La epidemia de cargos con mandato caducado se cronifica en Cataluña
El Parlament tiene pendiente actualizar 96 cargos en 27 organismos públicos: 87 para renovar a sus representantes y 9 de nueva creación
El Parlament de Cataluña afronta la rentrée posvacacional con deberes acumulados en 27 entidades pendientes de renovaciones de cargos de designación parlamentaria que ya están caducados. Claro que tampoco nada hace pensar que vaya a abordar esas tareas de manera ni mucho menos inmediata. Al fin y al cabo, la lista de cargos con el mandato vencido lleva años siendo mucho más larga de la cuenta. Ahora, la cifra es de 87, a la que hay que sumar otros nueve cargos en entidades de nueva creación para los que todavía no se ha designado a nadie.
La situación es consecuencia del bloqueo político en el que está instalada la cámara catalana, que dificulta sobremanera los entendimientos necesarios para renovar los cargos. Y la enfernedad tiene visos de convertirse en crónica.
El caso más sangrante y conocido es el de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en el que es la falta de entendimiento entre Junts per Catalunya (JxCat), socios de gobierno en la Generalitat, es la imposibilita la renovación de su consejo de gobierno.
El caso de la CCMA, como muchos otros, se arrastra desde hace años. Cuatro, en concreto: tres de los integrantes de su cúpula, la mitad de la misma, agotaron su mandato en marzo de 2015. Los otros tres, el mismo mes del año pasado.
La situación es extensible a otros muchos organismos. Sin ir más lejos, el Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC), el organismo encargado de fiscalizar a los medios públicos: tres de sus seis integrantes, incluyendo el presidente, que cuenta con voto de calidad, tienen el mandato caducado, y una cuarta, la ex senadora Eva Parera, renunció en junio para asumir su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
Renovaciones en órganos consultivos
En el anterior periodo de sesiones, es decir, entre enero y julio, la cámara catalana trató de mitigar la sensación de colapso desencallando las designaciones pendientes en cuatro organismos consultivos en los que el acuerdo por los nombramientos fue unánime: la Comisión de Control de las Consultas Populares no Referendarias, el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, el Consejo Asesor del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y la junta del Memorial Democrático. Pero se trata de organismos nada conflictivos, porque sus reglamentos establecen que a cada grupo parlamentario le corresponde designar a un miembro, con lo que los diferentes partidos solo tuvieron que ponerse de acuerdo para cumplir los resquisitos de paridad de género.
Aun así, tanto en la comisión de consultas populares como en el comité sobre el cambio climático falta aún designar a uno de sus miembros, porque en el primero de los casos la CUP no presentó candidato y en el segundo fue el PP quien no lo hizo.
En julio, el Parlament también renovó a los siete miembros del pleno del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes (CONCA) después de que el gobierno de Torra llegara a un acuerdo con el PSC.
Los entes fiscalizadores, estancados
El problema es que mientras se desencallaban esas renovaciones, se acumulaban nuevos vencimientos o renuncias en órganos de fiscalización, es decir, en posiciones por tanto mucho más sensibles y cuya renovación resulta mucho más espinosa. Valga el caso de Parera o el del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, cuyo mandato expiró en marzo sin que todavía se vislumbre un sucesor en el horizonte.
Pero también el de la Sindicatura de Cuentas, el ente encargado de fiscalizar la gestión económica de la Generalitat, que ya tenía cuatro miembros pendientes de renovación, uno de los cuales ya había renunciado, y que ahora acumula tres vencimientos más y otra renuncia. Llueve sobre mojado y en el Parlament siguen sin coger el paraguas.
