Del Síndic al CAC: el mapa del bloqueo de entes públicos en Cataluña
Desgranamos los principales organismos cuya renovación, dependiente del Parlament, sigue estancada, en algunos casos desde hace cuatro años
La parálisis institucional en la que está instalada Cataluña como consecuencia del procés se refleja de manera sangrante en la cantidad de organismos pendientes de renovación. La fragmentación política del Parlament, la profunda división entre el bloque independentista y el constitucionalista e incluso las diferencias y la desconfianza existentes entre los partidos soberanistas -y muy concretamente entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, socios mal avenidos en la Generalitat- se traducen en la imposibilidad de alcanzar los acuerdos necesarios para sustituir a 87 representantes de designación parlamentaria y con el mandato caducado y para nombrar a otros nueve de nueva creación en un total de 27 entes públicos.
Estos son los órganos más relevantes de los empantanados por esa epidemia de cargos caducados que tiene visos de convertirse en crónica.
CCMA
Si el caso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) no es el caso más flagrante, lo parece, porque el problema radica en la falta de entendimiento entre JxCat y ERC. Es, desde luego, el que ha hecho correr más rios de tinta. La corporación tiene pendiente renovación a los seis miembros de su consejo de gobierno, incluida la presidenta, Núria Llorach, que en junio asumió el cargo en funciones tras la renuncia de Brauli Duart. Tres de ellos, Duart incluido, agotaron su mandato en marzo de 2015, hace más de cuatro años. El resto, en marzo del año pasado. Como Josep Vilar también renunció, ahora solo quedan cuatro en sus puestos.
Los 16 integrantes del consejo asesor de contenidos de la corporación también hace años que agotaron su mandato. En julio de 2016, concretamente. Desde entonces, dos de ellos han renunciado, y el resto siguen en funciones.
La renovación del equipo directivo se suponía que iba ir de la mano de una reforma legislativa para ampliar los consensos necesarios para la designación del presidente y el resto de la cúpula de la CCMA, pero los socios que integran el govern de Quim Torra no se ponían de acuerdo en los nombres, o, lo que es lo mismo, en cómo repartirse el control de los medios públicos, así que sus discrepancias dejaron en el limbo los cambios legales y la elección del nuevo consejo.
La situación pareció desbloquearse a finales del año pasado, con un acuerdo entre JxCat, ERC y Cs para repartirse a partes iguales las sillas del consejo, pero Cs congeló el pacto tras las declaraciones de Torra sobre la vía eslovena, y los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio rechazaron el pacto, así que todo sigue igual.
CAC
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), el ente encargado de regular los medios de comunicación, está en una situación similar. Tres de sus seis integrantes tienen el mandato caducado. En el caso de la exconsellera del PSC Carme Figueras, desde julio de 2016, y en el de Daniel Sirera y Roger Loppacher, designados conjuntamente por PP, que impulsaba al primero, y por CiU, cuya apuesta era el segundo, desde el verano del año pasado. Loppacher, además, es el presidente, y tiene voto de calidad, una prerrogativa que ha usado de manera reiterada desde que accedió al cargo.
Por si fuera poco, el pasado mes de julio, Eva Parera (designada en su día por CiU y ERC) renunció para coger su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
Síndic de Greuges
El caso del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, se ha sumado a la lista de asuntos pendientes este 2019. Ribó, tras 15 años en el cargo y acumular crecientes polémicas por avalar en numerosas ocasiones las tesis de los partidos soberanistas, agotó su mandato en marzo, pocos días después de haber servido de coartada a Torra en su pulso con la Junta Electoral por los lazos amarillos.
Por estatutos, el síndic ya no puede volver a ser reelegido, como sucedió en 2010, pero encontrarle un relevo no es fácil, porque su sucesor precisaría del apoyo de dos tercios del Parlament. De momento, sigue en funciones, con un sueldo de 129.058 euros anuales.
Sindicatura de Cuentas
El de la Sindicatura de Cuentas es otro caso que clama al cielo, y especialmente grave dada la importancia del organismo, encargado de fiscalizar la gestión económica de la Generalitat y el resto del sector público catalán.
Cuatro de sus siete miembros agotaron su mandato en marzo de 2017, y dos de ellos ya han renunciado al cago: Andreu Morillas lo hizo al cabo de medio año, y Maria Àngels Servat, en julio pasado. Pero la cosa se agrava ahora: el día 3 de septiembre, es decir, este martes, caduca el mandato de los otros tres integrantes de la sindicatura: Jaume Amat, Jordi Pons y Miquel Salazar.
Consejo de Garantías Estatutarias
El Consejo de Garantías Estatutarias, encargado de velar por la adecuación de las leyes que elabora el Parlament al Estatut y la Constitución, es otro de los órganos de especial relevancia pendientes de una renovación a fondo, pese a que sus dictámenes, que se elaboran de forma previa a la aprobación de las normas, son preceptivos pero no vinculantes, y la mayoría independentista ha optado en los últimos años por ignorarlos en más de una ocasión.
De sus nueve integrantes, cuatro están en funciones: Joan Egea, propuesto en su día por CiU, desde noviembre de 2015; Carles Jaume (PP), desde diciembre de 2016, y Pere Jover (PSC) y Jaume Vernet, desde noviembre de 2018. Pero, además, a finales de 2016, el exsecretario general de ERC, Joan Ridao, renunció al cargo para incorporarse a los servicios jurídicos del Parlament, donde año y medio después sería designado letrado mayor.
Protección de datos y transparencia
El Parlament tiene también pendiente de designación a un nuevo director de la Autoridad Catalana de Protección de Datos desde julio de 2017, hace más de dos años, que es cuando se agotó el mandato de Maria Àngels Barberà. En esa misma fecha vencieron también los mandatos de los tres vocales de designación parlamentaria que forman parte del consejo asesor de en materia de Protección de Datos de designación parlamentaria, y esos cargos también siguen sin actualizarse.
El ámbito de otro ámbito igual de sensible, el de la transparencia, tampoco escapa a la epidemia. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de atender las reclamaciones de ciudadanos a los que se les hayan rechazado peticiones de acceso a información pública, solo cuenta ahora mismo con dos miembros de los cinco que debería tener: Elisabeth Samarra y Josep Mir. Oriol Mir renunció al cargo en julio de 2017, y Teresa Perelló y Manuel Ibarz perdieron su condición de miembros al llegar a los 70 años, en julio y octubre de ese mismo 2017.
Además, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en 2014, establece la creación de un órgano colegiado encargado de fijar sanciones por incumplimientos de la ley a altos cargos que no formen parte del gobierno catalán, y entre cuyos miembros debería haber dos de de designación parlamentaria que se supone que tienen que ser nombrados al principio de cada legislatura. Pero ni en la anterior ni en la actual cumplió el Parlament con esa obligación.
