Rafael Ribó: de liquidador del PSUC a coartada independentista

Poco puede sorprender a cualquiera que conozca mínimamente la trayectoria de Rafael Ribó que se haya prestado a rebajar su función como Síndic de Greuges al nivel de coartada para la enésima gesticulación del president Quim Torra, esta a vueltas con los lazos amarillos en los edificios públicos. Pese a que la primera vez que fue elegido, en 2004, los diputados de CiU en el Parlament, que se abstuvieron, fueron los únicos que no apoyaron su nombramiento, en sus 15 años como defensor catalán, y especialmente desde que arrancó el procés, se ha ido alineando progresivamente con las tesis soberanistas. Así que no cabía esperar otra cosa ahora que, a sus 74 años y con el mandato agotado, ya solo le queda esperar que la cámara catalana designe a su sucesor para irse a casa.

El nombramiento como defensor de Ribó fue una especie de reconocimiento a su trayectoria tras cuatro décadas de militancia en la izquierda catalanista. Proveniente de una familia tan burguesa que su padre fue secretario personal de Francesc Cambó, el líder de la derecha nacionalista que desde la Lliga financió a Franco, Ribó se hizo comunista y, a principios de los 70, tras dos años estudiando en Nueva York, se enroló en la Asamblea de Cataluña, que agrupaba a la oposición antifranquista.

Ribó se integró en aquel barro fundacional de toda la política catalana que ha venido después que fue el PSUC y, ya como secretario general, encabezó la implosión de la que surgió ICV, la formación que, encabezada por él, sublimó el cocktail de ecosocialismo y catalanismo hasta acabar fagocitada por los comunes de Ada Colau.

Pero para cuando se produjo el advenimiento de Colau, Ribó, que fue diputado en el Parlament de 1980 a 2003 salvo en el periodo 93-95 en el que ocupó escaño en el Congreso, ya hacía mucho que se había bajado del carro de la política activa y se había convertido en el tercer Síndic de Greuges de Cataluña tomando el relevo de Anton Cañellas.

Vendrell y Sànchez, fichajes de Ribó

También es el más longevo en el cargo. Ribó fue reelegido en 2010, esta vez ya con el apoyo de CiU, y con tan solo tres abstenciones y tres votos en contra, tras un cambio legislativo que alargaba de cinco a nueve años el mandato del defensor, a cambio de introducir una limitación que impedía repetir mandato, y que fue promovido por el diputado del PP Francesc Vendrell. Apenas medio año después de su reelección, Ribó fichó a Vendrell, que ahí sigue como director de Relaciones con Entidades y Empresas y con un sueldo de 91.975 euros al año.

No fue su único fichaje ese año. Ribó también reclutó como adjunto, con un sueldo de 112.000 euros, al hoy procesado Jordi Sànchez, que de ahí daría luego el salto a la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). También ahí había un agradecimiento a los servicios prestados: Sànchez había hecho de muñidor de su reelección, terciando para conseguir los votos convergentes que Ribó no había conseguido seis años antes.

El pasado jueves, según publicó El Món, Torra pidió vía Whatsapp al diputado Antoni Morral que consiguiera un tuit de Sànchez a favor del cambio de la pancarta en el balcón de la Generalitat, tras haber colgado la que exhibía un lazo blanco, y lo hacía apelando precisamente a su condición de exsegundo de Ribó. “Como exadjunto del Síndic supongo que debe de estar de acuerdo”, apuntaba el president, pese a que el defensor solo había recomendado retirar la pancarta, no sustituirla. En todo caso, Sànchez publicó el tuit.

Gràcies president @quimtorraipla per escoltar al Síndic. Fem del blanc un color excepcional per evitar l’enfrontament que alguns desitgen. https://t.co/iUtGsxqBqz

— Jordi Sànchez (@jordialapreso) 21 de marzo de 2019

El papel del Síndic como avalador de los planteamientos soberanistas viene de lejos. En sus tres lustros como defensor, no han faltado polémicas, como la generada por el medio centenar de viajes que efectuó entre 2010 y 2011 a cargo de la sindicatura, y que justificó en el Parlament por su cargo de presidente de la Junta Directiva Europea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI). Ni tampoco gestos para buscar protagonismo, que por algo Ribó se había pasado tres décadas en primera línea política, como aquella entrevista en la que afirmó que la confesión de Jordi Pujol no hacía más que confirmar lo que él ya hacía décadas que se olía.

Pero la muy activa trayectoria como Síndic de Ribo, que dice haber presentado en 1974 la primera tesis doctoral en catalán desde la Guerra Civil, ha estado marcada por la defensa cerrada de las políticas de inmersión lingüística. Y, en los últimos años, a esa militancia lingüística ha sumado una denuncia insistente de lo que él entiende que es una conculcación sistemática de derechos por parte del Estado para frenar el proceso independentista. En abril de 2017, presentó un informe en ese sentido titulado Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el reino de España, y en septiembre de ese mismo año, elevó esa denuncia a Europa.

En cambio, su reacción ante las denuncias de supuestas humillaciones de profesores a hijos de guardias civiles tras el 1-O, fue emitir un inforrme para negar la existencia de adoctrinamiento en las escuelas catalanas y criticar la judicialización del caso.

En las semanas previas al 1-O, insistió en que el referéndum, que ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, no era ilegal, sino que solo estaba suspendido. Y desde entonces, el énfasis lo ha puesto en censurar las cargas policiales de aquel día y la aplicación del 155, y en insistir en que los líderes independentistas encarcelados son presos políticos. PSC, PP y Cs le han reprochado su actitud y que no haya reprochado con la misma vehemencia al independentismo la aprobación de las leyes de desconexión en el pleno del 6 y el 7 de septiembre de 2017.

En nombre de Maragall

El penúltimo gesto en la cruzada soberanista de Ribó fue promover sendos comunicados en diciembre y enero firmados por todos los expresidentes vivos del Parlament y la Generalitat. El primero, para pedir a los presos independentistas en huelga de hambre que abandonaran la protesta, cosa que hicieron al día siguiente, y el segundo, para pedir al Supremo su liberación. Y, aunque solo aparecía su firma en el primero, en ambos se usaba el nombre del expresident Pasqual Maragall, enfermo de alzheimer desde hace más de una década, lo que provocó reproches del presidente del Colegio de Médicos, Jaume Padrós, y de la hija del expresident y la fundación que lleva su nombre, Cristina Maragall.

Estic molt a favor del contingut de la carta dels expresidents de la Generalitat en favor de l’excarceració dels presos polítics, però com a metge no puc acceptar que s’utilitzi el President Maragall que es troba afecte d’una malaltia que l’incapacita per prendre decisions

— Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) 16 de enero de 2019

El mandato de Ribó llegó a su fin a principios de marzo, pero para encontrarle sustituto es necesario conseguir una mayoría favorable al candidato de dos tercios del Parlament, algo que ahora mismo no parece nada fácil de conseguir. Además, el Síndic tendrá que ponerse a la cola: en Cataluña, como avanzó Economía Digital, hay una treintena de organismos públicos pendientes de renovación o constitución como consecuencia del bloqueo propiciado por el proceso independentista en el Parlament. Y, en total, ya se acumulan más de un centenar de miembros que siguen en sus cargos pese a tener su mandato agotado. En algunos casos, desde hace cuatro años.

Hasta que le toque turno, Ribó seguirá en funciones, y cobrando a razón de 129.058 euros anuales.