El abogado de Puigdemont desentraña el duelo de Junqueras y Marchena
Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont, afirma que Marchena retirará la consulta al TJUE sobre la inmunidad de Junqueras tras dictar sentencia del 'procés'
Uno de los abogados de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha aclarado este viernes de qué va, a su parecer, el duelo entre el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El letrado del ex president catalán avisa que la estrategia del juez se trata de una cuestión prejudicial de «quita y pon» que, al final, terminará siendo retirada.
Después de oponerse a la excarcelación de los líderes del procés, a finales de junio, el presidente del tribunal del juicio del 1-O consultó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la inmunidad del líder republicano como eurodiputado electo. La justicia europea anunció que celebrará vista el 14 de octubre, aunque ello no implica que ese día vaya a haber resolución.
De hecho, según los cálculos de Boye, la resolución no tendrá lugar nunca. El abogado de Puigdemont cree que Marchena buscaba distanciarse de la decisión tomada por el juez Pablo Llarena de rechazar su petición como defensa de Puigdemont y de Toni Comín para dejar sin efecto la orden de detención de los líderes independentistas en aras de que pudieran tomar posesión como eurodiputados.
«Cuando Marchena acuerda remitir la cuestión prejudicial al TJUE, lo hace dejando en suspenso pronunciarse sobre la petición realizada por la defensa de Junqueras; es decir, no ha dicho ni que deba darle el ‘permiso’ para salir a prometer el cargo ni que deba denegárselo», escribió el letrado en un artículo de El Nacional.
«Marchena parecía tener dudas sobre cómo han de interpretarse las normas europeas que regulan este tema mientras que Llarena no tenía ninguna», añadió.
El abogado de Puigdemont arroja dudas sobre Marchena
Dicho lo dicho, el texto de opinión de Boye va más allá y se pregunta si el juez del procés «tenía dudas o solo quería parecer como que las tenía» de manera que podía «salvar la situación de cara a lo que vendrá». «Tal vez la intención de Marchena no era la de esperar a que resuelva el TJUE«, sino no «aparecer denegando, sin más, la salida (de Junqueras) y que ello se volviese luego en contra» cuando llegue a la justicia europea.
Siempre contemplando que es probable que el TJUE dé «la razón a Junqueras y tenga que dejarle en libertad» (algo que podría beneficiar también a sus clientes huidos en Bélgica), Boye acusa a Marchena de decidir hacer pública la sentencia del 1-O antes del 14 de octubre con el propósito de que «la cuestión prejudicial, una vez condenados» haya «perdido su sentido y necesidad». Y afirmó que la retirará tras dictar sentencia.
«Si una cuestión prejudicial pierde su sentido, por haberse superado esa concreta situación sobre la cual se planteó, entonces la jugada, y puedo equivocarme, consistirá en retirar la misma evitando que el TJUE se pronuncie al respecto y, por tanto, todo habrá sido un ejercicio a ‘riesgo cero’ entrando de lleno en un nuevo ámbito: el de las cuestiones prejudiciales de quita y pon», escribió el abogado.
Así, según Boye, Marchena podrá lavarse las manos y decir que nunca impidió a Junqueras prestar promesa como eurodiputado porque nunca se pronunció al respecto y más bien elevó el asunto al TJUE. «Como estrategia procesal sería más propia de una defensa que de un tribunal que se predica imparcial, pero, a estas alturas, es muy difícil pensar que algo de todo lo que sucede y sucederá es mera casualidad», apostilló.
Boye augura «consecuencias» en Europa para Marchena
En cualquier caso, el abogado de Puigdemont avisa desde ya que la movida de la que acusa a Marchena tendrá «consecuencias» a nivel europeo. «Afortunadamente, no todo lo que se está haciendo depende del Tribunal Supremo«, concluyó, «y las vías abiertas en Europa para garantizar los derechos de los eurodiputados electos y proclamados más temprano que tarde darán sus frutos».
ERC, el partido de Junqueras, presionó esta semana a Marchena para que retrase la sentencia de Junqueras a después del fallo del TJUE sobre la inmunidad del eurodiputado electo, que permanece en prisión preventiva y está acusado de delitos de malversación, sedición y rebelión en la causa del procés. Otro abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, vaticinó una condena de 12 años para el republicano.
