.
Los expertos de la Guardia Civil sostienen que ese método habría sido utilizado masivamente por los gobiernos de Mas para amañar contratos a cambio de comisiones ilegales al actual PDeCAT y también de pagos directos a los principales implicados en la trama.
Las autoridades investigan medio centenar de adjudicaciones que habrían costado a las arcas públicas más de 200 millones de euros
Las pesquisas se centran por ahora en medio centenar de adjudicaciones que habrían costado a las arcas públicas más de 200 millones de euros, pero las cifras son provisionales. El informe también reconocía que se utilizaban argumentos vagos para argumentar por qué la oferta técnica de una empresa obtenía más puntos que la de otra.
Incluso si en una primera lectura la valoración técnica de la empresa que debía ser favorecida no era suficientemente alta para garantizar que se llevara el contrato, era habitual que intervinieran en el proceso los máximos responsables de Infraestructures.cat, sus entonces presidente, Joan Lluís Quer, y su director general, Josep Antoni Rosell.
“No es posible saber quién ni cuándo hizo variaciones, ni en qué sentido ni con qué justificación, más allá de comparar la inicial con la final”. De los 30 concursos analizados al azar por la auditoría interna del Govern, 15 se referían a licitaciones de proyectos y estudios técnicos de obra.
El informe subraya que, de esos 15, en 14 se impuso la empresa que había logrado la mejor valoración en la parte técnica, ya que las ofertas económicas eran siempre muy parecidas. Esto se debe a que un grupo de firmas de ingeniería pactó un reparto ilegal de los contratos de la Generalitat.
Una de las principales compañías implicadas es la consultora de ingeniería Audingintraesa. Joan Lluís Quer fue su presidente hasta 2011 y de un día para otro pasó de dirigir esa empresa a sentarse en la cúspide de Infraestructures.cat. Supuestamente, vendió sus participaciones en su antigua sociedad pero la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han concluido que, en realidad, nunca se deshizo de ellas.
