Cataluña tiene 30 órganos públicos pendientes de renovación

Una treintena de organismos públicos permanecen en Cataluña pendientes de renovación (o de constitución) como consecuencia del bloqueo propiciado por el proceso independentista en el Parlament de Cataluña. En total, ya se  acumulan más de un centenar de miembros que siguen en sus cargos pese a tener su mandato agotado. En algunos casos, desde hace cuatro años.

La CCMA y el CAC, empantanados

El caso de bloqueo más conocido, y el que ha suscitado más debates y más literatura, es el de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que tiene pendiente la renovación de los seis miembros de su consejo de gobierno, incluida la presidenta, Núria Llorach, que en junio asumió el cargo en funciones tras la renuncia de Brauli Duart.

La renovación del equipo directivo se suponía que iba ir de la mano de una reforma legislativa para ampliar los consensos necesarios para la designación del presidente y el resto de la cúpula de la CCMA, pero los socios que integran el govern de Quim Torra, Junts per Catalunya (JpC) y ERC, no se ponen de acuerdo en los nombres, o, lo que es lo mismo, en cómo repartirse el control de los medios públicos, así que sus discrepancias han dejado en el limbo los cambios legales y mantienen igualmente empantanada la elección de un nuevo consejo.

De la mano de ese bloqueo van también el del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de la CCMA y el del CAC

De la mano de ese bloqueo van también el del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de la CCMA, cuyos 16 miembros están pendientes de renovación —en algún caso, desde 2016— y el de la renovación de tres de los seis integrantes del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), incluido su presidente, Roger Loppacher, cuyo mandato acababa el verano pasado, y que ha convertido en norma el uso de su voto de calidad para decantar resoluciones del ente fiscalizador.

Aún hay un último organismo audiovisual, el Consejo Asesor de RTVE en Cataluña con los mandatos de todos sus miembros —13, designables por el Parlament— caducados, en algún caso, desde 2014. 

Tareas pendientes del Parlament

La lista de tareas pendientes que se le acumulan al Parlament apabulla. El Consejo de Garantías Estatutarias, encargado de velar por que las leyes se adecúen a la Constitución y el Estatut, tiene pendiente renovar a cinco de los seis miembros de designación parlamentaria; la Sindicatura de Cuentas, a cuatro de sus siete integrantes; el pleno del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA), a cinco de siete; la Comisión Ejecutiva de la Junta de Museos, a tres de cinco; el Consejo Catalán de Fomento de la Paz, a cuatro de siete;  la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública, a tres de cinco, y en el Consejo Superior de Cooperación y en la Comisión de Control de las Consultas Populares no Referendarias, hay pleno de cargos caducados.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos tampoco ha actualizado su dirección, ni tampoco la Oficina Antifrau

También son varios los consejos asesores empantanados. El del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y el del Instituto Catalán de Finanzas tienen pendiente renovar a sus seis miembros desde 2016 y 2017, respectivamente, el del Síndic de Greuges para la prevención de la tortura ha de renovar a dos de sus doce integrantes, y los tres miembros del consejo asesor de Protección de Datos de Cataluña también deberían haber sido renovados el año pasado.

De hecho, la Autoridad Catalana de Protección de Datos tampoco ha actualizado su dirección, ni tampoco la Oficina Antifrau. En el primer caso, tocaba hacerlo el año pasado; en el segundo, en 2016.

Los estancamientos se extienden a los dos miembros que el Parlament designa en los consejos sociales de las universidades. Y eso vale para los de la Rovira i Virgili, la UAB, la UB, la UPC, la Pompeu Fabra, la UdG y la Universitat de Lleida, y también para el Consejo de la Fundación para la Universitat Oberta de Cataluña.

Organismos no natos

La parálisis afecta igualmente a organismos de nueva creación que no han llegado a constituirse. Es el caso de la Agencia Catalana de Protección Social o el Consejo Fiscal de Cataluña, órganos cuya creación aprobó el Parlament a finales de la pasada legislatura pero quedó bloqueada de forma cautelar por sendos recursos al Tribunal Constitucional (TC) del gobierno de Mariano Rajoy que Pedro Sánchez se ha comprometido a revisar. También fue bloqueada en el TC la ley que preveía la creación de un Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, pero el alto tribunal levantó la suspensión en abril.

Pero no todos los casos son atribuibles a los recursos de Rajoy al Constitucional. La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que el Parlament aprobó en 2014 preveía la creación de un órgano colegiado con capacidad sancionadora y que sería designado al inicio de cada legislatura, pero hasta ahora, tampoco se ha constituido.