Quim Torra se salta todos los plazos con los presupuestos

El gobierno de Quim Torra sigue sin aprobar su anteproyecto de presupuestos para que este pueda iniciar así su tramitación parlamentaria, con lo que vulnera el plazo que el Parlament y el propio ejecutivo de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC habían fijado para hacerlo, y que vencía el 31 de octubre. Es más, el departamento de Economía que encabeza el vicepresidente y hombre fuerte de Esquerra en el govern, Pere Aragonès, y que en septiembre anunció los primeros contactos en busca de apoyos para aprobar las cuentas, este octubre ya no ha vuelto a convocar a los comunes, los únicos aún dispuestos a negociarlas.

El ejecutivo catalán, convertido en una máquina de convertir sus planes y promesas en papel mojado, siguió amagando con intentar aprobar las cuentas de este 2019 hasta el verano pasado, y, en cuanto admitió, ya a principios de julio, la imposibilidad de tirarlas adelante, se volcó en vender el objetivo de conseguir apoyos para dar luz verde a las de 2020.

A finales de ese mismo mes, el Parlament aprobó una moción propuesta por el PSC que instaba a la Generalitat a presentar el proyecto de ley de presupuestos y el de medidas fiscales y financieras del año que viene antes del 1 de noviembre, para que así hubiera tiempo suficiente para negociarlos y las nuevas cuentas pudieran entrar en vigor el 1 de enero de 2020, evitando de ese modo tener que recurrir a una nueva prórroga presupuestaria, que sería la tercera consecutiva.

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Un escenario envenenado

No solo JxCat y ERC avalaron con sus votos la moción socialista, sino que el propio Aragonès hizo suyo el compromiso de que el govern aprobara el proyecto de ley en octubre para que acto seguido pudiera empezar el baile en el Parlament. Pero desde entonces, la sentencia de la causa del procés, que ya entonces se sabía que caería tras el verano, y el anuncio de repetición electoral tras agotarse los plazos para la investidura finalmente fallida de Pedro Sánchez, que también a aquellas alturas era previsible vistos los sonoros portazos del presidente del Gobierno en funciones a Unidas Podemos, han complicado sobremanera el escenario.

Eso y el maximalismo retórico de Torra, claro. El president abogó en agosto por la “confrontación” con el Estado y los socialistas —dando de paso otra pista más que apuntaba al regreso a las urnas el 10-N— aprovecharon para retirarle la mano que Miquel Iceta le había tendido en julio de cara a la negociación presupuestaria. Así que, con la CUP dando la espalda al govern a menos que su supuesta apuesta republicana pase de las palabras a los hechos, las cuentas volvían a quedar, un año más, en manos de los comunes.

Los contactos con los de Ada Colau no empezaron con mal pie, pero no han pasado de los preliminares, y en octubre, con la sentencia y la precampaña, han quedado interrumpidos, explican fuentes de los comunes, que aseguran que Economía no pasado de ponerles sobre la mesa poco más que las grandes cifras que anunció a finales de agosto Aragonès, y según las cuales, el gasto previsto será de 2.500 millones de euros más que en las últimas aprobadas, las de 2017, y superior en 795 millones al que constaba en el anteproyecto de presupuestos de este 2019 que finalmente se quedó en el cajón, unas cifras que el propio responsable económico de Catalunya en Comú Podem (CECP), David Cid, ha puesto en duda.

Torra tensa las converaciones con los comunes

En todo caso, con las negociación es stand by, la reacción de Torra a la sentencia del Supremo aleja la posibilidad de un entendimiento con los comunes. Primero, por la respuesta a la sentencia del Supremo que el president lanzó en el Parlament a título personal, y que pasaba por ejercer la autodeterminación esta misma legislatura, un planteamiento que no le compraron ni en su gobierno y que suscitó una  petición de dimisión por parte de la presidenta del grupo  de CECP en la cámara catalana, Jéssica Albiach. Y después, por la exigencia lanzada por el president a Colau, a la que, después de que la alcaldesa le diera plantón, le reprochó su ambivalencia y le espetó que si no está con “los reprimidos”, está “con los represores”.

Con ese contexto tan envenenado, el problema ya no es que el govern se haya saltado sus propios plazos, sino que ahora mismo, sigue sin haber fecha prevista de entrada del proyecto presupuestario al Parlament, lo que de entrada complica que puedan ser aprobados antes de final de año. Fuentes del departamento de Economía se limitan a apuntar a ese respecto que la aprobación del proyecto por parte del ejecutivo no se producirá hasta pasado el 10-N, sin más concreción. El año pasado, el govern admitió ya a principios de noviembre que sería necesario aprobar una prórroga técnica de los presupuestos del año anterior porque se había quedado sin margen para tener los nuevos aprobados el 1 de enero.

Y eso, si finalmente hay entente con los comunes y las cuentas no vuelven a quedarse, como acabó pasando entonces, en el cajón. Si eso sucediera, supondría un tercer año seguido gobernando con las cuentas de 2017 prorrogadas, y ERC, con Aragonès al frente, ya ha insistido por activa y por pasiva en que en esas condiciones sería muy difícil seguir estirando la legislatura.