El abogado de Puigdemont abandona la autodeterminación
Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, propone desatender la autodeterminación y luchar por otro derecho que encaja mejor con la tesis separatista
Gonzalo Boye no solo está comprometido con la defensa de Carles Puigdemont, sino que semana a semana elucubra nuevas vías para resucitar el procés, caído en un punto muerto antes de la sentencia del 1-O y las múltiples discrepancias de los partidos independentistas. Este viernes no ha sido la excepción. El abogado del Despacho Boye-Elbal ha explicado por qué cree que el separatismo debe pasar de la autodeterminación.
Si este verano Boye se ha dado gusto explayándose en sus teorías para desbloquear el procés –por ejemplo, fantaseó con la huida de Oriol Junqueras y los otros políticos catalanes presos, desentrañó el duelo entre Junqueras y el magistrado Manuel Marchena, y reveló que Puigdemont estuvo a punto de ser detenido–, la conjetura que ha intentado explicar esta semana es quizá la más aventurada de la temporada.
El abogado del ex president fugado a Bruselas ha propuesto al independentismo dejar de enfocar todas sus energías en la defensa del derecho de autodeterminación y abanderar su causa con un viejo conocido de la justicia: los derechos de la minorías. Así, precisamente, se titula su nuevo artículo de opinión publicado este viernes en El Nacional, desde donde estila lanzar algunas de sus ideas más veleidosas.
Abogado de Puigdemont: «Debemos hablar del derecho de las minorías»
La consideración de Gonzalo Boye es que la lucha por el derecho de autodeterminación no llevará a buen puerto. La solución política al conflicto no pasa por ahí, advierte, pese a que este es el concepto más repetido por el separatismo en los últimos años, empezando por Puigdemont y llegando a Quim Torra. El letrado llama a hacer borrón y cuenta nueva, y vender la causa en Europa como un asunto de minorías.
El abogado de Puigdemont reconoce que hablar de la autodeterminación aboca en discusiones imposibles de superar y que bloquean cualquier conversación sobre la búsqueda de soluciones. «En el ámbito europeo», afirma, el derecho de autodeterminación es complicado porque «difícilmente serán trasladables» a su justicia ámbitos de aplicación de este derecho como, por ejemplo, «un pueblo indígena concreto».
Pero que no se encienda la alarma: esto «no implica que en nuestro vigente derecho no exista ese cauce, solo que se denomina de otra forma y, además, tiene una aplicación práctica y directa que no tiene, en el momento actual, el derecho de autodeterminación», escribe Boye. Y cuando habla de «nuestro derecho vigente», desde luego, se refiere únicamente al europeo, «de aplicación directa en el estado español».
Así de fácil llega el letrado al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que entre otros conceptos aborda el de «los derechos de las personas pertenecientes a minorías», donde automáticamente encaja al independentismo catalán. «Para construir un marco jurídico que permita alcanzar una solución política que resuelva el conflicto debemos comenzar a hablar del derecho de las minorías», manifestó.
Boye propone un nuevo hilo conductor independentista
El derecho de las minorías debe convertirse en el «hilo conductor» del relato separatista en Europa. «Explicar lo que está sucediendo entre el estado español y Cataluña bien se puede hacer, eficazmente, asumiendo que parte esencial del problema radica en que no se respetan los derechos de la minoría nacional catalana», afirma Boye, que apunta que ello también es una falta de respeto a la minoría nacionalista vasca.
Y es que trasladar el relato a los derechos de las minorías resuelve muchos problemas: siempre según el abogado, este hilo conductor elimina la rebelión del 1-O, vacía de motivos la aplicación del 155, respalda la llegada de los líderes del procés a los parlamentos a los que han sido votados, y confirma que el «espionaje» de Josep Borrell parte de que la «minoría» catalana «no tiene ningún derecho».
Concluye Boye que «la mejor respuesta ante tales vulneraciones vendrá por la vía de exigir, a las instancias europeas, que cumplan con las normas constitutivas de la Unión y con la finalidad que la misma tiene: ‘promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos’, entre los que se incluye el catalán».
