El President de la Generalitat, Artur Mas, ha empezado 2013 con mal pie. La gran privatización de su Gobierno y una de las más importantes de la historia democrática de Catalunya, la venta de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por 1.000 millones de euros, cuelga de un hilo y a medida que pasan los días el embrollo jurídico, político y empresarial es más notable. ¿Quién tiró de la manta? Fue un alto funcionario de la propia Generalitat, Juan Antonio Gallo Sallent.
“Yo sólo soy un modesto funcionario muy discreto”, afirma Gallo en declaraciones a Economía Digital. Pero este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y máster en Derecho Administrativo por la UNED ha sacado los colores de todo el Ejecutivo catalán y de la conselleria de Territori i Sostenibilitat en particular por su gestión del concurso público de ATLL. A pesar de que el nuevo responsable del ámbito, Santi Vila (CiU), defienda la gestión del predecesor en el cargo, Lluís Recoder (CiU), y su equipo, a quien mantiene en el departamento.
La adjudicación se firmó el pasado 27 de diciembre por el secretario en funciones de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, con los representantes del consorcio formado por Acciona, el banco de inversión brasileño BTG Pactual y dos inversores catalanes, Ferran Rodés y Manuel Torreblanca.
Resoluciones vinculantes
Seis días después de que se rubricara el contrato, Gallo Sallent decretó que la oferta de la adjudicataria no cumplía con el pliego de condiciones del concurso. Por lo tanto, se debe desestimar. Y las resoluciones que emite el organismo unipersonal del que es responsable, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat (OARCC), son vinculantes.
El Govern de CiU ya ha anunciado que recurrirá su decisión ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el encargado de decidir sobre las cuestiones administrativas relativas a la Generalitat. Pero mientras espera respuesta, Acciona continuará con la gestión del servicio. La decisión de Mas ya ha recibido un aluvión de críticas por parte de los expertos en derecho de las administraciones públicas.
Medidas cautelares
El conseller de Presidència, Francesc Homs (CiU), afirmó el jueves que interpondrían un recurso para garantizar que Acciona se queda con la gestión de la empresa de agua. Pero los letrados dedicados al sector público consultados por este medio afirman que sólo el TSJC puede decretar como medida cautelar que la multinacional dirigida por José Manuel Entrecanales se quede con ATLL a la espera de su sentencia.
La dilación del Ejecutivo en tomar esta decisión puede afectar a los daños y perjuicios que Acciona ya ha anunciado que reclamará si pierde el contrato. “Cuanto más tiempo pase, más costosos serán”, declara la letrada Meritxell Bernola. Ya que el reembolso de los 299 millones de la adjudicación los podría devolver con el pago que hiciera el rival de Acciona en el proceso, Aguas de Barcelona (Agbar), al firmar otro contrato.
El TSJC puede tardar entre tres meses y medio año en resolver un caso como este, según fuentes judiciales. Aunque el proceso se puede prolongar.
Concurso público
Gallo llegó al OARCC mediante un concurso público convocado por el Govern el 26 de marzo de 2012. Pocos días antes, había anunciado la creación de este órgano administrativo especializado que actúa “con plena independencia funcional” en el ejercicio de sus competencias, tal y como reza el acuerdo que tomó Ejecutivo en ese momento.
El funcionario asegura que decidió preparar las oposiciones para conseguir esta plaza porque estaba en juego las riendas “de un organismo nuevo, que se rige por criterios de la Unión Europea y que cambia el modo de entender la administración pública, dando más imparcialidad y transparencia a los concursos”. Introduce el concepto de la mediación en los conflictos en licitaciones públicas usando como marco de referencia la normativa de Bruselas en este ámbito.
En los cinco meses que lleva en marcha, ha resuelto unos 140 recursos de todo el sector público catalán, “no sólo de la Generalitat”.
Tribunal de contratos catalán
El mandato de Gallo Sallent es de cinco años. Si “el volumen y la especificidad” de los asuntos sobre los que se tiene que pronunciar son demasiados para que los dirima una persona, el Ejecutivo transformará el OARCC en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Acompañarían al presidente un mínimo de dos vocales. Pero la organización perdería parcialmente el carácter independiente del que ahora puede hacer gala, ya que uno de ellos sería propuesto conjuntamente por la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya. Dos asociaciones que representan los intereses de los ayuntamientos cuyo control se reparten CiU y PSC.
Los requisitos para ser el responsable del OARCC es ser un alto funcionario de carrera (de los llamados cuerpos o escalas del grupo A1) y tener más de 15 años de experiencia en el cargo. Ser licenciado en derecho y disponer de una competencia profesional acreditada en las materias propias del órgano. Tras los cinco años, Gallo Sallent puede ser ratificado de nuevo para otro mandato sin pasar de nuevo por el proceso de selección.
