El código ético de Podemos obliga a Pablo Iglesias a renunciar a su aforamiento
Podemos exige a todos sus cargos públicos renunciar al "acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial"
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (i) conversa con el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique (d) durante el pleno celebrado en el Congreso
Todos los titulares de cargos públicos designados por Podemos «deberán aceptar» la «renuncia» al «acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial» o «a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición». Así lo establece el código ético vigente del partido de Pablo Iglesias, a quien el juez titular de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no puede investigar por el caso Dina debido a su condición de aforado (cuyos casos dependen del Supremo).
Más allá de los intentos previos de Podemos y las numerosas declaraciones de sus dirigentes a favor de acabar con los aforamientos, es el propio documento ético de su formación el que obliga al vicepresidente segundo del Gobierno a renunciar a este «privilegio».
También lo exige así a sus demás representantes electos, en aras de «garantizar que la política deja de ser una actividad al servicio de intereses privados».
La versión más reciente del código ético de Podemos, recogida en su web de transparencia, fue aprobada este pasado mayo, en la tercera asamblea ciudadana del partido, en la que también se derogó el tope salarial de los cargos públicos e internos, se cambiaron los estatutos, se avaló el desempeño de más de una función pública y se eliminó la obligación de dimisión que se imponía a todos los dirigentes «imputados».
El documento ético cobra relevancia ahora porque, en contra del criterio de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional —el mismo que hace unas semanas imputó a Jorge Fernández Díaz por la trama Kitchen— ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (con agravante de género), daños informáticos y acusación o denuncia falsa, por su implicación en el caso Dina.
El magistrado García Castellón también ha pedido al alto tribunal que se impute a la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y a su marido, así como al equipo jurídico de Podemos.
Con respecto al vicepresidente segundo del Gobierno, si el Supremo acepta abrir una causa para investigarle, por su condición de aforado le invitará a declarar voluntariamente. Si se niega, podría pedir un suplicatorio al Congreso para levantar su inmunidad aunque Podemos confía en su fluida relación con formaciones soberanistas y con sus socios de gobierno para superar el trance.
El último suplicatorio que el Supremo trasladó al Congreso fue aprobado con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos. Fue el de Laura Borràs, portavoz de JxCat investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude público, malversación y falsedad documental. En esa ocasión, también votaron «sí» PP, Cs y Vox, mientras que JxCat y PNV votaron «no», y ERC, EH Bildu y la CUP se ausentaron de la votación.
Además de Iglesias, otra dirigente de Podemos a la que se pide investigar es la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo, que también tiene condición de aforada. La exmiembro del equipo jurídico de Podemos es acusada de falso testimonio en el caso Dina.
Un tercer diputado de Podemos está en peligro de suplicatorio ahora mismo, aunque por otros motivos. El secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez, es objeto de una causa abierta por el Supremo por supuestos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones en una manifestación en 2014.
La relación amor-odio de Podemos y los aforamientos
El documento ético vigente de Podemos no es el primero que recoge su veto a sacar provecho de los aforamientos. Históricamente, esta ha sido una de las principales reivindicaciones políticas de Iglesias y el universo morado, toda vez que es un recurso útil en su pulso contra la Monarquía y contra determinados rivales políticos. Su programa para las elecciones del 10-N recogía, por ejemplo, el compromiso de «suprimir los aforamientos».
Pedro Sánchez diluyó esa aspiración de Podemos, dado que el pacto de coalición apostaba por una reforma constitucional «para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público».
Para el PSOE, la inmunidad de los cargos públicos no es tampoco una preocupación gravísima, puesto que no la menciona en ningún capítulo de su propio código ético, actualizado en 2014.
Pero los frentes judiciales de su socio de gobierno son ya ineludibles para Sánchez. El PP le presiona para que cese a Iglesias, y sugiere que, de no estar aforado, ya estaría imputado.
Una condición, la de aforado, que el juez García Castellón menciona en repetidas ocasiones al señalar «la existencia de indicios razonables de la participación delictiva» por parte del vicepresidente segundo del Ejecutivo y secretario general de Podemos.
Pese a su discurso en contra de estos «privilegios», ya en el pasado el aforamiento ha salvado a representantes de Podemos de otros problemas judiciales.
En 2019, un juzgado de instrucción de Madrid dio marcha atrás tras haber citado como investigados a los diputados morados Rafael Mayoral, Antón Gómez Reino y la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al comprobar que estaban aforados por estar en la Diputación Permanente del Congreso.
Un año antes, el primer Gobierno de Sánchez propuso una reforma constitucional para limitar los aforamientos, pero Podemos —que había sido socio del PSOE en la moción de censura e iniciaba entonces su relación más activa con Sánchez— se desmarcó porque no afectaba a la Monarquía.
Ahora, que está en el Ejecutivo, Iglesias ha impulsado sendos debates en La Moncloa sobre su sugerencia de poner fin a la inviolabilidad del Rey.
