El juez del caso Dina pide al Supremo la imputación de Pablo Iglesias

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por su papel en el caso Dina, cuyo origen es el robo de un móvil de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, que acabó en manos del excomisario José Manuel Villarejo. El magistrado solicita la imputación del vicepresidente segundo del Gobierno por una presunta comisión de delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y delitos de daños informáticos.

Esto ocurre justo tres semanas después de que la Audiencia Nacional devolviera al líder de Podemos la condición de perjudicado en esta pieza y revocara la decisión del juez García Castellón de retirar la condición de víctima de Iglesias.

La exposición razonada del magistrado incluye también a Gloria Elizo, directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidente del Congreso; a Marta Flor y Rául Carballedo, letrados de esta formación; así como a la propia Dina Bouselhan y a Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

El juez considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. El robo del móvil, que se produjo el 1 de noviembre de 2015, dos meses antes de la llamada a las urnas, contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años después, el 3 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda del excomisario en la que aparecen un disco duro con dos carpetas llamadas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3.

De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto Pozas y el subdirector, Luis Rendueles, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Planeta.

Iglesias se guardó la tarjeta sin decírselo a Dina

Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Iglesias recibió del director del Grupo Planeta, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, explica el auto.

«Iglesias guardó la tarjeta en su poder sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas»

Esta acción, continúa la resolución, puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.

El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que, si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017.

El líder de Podemos tenía la tarjeta cuando OK Diario usó imágenes

El magistrado apunta como otro hecho relevante queque durante los días 21 y siguientes del mes de julio de 2016 se publicaron el Ok Diario varias noticias a las que se acompañan imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. En ese momento Iglesias tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora, asevera el juez.

«A sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OK Diario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial»

“A sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OK Diario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”, insiste el auto. Al respecto, el juez apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.

Revelación de secretos con agravante de “razones de género”

Los hechos que rodearon al robo del móvil de la exasesora de Iglesias, según el juez se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal que sanciona a quien, sin estar autorizado se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos.

Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del art 22.4 del código Penal, porque “el hecho se habría cometido por razones de género”.

«Se podría apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias»

Después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre este delito, el juez concluye que se podría “apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información de carácter íntimo y personal de Dina B.”.

Delito de daños informáticos

El magistrado indica que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala de lo Penal ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado. “Esto no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial en el que nos encontramos, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD”, señala.

De lo actuado hasta el momento se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la micro tarjeta de memoria en buen estado, que se la llevó y que durante un tiempo la tuvo en su poder; que no consta que la compartiera con nadie más; la misma tarjeta, añade el juez- que recibe del director del Grupo Planeta- es la que entregó a Bouselhan, que trató de recuperar los datos y que sigue sin funcionar.

García Castellón considera que ahora debe ser el órgano competente el que decida si practicaba más diligencias para concretar cómo se dañó la tarjeta

Acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio

El juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.

El magistrado relata que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.