La factura del agua en alta sube el 44% de media desde el inicio de la privatización de ATLL

Eliminar 1.000 millones de deuda ordinaria de las cuentas de la Generalitat con la polémica concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha provocado un incremento del precio medio del servicio del 44%. Desde el pasado julio, cuando se empezaron a establecer las bases de concurso, la empresa pública ha subido en tres ocasiones la tarifa del agua en alta. El servicio que se hace desde el lugar de captación (pantano o desalinizadora) hasta los depósitos de cabecera de los municipios catalanes.

ATLL da servicio a cinco millones de personas. Su consejo de administración, en el que Convergència i Unió (CiU) tiene mayoría, decidió incrementar el canon el 70% en julio, hasta fijar el precio del metro cúbico de agua tratada en 0,647 euros. Es la subida más importante y se hizo, tal y como reconoció en su momento, para hacer más atractiva la oferta de la empresa pública tras la reclamación de los interesados en pujar.

Casi de forma paralela a la adjudicación de la compañía a un consorcio liderado por Acciona y el banco de inversión brasileño BTG Pactual, la cúpula pactó otra subida del 0,63% de la tarifa (0,6511 euros). Aunque el incremento que más polvareda ha levantado ha sido el del pasado 30 de noviembre. El departamento de Territori i Sostenibilitat, liderado por Lluís Recoder, ya estaba realizando la due dilligence para firmar la concesión antes de que termine diciembre, pero la cúpula de ATLL decidió hacer una nueva subida, esta vez del 13,5% (0,7389 euros).

Factura final

Las localidades en las que más ha subido el canon son San Cugat de Sesgarrigues (Barcelona), que llega al 51,13%; Sabadell (Barcelona), del 48,13%; y Martorelles (Barcelona), 47,13%. En el otro lado de la table, se encuentran los municipios de Polinyà (Barcelona), en el que subirá el precio de agua en alta el 39,13% y Rubí (Barcelona), que ha incrementado el 37,13%. Exactamente el mismo porcentaje que se ha elevado el precio del servicio en Sitges (Barcelona).

Ahora, son las administraciones con competencias municipales las que tienen que decidir si repercuten la subida a la factura del agua final o la asumen con cargo a las arcas locales. Una decisión que se tiene que votar en los plenos municipales, consejos comarcales o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Hasta la fecha, han intentado prolongar al máximo la decisión.