El Parlament da un revolcón a Quim Torra con el decreto del alquiler
El Govern se queda solo y no consigue salvar la norma que pretendía regular el precio de los alquileres, que tampoco se tramitará como proyecto de ley
De nada sirvió la petición in extremis de la consellera de Justicia, Ester Capella, a la CUP y Catalunya en Comú Podem (CECP) para que se abstuvieran y permitieran así que el decreto ley de la Generalitat para regular los precios de los alquileres pudiera tramitarse a partir de ahora como proyecto de ley. No, no hubo vuelco de última hora, y la oposición en pleno, como se esperaba, tumbó este miércoles el decreto con el que el gobierno catalán pretendía abrir la puerta a regular el precio máximo de los alquileres en determinadas zonas.
El decreto solo contó con el apoyo de los dos partidos del govern, Junts per Catalunya (JpC) y ERC. Todos los demás votaron en contra, con lo que el texto, aprobado por el Govern en plena campaña electoral y que requería de la convalidación del Parlament, queda en nada. El desenlace, demás de evidenciar la improvisación con la que se elaboró la norma, constata una vez más, la impotencia del ejecutivo de Quim Torra, sin apoyos para llevar adelante sus políticas, y la parálisis institucional que de ello se deriva.
Capella apeló a la ideología de los comunes y la CUP y les pidió no alinearse con «el bloque» de los partidos y las organizaciones que abogan porque «el mercado se regula solo». Bloque en el que introdujo a PSC, Cs y PP, pero también al Banco de España, Foment del Treball, la Cambra de la Propietat o la Autoridad Catalana de la Competencia, entidades que también se han significado contra el contenido de la norma.
La consellera se permitió incluso enmendar la plana al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el organismo consultivo encargado de avalar que cualquier nueva norma del Parlament encaje en el Estatut y la Constitución, y que determinó que el núcleo duro de esta no lo hacía al invadir competencias estatales. De nada le sirvió, tampoco.
Comunes y la CUP hacen oídos sordos
Sus dos principales interpelados para salvar la pelota de partido hicieron oídos sordos. La portavoz de los comunes, Susanna Segovia, reprochó a ERC que a la hora de tirar adelante la medida, solo buscara «el apoyo de sus socios de gobierno» de JpC. «Esto no se arregla con una tramitación como proyecto de ley, porque es un problema de modelo», concluyó, y recordó a la consellera que también el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) rechazaron el decreto, antes incluso de que lo hicieran las entidades de lo que Capella llamo «el establishment». «No podemos enmendar un decreto del que no compartimos nada», zanjó Maria Sirvent, de la CUP.
La socialista Rosa María Ibarra acusó a los partidos del govern de electoralismo y de buscar la confrontación con el estado, al plantear una norma que el CGE advierte que invadiría competencias, y les instó a que, si realmente están interesados en corregir los excesos del mercado del alquiler, planteen una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Manuel Rodríguez, de Cs, tachó la norma de «populista, demagógica y sin futuro». «Hagan política públicas de vivienda e intenten no culpabilizar a la oposición de sus errrores, le espetó a Capella Esperanza García, del PP.
Recorrido accidentado
El fallido decreto no ha podido tener un recorrido más accidentado desde su gestación, que propició un agrio enfrentamiento entre dos departamentos de la Generalitat, el de Justicia, controlado por ERC, y el de Territorio y Sostenibilidad, en manos de JpC. Los de Oriol Junqueras querían acelerar la presentación del decreto, y hacerlo en plena campaña de las municipales y europeas. Y en JpC no había tanta prisa.
Al final, ls primeros consiguieron su objetivo y el texto se presentó a cinco días de la doble cita electoral del 26-M, pero no satisfizo a nadie. La puntilla la dio el CGE, pese a que sus dictámenes no son vinculantes. El decreto sirvió como mensaje electoral, pero nacía muerto. El Parlament este miércoles solo ha expedido el certificado de defunción.
