La venta de ATLL, dudosa para reducir el déficit público catalán

Que la privatización de Aigües Ter-Llobregat ha sido un despropósito ya nadie lo duda desde la perspectiva política o empresarial. La precipitación de la venta de la compañía pública a Acciona vive un litigio sin precedentes en una privatización y, además, podría convertirse en un arma de doble filo. Diferentes expertos consultados señalan que la Generalitat corre el riesgo de que Eurostat, la oficina estadística comunitaria, anule la posibilidad de contabilizar los ingresos obtenidos  para reducir el déficit público.

Ese hecho supondría un violento revés para el Gobierno de Artur Mas, que en la recta final de 2012 aceleró la operación con el propósito de reducir sus números rojos. La Generalitat tiene previsto ingresar 995.506.100 euros con la licitación. De momento ha cobrado el 40% (398,2 millones de euros) y el 60% restante se percibirá durante los 50 años restantes de concesión.

Informe revelador

Un informe al que ha tenido acceso este medio, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística en julio del pasado año, señalaba que de acuerdo con el sistema europeo de cuentas (SEC95) la administración catalana debía traspasar al nuevo concesionario todos los riesgos vinculados al negocio.

De acuerdo con los expertos consultados, el más importante de todos esos elementos contables es el llamado “riesgo de disponibilidad”. Se trata, en síntesis, de que el concesionario de cualquier servicio público europeo se haga cargo del servicio sin ningún tipo de garantía de que una caída de la demanda obligue al concesionario a restituirle recursos públicos para compensar la adjudicación. Esa norma es válida para la concesión del suministro de agua, pero es igualmente aplicable para la prestación de cualquier otro servicio público o, como en este caso, la gestión de bienes de interés público.

La concesionaria asume la caída de demanda

Dicho de otra manera, si Acciona, empresa líder del consorcio que resultó adjudicatario del contrato, no obtuviese el rendimiento esperado, la Generalitat no está obligada a procurarle ningún tipo de indemnización. Al parecer, la multinacional que preside José Manuel Entrecanales habría establecido condiciones en su oferta sobre esta cuestión y durante un tiempo determinado, los primeros años de la concesión. De esta manera, la firma adjudicataria intentaría garantizarse, con independencia de la demanda, unos ingresos mínimos.

El hecho de que Acciona haya establecido determinadas prevenciones con respecto a las bases del concurso de privatización del agua es, a ojos de los expertos entre los que se ha recabado opinión y de Agbar (la compañía competidora), un incumplimiento tácito del concurso. “Ninguna base del concurso se puede incumplir, son una obligación en sí misma”, explica un especialista en derecho administrativo consultado por Economía Digital.

Argumentaciones legales

Agbar reconoció ayer que ése es uno de su puntales argumentales para recurrir, por la vía del contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la victoria de Acciona en el proceso de privatización. La compañía con sede en Barcelona ya ha formalizado su denuncia ante los tribunales. En su opinión, y a la espera de conocer el contenido de uno de los sobres de la oferta competidora (el sobre B, que no ha sido facilitado), el alto tribunal catalán deberá revertir la privatización.

De igual manera, los asesores de Agbar consideran que en la privatización de un bien público en régimen de concesión, la administración no puede garantizar ni una rentabilidad ni unos ingresos mínimos. Una condición que la compañía madrileña incluía en su oferta, según ha podido conocer la redacción de este medio.

Normas comunitarias

“Cuando una administración garantiza unos ingresos y no traslada el riesgo de ese negocio al concesionario, de acuerdo con la legislación europea, le está haciendo un regalo. De ahí que las normas contables comunitarias sean muy rígidas y estrictas a favor de la transparencia. Lo que se persigue son connivencias. Aquí pueden haber existido. De hecho, es lo que deberá sustanciar el TSJC”, asegura un asesor jurídico de la firma que preside Ángel Simón.

El pasado 3 de enero, el consejero de Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que el Ejecutivo catalán espera la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado para contabilizar en sus cuentas la venta y el traspaso de los activos a Acciona como reducción del déficit público. Los casi 1.000 millones que totaliza la privatización “no peligran”, repitió Homs a preguntas de los periodistas.

Problema en ciernes

Un experto independiente consultado señala que “posiblemente” la Intervención del Estado no revoque la operación, “porque eso afectaría también al déficit español y a un problema se añadiría otro”. Sin embargo, cuando los expertos de Eurostat revisen esos asientos contables, “lo más probable es que no los autoricen porque incumplen claramente la normativa si no se traspasa el riesgo inherente a la privatización”.