La inflación complica la estrategia presupuestaria del Gobierno

Nadia Calviño ha abierto esta semana una nueva fisura dentro del Gobierno al poner sobre la mesa que va a ser necesario hacer algunos esfuerzos de cara a los Presupuestos de 2021 y que estos podrían venir por dejar congelado el sueldo de los funcionarios; a falta de otras iniciativas por recortar el gasto improductivo.

La propuesta de la vicepresidenta económica, que mantiene en tensión y ha provocado casi un desmentido de Carmen Calvo (encargada de velar por mantener vivo el pacto con Unidas-Podemos), no parece tan descabellada teniendo en cuenta que la propia evolución de los precios ya los congelaría de facto; incluso ganarían poder adquisitivo sin que se aplique ninguna subida en el caso de que la inflación termine el año en negativo. En agosto, se colocó en el -0,6%.  

Lo mismo sucedería con las pensiones. Aunque el ministro Jose Luis Escrivá consiga su objetivo de tumbar el modelo del Partido Popular y ligar por ley las pensiones al IPC (a ver cómo convence a Europa de que la Seguridad Social no es un problema para las finanzas públicas españolas y que repartiendo los gastos impropios a otros ministerios el sistema por el momento aguanta), el esfuerzo este año puede quedar en nada y, sin embargo, complicar las cuentas públicas en 2021.

La economía en 2021, pendiente de la vacuna

Perdido el año 2020, los economistas están fijándose en 2021. Y los escenarios son muy distintos dependiendo de cuándo exista una vacuna efectiva. Si llega antes de Semana Santa, el sector turístico -y con él la economía española- debería florecer. Pero si continúa limitada la movilidad internacional y nacional por el coronavirus, es probable que nuestra economía siga sin conseguir recuperarse con fuerza y relanzar el empleo.

Desde Funcas reconocían a Economía Digital hace unos días que las previsiones económicas para el próximo año están ligadas a la vacuna; lo que es un factor incertidumbre. Esta situación nos podría dejar un crecimiento más leve del previsto anteriormente, pero, sin embargo, algo más inflacionista. Solo por el efecto estadístico, sin otra crisis energética, es probable que el año que viene los precios vuelvan al terreno positivo.

En este contexto, adoptar comprosimos de revaloración de pensiones y retribución a funcionarios -que aumentará el gasto- podría presionar más al déficit y a la deuda y son difícilmente vendibles en Bruselas. La presión empresarial y de los sindicatos para que se mantengan los ERTE es muy fuerte; pero es una medida con un coste muy alto para las cuentas públicas.

De hecho, el Gobierno estaría planteando que la revisión de los nuevos expedientes consuman paro; algo que es una mala noticia para los trabajadores afectados, que comenzarán a perder los derechos acumulados. No obstante, es una medida debería incentivar la búsqueda activa de empleo, aunque el mercado laboral sigue estando muy tocado. 

Sin un mercado de contratación dinámico -que no parece que todavía exista- es previsible una deflación salarial; con el efecto que esto conlleva en ingresos públicos vía IRPF o IVA, si evita una reactivación del consumo. Todo un reto para compensar el incremento de gasto que podría venir por las pensiones o los funcionarios si se compromete ahora una subida de salarios ligada el IPC, que con mucho sentido común Calviño está tratando de posponer para más adelante.

Agosto, quinto mes de inflación negativa

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantaba que, en agosto, la tasa de inflación se mantenía por quinto mes en niveles negativos. La mayoría de economistas cree que será una situación pasajera, pero por ahora es un motivo de preocupación para el saldo de intereses que pagamos, que es creciente.

De acuerdo con datos del Tesoro, el interés medio de la deuda que paga España es del 1,94%. Con inflación negativa, el esfuerzo económico para el abono de intereses aumenta y es especialmente crítico cuando el ritmo del endeudamiento del Estado es tan elevado como el que estamos viviendo este año.

A falta de todas las emisiones que vengan en los próximos meses, teniendo en cuenta las previsiones económicas del Gobierno, los objetivos de deuda para este año ya se han igualado o, incluso superado, si finalmente las estimaciones se revisan a la baja.

Según avanzó José Luis Escrivá en su intervención en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo esta semana, el Ejecutivo debería enviar la revisión de su plan presupuestario a mediados de octubre; que se teme que adelante un panorama económico más negativo para este año que en mayo y dónde ya debería ponerse sobre la mesa alguna concreción clara sobre hasta dónde irá 

Una primera pista sobre ello nos la dará el Banco de España, previsiblemente, la semana que viene. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado sus previsiones para el conjunto de la zona euro, son varias las voces -entre ellas la de la OCDE– que están advirtiendo que la economía española se está quedando rezagada de la recuperación que viven otros países de la zona euro; por lo que no se descarta que los escenarios que presente la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos sean más negativos que los de junio.

Funcas ya ha reconocido que es muy previsible que empeoren tanto en la caída del PIB, como en el déficit. La fundación también publicará el cambio en las estimaciones del papel que elabora a lo largo de los próximos días.

En una campaña electoral continuada

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han mantenido durante años el discurso de que cuando gobernaran darían marcha atrás a las políticas de austeridad del Partido Popular. La realidad del coronavirus, sin embargo, está poniendo en jaque ese objetivo y lo normal es que a lo largo de la legislura se tengan que adoptar medidas en la línea del que vimos en la anterior crisis para adaptar el déficit estructural, que rondaría el 3%, y que está engordando con el aumento de la carga de intereses.

Aunque el presidente del Gobierno continuamente manda el mensaje de que el gobierno pretende agotar la legislatura, el rifirrafe ideológico que mantienen PSOE y Unidas Podemos de manera continuada mantiene al Gobierno en una situación de marketing político preelectoralista todos los días.

El voto de funcionarios y pensionistas es muy relevante y, de hecho, las primeras medidas del Gobierno de coalición tuvieron a estos dos colectivos como objetivo. En enero, el Consejo de Ministros aprobó tanto la subida del 0,9% de las pensiones, como el incremento en un mínimo del 2% del sueldo de los empleados públicos. 

Mantenerlos contentos por si las elecciones se adelantan, parece crítico tanto para el PSOE como para Unidas-Podemos.