El parlamento catalán desiste de renovar los órganos de fiscalización

El parlamento catalán que preside Roger Torrent renovó en los dos últimos meses diversos organismos consultivos. Sin embargo, ha desistido de renovar organismos claves para la fiscalización de la política catalana pese a que sus miembros tienen el mandato caducado desde hace años. Se trata del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Cuentas, del Consejo de Garantías Estatutarias o de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), desde donde se gobierna TV3.

En estos momentos, no hay negociaciones para renovar los anteriores organismos ni tampoco nombres de candidatos sobre la mesa, según constata Marina Bravo, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos. Bravo atribuye esta parálisis a los dos socios del gobierno de Quim Torra. Como no se ponen de acuerdo, dejan estos órganos tal como están porque la mayoría de sus actuales miembros son fieles a las posiciones del ejecutivo catalán.

En cambio, se renuevan organismos menores. En junio, el parlamento renovó cuatro organismos consultivos de una tacada y por unanimidad: la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarías, el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, el Consejo Asesor del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y la junta del Memorial Democrático.

La renovación de estos consejos fue un simple trámite porque, según sus reglamentos, a cada grupo reglamentario le corresponde un miembro. Solo tuvieron que ponerse de acuerdo para cumplir con la paridad de género.

Recolocación de dirigentes

Algunos grupos aprovecharon el trámite para recolocar a dirigentes que ahora no ocupan cargo electo. Este es el caso de la exconcejal barcelonesa Gala Pin, que los comuns han situado en la Comisión de Control de Consultas Populares.

Hace unos días, el parlamento también renovó a los siete miembro del pleno del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes (CONCA) después de que el gobierno de Torra lo acordara con el PSC. Votaron a favor Junts per Catalunya, ERC y los socialistas; la CUP lo hizo en contra y el resto de grupos (Ciudadanos, Catalunya en comú y PP) se abstuvieron, aunque criticaron que no les tuvieran en cuenta.

Marina Bravo, de Cs, indica que la renovación del CONCA fue un “pasteleo”: el gobierno de Torra lo tiró adelante gracias a los votos del PSC, de manera que “al resto de grupos nos dejaron fuera”. No carga contra los miembros elegidos, sino contra el proceso que se siguió.

Entre los nuevos miembros del pleno del CONCA se encuentra la editora Núria Iceta –hermana del primer secretario del PSC, Miquel Iceta– o la escritora Vinyet Panyella –exdiputada convergente que durante décadas ocupó cargos de la Generalitat en el ámbito cultural–.

Los grupos del parlamento catalán tienen claro que la renovación de los organismos clave para la fiscalización de la actividad política se aplazarán a la próxima legislatura. Se requieren mayorías amplias que, en estos momentos, son casi imposibles.

La Sindicatura de Cuentas, en cuadro

El caso más clamoroso es el de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que controla el gasto de los partidos, las administraciones y empresas públicas. De los siete síndicos de su pleno, solo continúan cinco, todos con el mandato caducado desde hace más de dos años excepto uno, que le prescribe el próximo septiembre.

Los síndicos cobran una retribución cercana a los 111.000 euros brutos anuales. Su presidente, Jaume Amat, recibe un complemento de 845 euros mensuales.

Dos síndicos abandonaron su puesto sin que se haya cubierto su plaza: Andreu Morillas, que renunció voluntariamente cuando finalizó su mandato en enero de 2018; y María Ángeles Servat, que dimitió hace unos días después de que sus compañeros pidieran su cese fulminante. Acumuló bajas laborales en los dos últimos años.

La renovación de este órgano de fiscalización debe hacerse por una mayoría cualificada de tres quintas partes del pleno. O sea, con el voto a favor de 81 de los 135 diputados. No hay acuerdo para ello.

Ribó aguanta 15 años en el mismo cargo

Esta es la misma mayoría que requiere el cambio de sindic de greuges (equivalente al defensor del pueblo español). Rafael Ribó tiene el mandato caducado desde el pasado febrero. Sin embargo, su revelo va para largo. Sorprendentemente, se mantiene en este mismo cargo desde 2004, hace quince años, pero ya no lo puede renovar por otro mandato.

Mientras el parlamento no le designe un sucesor, Ribó seguirá como síndic de greuges en funciones con un sueldo de 129.057 euros brutos, que es la retribución estipulada para este 2019. Cobra más que un consejero de la Generalitat. La oposición parlamentaria acusa a Ribó, antiguo líder del PSUC y de ICV, de facilitar coartadas al independentismo por algunas de sus actuaciones.

El Consejo de Garantías Estatutarias tiene pendiente de renovar a cinco de sus seis miembros. Entre estos está su presidente, Joan Egea, al que le ha caducado el mandato. Este órgano se encarga de velar para que las leyes del parlamento catalán se adecúen a la Constitución y al Estatuto.

La retribución de sus miembros para este año es de 128.471 euros brutos anuales. Su presidente recibe un complemento de 8.840 euros.

Este consejo de juristas se ha declarado en repetidas ocasiones en contra de los planes del gobierno de la Generalitat, no solo por las leyes del ‘procés’, sino en cuestiones como las normas para los VTC o decreto de limitación de precios del alquiler de pisos por mencionar dos casos recientes.

En diversas ocasiones se ha abordado su renovación. Se estuvo a punto de conseguir un acuerdo parlamentario que garantizaba una mayoría de dos tercios en 2016, pero las negociaciones se fueron al traste con la deriva del gobierno de Carles Puigdemont. La renovación del Consejo de Garantías Estatutarias no está ahora sobre la mesa.

A finales del año pasado, los grupos de Junts per Catalunya, ERC y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para repartirse a partes iguales los seis miembros del consejo de la CCMA. Ciudadanos se comprometió a ceder uno de sus dos puestos al PSC. No obstante, el acuerdo no se consumó. Los trabajadores de TV3 rechazaron el reparto de sillas.

Renovación de «urgencia»

En enero, el parlamento catalán inició la tramitación con carácter de “urgencia” de la reforma de la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Sin embargo, la urgencia ha quedado en nada porque más de medio año después sigue sin renovarse el consejo de gobierno de la CCMA. La reforma de la ley supone profesionalizar su consejo. También implica recuperar las mayorías amplias –que fueron abolidas por el gobierno de Artur Mas en 2011- para nombrar a sus miembros.

Todo los miembros del consejo tienen el mandato caducado. La presidenta en funciones es Núria Llorach, con una retribución de 114.274 euros brutos anuales. Los cuatro consejeros actuales rondan los 110.000 euros.

El parlamento de Torrent no abordará la renovación de ninguno de los consejos pendientes en el pleno de esta semana, el último antes de vacaciones. Tampoco en el de septiembre, que se destinará al debate de política general. Probablemente, quedarán para después de las elecciones catalanas.