Las comunidades del PP preparan una batería de ofensivas judiciales contra la ‘Ley Celaá’

La oposición al completo —Partido Popular, Ciudadanos y Vox— llevará al Tribunal Constitucional la recién aprobada ley educativa denominada ‘Ley Celaá’ o LOMLOE, pero el PP, con los mandos de varios gobiernos autonómicos, también ha comenzado a trabajar en varias ofensivas judiciales desde estos ejecutivos.

Si bien, los plazos en Justicia para resolver esta cuestión no son los deseados por la oposición y antes de tener que aplicar dicha norma en las comunidades gobernadas por la derecha, el PP ya ha ordenado a los servicios jurídicos que le asesoran en sus territorios que estudien el ‘abanico judicial’ que sería posible aplicar para sortear la ‘Ley Celaá’.

¿Una contrareforma? ¿Aprobar leyes o actos dispositivos para esquivar determinados preceptos? Economía Digital habla con las distintas comunidades para conocer cómo están trabajando porque no todas lo hacen de la misma forma y en Extremadura incluso estudian el pacto con el PSOE.

Medidas en las comunidades del PP

Las comunidades del PP ya se han puesto de acuerdo para sortear los aspectos más dañinos de la nueva ley de educación. Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León confirman a ED que se encuentran estudiando las ‘vías judiciales’ que se pueden aplicar o incluso dejar sin aplicación algunos pretextos que consideren más controvertidos.

«Si movilizamos leyes o decretos, el Gobierno podría recurrirlos ante el TC y, si por el contrario, hacemos caso omiso a algún aspecto, la Alta Inspección del Estado podría detectarlo», explican fuentes populares.

De ahí la complejidad y que los populares se estén dando un tiempo para estudiar el marco de la norma, una vez aprobada, y cómo se podría sortear sin ser revocada. 

Madrid, la más avanzada 

La Comunidad de Madrid es la que más avanzada va respecto a este estudio de las medidas jurídicas a tomar para esquivar la ‘ley Celaá’. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya anunció este domingo que su gobierno presentará «una ley para brindar la libertad de elección en las familias».

La líder autonómica ha advertido al Gobierno central de que llevarán «a todos los tribunales, a todas las instancias que sea necesario esta defensa constitucional por el derecho a elegir». 

El proyecto de ley que busca Ayuso recogerá en el ordenamiento de la Comunidad de Madrid la regulación de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de «normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo», tal y como explican desde su gabinete. 

La futura normativa incluirá que la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales es la creación de «centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos», mientras que cuando estos manifiesten necesidades educativas especiales, que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial, explican. 

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, advierte que un punto a favor de la Comunidad reside en «la ambigüedad con la que está redactada la norma». Esto permitirá que algunos puntos claves, como los que afectan a la educación concertada o la especial, no se apliquen si una comunidad no quiere, señala. 

Murcia, con la vista puesta en Madrid 

En Murcia mantienen la vista puesta en lo que está estudiando Madrid para sortear ciertos aspectos de la norma. Su presidente Fernando López Miras ya ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la ‘Ley Celaá’ e intentará no aplicarla porque «es un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo, a los centros de educación especial y carece de diálogo».

Los populares informan que los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma ya buscan opciones que permitan no aplicar la ley, al igual que Madrid.

«Por un lado, estamos estudiando la presentación de cualquier recurso que sea necesario ante los tribunales y, por otro, ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examinen y analicen todas las opciones jurídicas para que en la Región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad», anunció López Miras. 

Castilla y León insiste en «contar con todos»

Por su parte, Castilla y León también seguirá la línea de sus compañeras y estudian medidas a tomar. La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, asegura que «es una ley que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa» e insiste en el deber de «contar con todos» para «no dejar a nadie atrás, como bien asegura el Gobierno y no lo cumple». 

Andalucía luchará «por las familias»

El gobierno andaluz permanece atento a las instrucciones de sus compañeros de partido. El consejero de Educación, Javier Imbroda ha sido muy tajante en sus manifestaciones sobre la Lomloe. «Por ahí no vamos a pasar», asegura.

Según el dirigente, los aspectos más controvertidos de la norma «chocan con la política educativa que impulsa el Gobierno andaluz» y, según señaló, «vamos a luchar para que las familias, sin ningún tipo de complejos, puedan optar al modelo educativo que quieran para sus hijos».

«No hemos tenido ninguna comunicación, ningún diálogo, no se ha convocado ninguna conferencia sectorial con los consejeros para analizar o consensuar la ley», apuntó Imbroda llamando a las asociaciones y al mundo académico a participar. 

Extremadura: Monago busca un pacto con Vara 

La comunidad que más ha sorprendido hasta el momento sobre este asunto ha sido Extremadura. Este lunes, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha ofrecido al jefe del Ejecutivo autonómico, el socialista Guillermo Fernández Vara, sentarse a negociar juntos una adaptación de la Ley de Educación a la ‘Ley Celáa’ sin «trincheras», ni «imposiciones» y permitiendo «la libertad» en la elección educativa por parte de las familias.

El popular prefiere ofrecer a Vara repetir el consenso alcanzado entre PSOE y PP en 2010, que ir a los tribunales. Eso sí, Monago recalca sin «cavar trincheras ideológicas».

Monago consideró, este lunes en rueda de prensa, que una ley de Educación en España «nunca más que ahora ha tenido claramente un perfil de sesgo ideológico» que la aprobada por el Gobierno central, porque «nace sin consenso» y «está abocada al fracaso».

El popular ha solicitado a Vara que se sienten para acordar «una nueva ley en Extremadura como ya hicimos en 2010. Una ley que le valió a él para gobernar y a mí para gobernar sin tener que cambiarla, y que le volvió a valer a él para volver a gobernar sin tener que cambiarla».

Así, confía en que Fernández Vara «no le tenga miedo al tirón de orejas de Ábalos como hace poco lo tiró de las orejas por unas declaraciones que hizo», porque «quien nos va a tirar y nos va a doler de la oreja van a ser los extremeños si al final no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo que estábamos ya de acuerdo que es el marco del ámbito legislativo de la educación en Extremadura», para «apostar por la educación pública, por la concertada, por la especial, para apostar por la libertad de elección de los padres», explicó Monago. 

Los populares extremeños han registrado, además, una propuesta de pronunciamiento para su debate en la Asamblea regional con el objetivo de «garantizar el derecho de la familia a elegir el modelo educativo y el centro donde quiere escolarizar a sus hijos», y para que «también exista en el sistema educativo centros de enseñanza diferenciada».

El PSOE contesta 

Los socialistas ya han contestado a este frente del PP en sus respectivas comunidades para no aplicar la ‘Ley Celaá’. «Las leyes orgánicas como la ley de educación aprobada por mayoría absoluta, no se puede cuestionar su aplicación en ninguna comunidad autónoma», advirtió este fin de semana la diputada socialista y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo. 

De Ciudadanos a Vox

Desde Ciudadanos recuerdan que los socialistas ya rechazaron las dos propuestas presentadas por su partido en cuanto a la ley de educación. 

La formación de Inés Arrimadas pidió recoger en la ley la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza y que se blindara el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial. 

Por su parte, «Vox lo tiene claro desde el principio», señalan. El partido de Santiago Abascal llevará la norma al Constitucional porque considera que va «en contra de las clases desfavorecidas. Han creado unos niveles de exigencia mínimos que ofrecen un sistema asistencial que rompe la labor de ascensor social del sistema educativo», responde Joaquín Robles. 

El portavoz Iván Espinosa de los Monteros critica que «muchos de los corresponsables de la situación» estén protestando hoy contra esta ley. «Algunos incluso que gobiernan en comunidades autónomas donde se ponen en práctica exactamente las mismas medidas que están criticando de la ‘Ley Celaá’, hoy pretenden protestar contra esta ley», zanjó.