Ataque frontal de Rull al Constitucional: «Le falta autoridad moral»

Josep Rull admite que desobedeció al Tribunal Constitucional (TC) para cumplir con “un mandato democrático claro” emitido por la ciudadanía catalana y también porque le parece que el TC carece de “autoridad moral”. En esos términos se expresó el exconseller de Territorio y Sostenibilidad durante el interrogatorio al que le sometió este miércoles la fiscal Consuelo Madrigal al inicio de la quinta jornada del juicio del procés en el Tribunal Supremo.

Fue a la hora de explicar los motivos que le llevaron a tirar adelante la apuesta por el referéndum pese a las prohibiciones del Constitucional. Rull se remitió a un clásico del independentismo ya citado el martes por el exconseller Raül Romeva: la doctrina fijada sobre la autodeterminación por el Tribunal Supremo de Canadá y la ponderación entre la legalidad vigente y un “principio democrático” que, a su juicio, está al mismo nivel.

“¿Usted atiende a la doctrina del Supremo canadiense y no a la del Constitucional español?”, le inquirió a modo de réplica la fiscal. Y Turull replicó esgrimiendo su “convicción personal” de que el TC está «politizado» y sufre “un déficit importante de autoridad moral”.

Rull siguió la senda marcada el martes por el también exconseller Jordi Turull, con el que comparte abogado. Como él, remarcó tanto como pudo que el gobierno de Carles Puigdemont no gastó ni un euro público en la financiación del referéndum.

Desconocimiento de los preparativos

Y, como él, negó también tener ningún conocimiento de los preparativos del 1-O. Al fin y al cabo, si Turull, que era titular del departamento de Presidencia, no sabía nada, ¿cómo iba a saberlo él estando al frente de un departamento que se ocupa de las infraestructuras y las obras públicas? Lo único que admitió en ese sentido es haber ofrecido la sede de la Agencia de Residuos de Cataluña, dependiente de su conselleria, para ser utilizada como centro de votación.

Ese desconocimiento lo extendió a cualquier previsión de deriva violenta de los acontecimientos, un escenario que remarcó que nunca se planteó porque le parecía «impensable». Rull, como el resto de acusados, puso tanto énfasis como pudo en negar toda referencia a la violencia lanzada por la fiscalía, que necesita acreditar que la hubo para sustentar la acusación más grave de las que pesan sobre los procesados, la de rebelión. 

Rull justificó sus afirmaciones los días previos al 1-O, en las que daba por hecho que las urnas llegarían a los centros de votación, no en el conocimiento sobre su adquisición y su distribución, sino en una cuestión de fe. O de “confianza en mi país”, que son los términos en que lo expresó. Rull tenía la “plena convicción” de que el día del referéndum las habría porque aquella fue “una iniciativa extraordinaria que implicó a mucha gente”.

La misma ignorancia la alegó respecto de cualquier supuesto plan para hacer efectiva la secesión o tomar el control efectivo del territorio. Solo concedió que la Generalitat siempre ha planteado tener el control “de todas las infraestructuras”, pero en términos de reclamación política al Estado.

Veto al barco para policías en Palamós

Rull también justificó la decisión de Ports de Catalunya, dependiente de su departamento, de no permitir el amarre en el puerto de Palamós del Moby Dada, el ferry que alojaba a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados para impedir el referéndum.

Según el exconseller, el puerto ya tenía todos los servicios comprometidos, y además el barco incumplió el protocolo estipulado para solicitar el amarre y ocultó la verdadera naturaleza de su solicitud, alegando que pretendía instalarse en el puerto para efectuar reparaciones en los camarotes, y no en concepto de alojamiento de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Errores de la fiscalía

El dirigente independentista también aprovechó para buscar el cuerpo a cuerpo con el ministerio —hasta el punto de ser apercibido por ello de manera reiterada por el presidente del tribunal, Manuel Marchena— hurgando en los numerosos errores e imprecisiones en los que incurrió la fiscal. El más sangrante, el que llevó a Madrigal a pedir explicaciones a Rull por una afirmación que constaba en un documento estratégico de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), al confundirlo con la hoja de ruta independentista que en 2015 suscribió la formación a la que pertenecía el acusado, CDC, junto con ERC, Reagrupament, Òmnium, la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) y la ANC.

Ver el juicio en directo.