Por qué el nuevo plan de Puigdemont de volver a Cataluña es imposible
El expresident afirma que la inmunidad europarlamentaria le permitiría pisar suelo español sin ser detenido, pero no es eso lo que dice la normativa
El regreso a Cataluña de Carles Puigdemont ya lo esgrimió el expresident como promesa electoral en los comicios del 21 de diciembre de 2017. Después, se pasó cinco semanas amagando con su vuelta para ser investido por el Parlament y, tras ser descartada esa opción, estuvo tres meses más especulando con una inviable investidura telemática que fue vetada por el Constitucional. Ahora, Puigdemont, candidato a las elecciones europeas del 26 de mayo , vuelve a prometer su retorno si consigue escaño en Europa. Y, como hace año y medio, vuelve a tratarse de un brindis al sol.
Puigdemont, entrevistado en Rac1, ha asegurado, primero, que en caso de ser escogido eurodiputado, para recoger su acta no necesitaría pasar por Madrid, lo que comportaría su detención inmediata y, segundo, que, una vez formalizado ese trámite, la inmunidad que el Europarlamento otorga a sus miembros le permitiría volver a pisar territorio español libremente. Pero ambas afirmaciones se sustentan en medias verdades y obvian aspectos sustanciales que impiden que los planes anunciados por el expresident sean factibles.
Para empezar, por lo que respecta a la toma de posesión. Dice Puigdemont que la recogida del acta de eurodiputado no es necesario hacerla de forma presencial, pero fuentes de la junta electoral y del Parlamento Europeo coinciden en afirmar que sí debe serlo. Y lo que dice el artículo 224 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) es que “en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central”, un acto que en España se formaliza en el Congreso de los Diputados. De modo que, en principio, el expresident sí debería desplazarse a Madrid para convertirse a todos los efectos en eurodiputado.
Lo que da a entender Puigdemont es que también intentaría formalizar esa toma de posesión por videoconferencia, algo de lo que no hay precedentes, al menos en España. Pero a la luz el precedente que estableció el Constitucional con su intento de teleinvestidura, esa pretensión no parece tener visos de prosperar.
No superar esa primera pantalla ya echaría por tierra todo el plan. Pero incluso asumiendo que consiguiera tomar posesión, lo que vendría después tampoco sería como lo cuenta el expresident, que ha afirmado: “Si tengo el acta de eurodiputado, yo vuelvo a Cataluña porque consigo la inmunidad en todas partes, también en el Estado español”.
La inmunidad no rige en el caso de Puigdemont
No es eso exactamente lo que dice la normativa del Parlamento Europeo, que, por un lado, establece que sus diputados gozarán, en sus respectivos países, de la misma inmunidad reconocida a los diputados de los Parlamentos, y, por otro, que no podrán ser detenidos ni procesados en cualquier otro país miembro de la Unión Europea. Así lo establece el artículo 9 del el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea.
Además, la inmunidad de los eurodiputados significa que “no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones”, según establece el mismo protocolo en su artículo 8. Pero eso no le es de aplicación a Puigdemont, que si está imputado en España no es por sus eventuales futuras acciones como europarlamentario, sino por presuntos delitos cometidos en 2017, cuando precipitó el proceso independentista hacia la vía unilateral.
En todo caso, y aunque el protocolo solo especifica que “la inmunidad no podrá invocarse en caso de flagrante delito ni podrá obstar al derecho del Parlamento Europeo a retirársela a uno de sus diputados”, la propia Eurocámara explicita en su página web que la inmunidad no puede invocarse “en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto”. Y las autoridades judiciales competentes —el Supremo, en este caso— ya dictaron el procesamiento de Puigdemont por delitos de rebelión, sedición y malversación.
Fuentes de la eurocámara evitan signficarse sobre ese punto, pero apuntan que la inmunidad puede ser revocada a petición de un estado miembro y subrayan que, en todo caso, antes de obtenerla, Puigdemont tendría que acudir primero a Madrid para tomar posesion y jurar o prometer la Constitución, y después asistir a la sesión constitutiva de la eurocámara, prevista para el 2 de julio. «Todo lo que sea especular más allá de eso es entrar en el terreno de la política ficción», concluyen.
