La Generalitat carga contra su propio organismo de transparencia en los concursos públicos

El Govern de Artur Mas ha puesto toda la carne en el asador para evitar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspenda de forma cautelar la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona, tal y como pide el organismo de contratación de la Generalitat dedicado a la transparencia en los procesos concursales, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). Y si por ello tiene que desacreditar la institución de Juan Antonio Gallo, que es unipersonal, lo hace.

En el recurso que presentó el pasado viernes ante la máxima institución judicial catalana, el Ejecutivo afirma que la resolución firmada por un ex miembro del equipo de interventores de la Generalitat es “inexacta y no se corresponde con la realidad”. Acusa a Gallo de cometer errores que se podrían “evitar fácilmente si hubiera comprobado o verificado la oferta técnica de Acciona”.

Argumentos “débiles”

A lo largo de 38 páginas, el abogado de la Generalitat Ramon de la Malla desmonta de forma muy tajante los motivos por los que el OARCC afirma que la compañía de infraestructuras presidida por Juan Manuel Entrecanales debe quedarse fuera del concurso público.

De hecho, fuentes del Govern aseguran a Economía Digital que los argumentos que usa Gallo son “muy débiles” y entienden que tienen muchas posibilidades de ganar el recurso. Es decir, Acciona se quedará por el momento con el servicio de agua de unos cinco millones de catalanes del Área Metropolitana de Barcelona y su ámbito de influencia hasta que el TSJC decida si la adjudicación es correcta o no.

Calendario de obras

El ex interventor considera que la oferta de Acciona se tiene que desestimar porque proyecta obras de mejora de ATLL más allá de los 10 años previstos en el pliegue de condiciones del concurso.

El Govern lo niega. Afirma que la oferta técnica de Entrecanales sí que cumple con este requisito, aunque la mesa de contratación decidió darle 0 puntos en el apartado. Una valoración que justifican porque no recortó el calendario de obras como sí hacía su rival, Aigües de Barcelona (Agbar), quien programaba las mejoras en solo siete años. De allí la diferencia, según el Govern.

La gestora de infraestructuras con sede en Madrid sí que incumple la pauta que la conselleria de Territori i Sostenibilitat, principal responsable del concurso, marcaba para distribuir las inversiones. Pero el Govern señala que el calendario anual de las obras se fija en un anexo del documento “de carácter meramente orientativo”, no vinculante, por lo que no se puede apartar a Acciona de la adjudicación por este motivo.

Agua más cara y trabajadores despedidos

En su recurso ante el TSJC, el Ejecutivo también estima que la interpretación del OARCC no es plausible porque “implicaría que está modificando una cláusula del plieguo de condiciones”. Y esta decisión únicamente la puede tomar “el órgano de contratación”, recuerda De la Malla.

También pone otros argumentos sobre la mesa: que la tarifa del agua marcada por Agbar es más alta que la de su rival y supondría que “los consumidores en su conjunto paguen anualmente 30 millones de euros más por el consumo de agua”; no garantiza la continuidad de los 222 trabajadores que ahora tiene ATLL como sí hace Acciona; e implicaría que Catalunya cerrara 2012 con un desvío extra del PIB del 0,51% y del 0,09% en el conjunto de España (aunque existen dudas sobre esta decisión).

Además, recuerda que ya disolvió la sociedad que prestaba el servicio antes de la entrada del grupo de Entrecanales (l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat quedó fulminada poco después de la firma del contrato, que tuvo lugar el 27 de diciembre). Por lo que aplicar la medida cautelar se complica. ¿Debe crear otra empresa pública o adjudicar directamente la gestión a Agbar?

Inseguridad

El escenario final arroja una gran inseguridad que el Govern reprocha a la gestora de aguas de Barcelona. En sus alegaciones ante el TSJC acusa al grupo presidido por Ángel Simón de “instar” las actuaciones que dejan en el aire el futuro de la gestión de ATLL. Comprometen las inversiones que Acciona requerirá para continuar con su gestión y deja al Ejecutivo frente a una compleja encrucijada.

Si Acciona se queda al frente de la gestora de agua y el TSJC resuelve que el concurso está mal hecho, ¿quién pagará los daños y perjuicios que ya ha anunciado Entrecanales que reclamará? Pero la posible adjudicación a Agbar también comporta un corolario de incertidumbres, si el TSJC dice que ya se hizo bien en su momento. ¿Cómo se pagan los 30 millones anuales que calculan que se tendrían que pagar de más por el servicio? ¿Quién se encarga de readmitir a los trabajadores que se quedarían en la calle? El tercer escenario posible es el más complicado: el Govern no dispone de líquido para devolver los 298 millones de euros de la primera parte del canon del contrato, a los que se tendría que sumar el desvío del déficit. La propia Generalitat reconoce a los magistrados del TSJC que las arcas públicas están vacías. “Los perjuicios que se puedan producir pueden ser económicamente no asumibles por la Administración a la que represento”, afirma el letrado en su recurso.

Pero lo que más teme el Govern de Mas es que los próximos pasos en el truculento concurso de ATLL no están en sus manos: dependen de una resolución del TSJC que no se espera a corto plazo.