El Banco de España y Funcas advierten que los ERTE deben caducar

Lo que parecía un rifirrafe entre los empresarios y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al respecto de los ERTE antes de que Europa diera el visto bueno al fondo de reconstrucción, se ha convertido en un intercambio de mensajes en el que cada vez hay más consenso sobre la necesidad de prorrogarlos.

La reunión este viernes entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios debería dar luz a una ampliación hasta diciembre. También está sobre la mesa modificar las prestaciones para que no se reduzcan en el caso de los trabajadores que no han podido abandonar su ERTE desde marzo-abril (se calcula que unas 800.000 personas) o dar luz verde a una ampliación más larga en el tiempo para sectores especialmente dañados por la crisis, como el turístico. 

Con toda la batería de apoyo financiero que ha puesto en marcha la Unión Europea y el mandato de gastar lo que sea necesario para sostener la economía hasta que exista visibilidad sobre cuándo llegará una vacuna que permita que la economía se reabra plenamente, el Gobierno ha relajado su pulso con los empresarios.

ERTE sí, pero ¿hasta cuándo?

Esta flexibilidad, sin embargo, está matizando el discurso de algunas instituciones que hasta el momento habían defendido que los ERTE eran imprescindibles, pero que ahora temen que se enquisten sine die, engordando todavía más el endeudamiento de España que antes o después habrá que drenar.

«Los ERTE son necesarios, pero no se pueden mantener para siempre», señala María Jesús Fernández Sánchez, economista senior de Funcas. «Son mecanismos muy caros, que solo tienen sentido si  la empresa es realmente viable». «Si me pregunta si deben continuar todo 2021; la respuesta es que no», añade. «No es lo mismo que acabemos con un endeudamiento de un 120 que de un 130%», apostilla.

Funcas no es la única institución que en los últimos días ha abierto este debate. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también ha reconocido que antes o después el Estado tendrá que retirar la respiración asistida al conjunto del tejido empresarial y necesariamente tendrá dejar que algunas empresas mueran de forma natural.

«Si la pandemia provoca cambios estructurales en nuestra economía, por las modificaciones en los hábitos de consumo y la digitalización, se debe evitar que la extensión de los ERTE los impida», avanzó Pablo Hernández de Cos este martes.

El gobernador, sin embargo, no cree que el calendario de la retirada de los ERTE deba ser inmediato y lo pospuso al menos hasta que se cuente con una vacuna. Además, cree que el proceso requerirá de un seguimiento muy cercano, incluso «mes a mes».

ERTE y afiliación, mala balanza política

Al cierre de agosto, España había perdido más de 500.000 afiliados a la Seguridad Social en un año y los mensajes que llegan desde los indicadores adelantados no son especialmente positivos para nuestra economía. Este mismo jueves, Markit adelantaba que el sector servicios había vuelto a contraerse en agosto.

Los rebrotes de coronavirus, que ha acortado la temporada turística, no están ayudando a que los empresarios recuperen la confianza y esto es un lastre para el empleo; porque frena tanto la inversión, como las contrataciones.

María Jesús Fernández Sánchez reconoce que las perspectivas para el empleo en lo que queda de 2020 son menos dinámicas, aunque también apunta que la evolución hasta agosto ha sido más positiva de lo previsto.

Funcas adelanta que los rebrotes que se están produciendo van a provocar una revisión a peor tanto de las estimaciones de PIB, como del déficit. Sobre 2021, Fernández reconoce que falta visibilidad y que es probable que las estimaciones difieran dependiendo de la fecha en la que los analistas pronostiquen la existencia de una vacuna. «Si llega en primavera, la evolución de la economía no va a ser la misma que si se retrasa a otoño», explica la economista.

En un contexto de debilidad económica, los ERTE actúan como una herramienta para salvar afiliados a la Seguridad Social; lo que puede ser un hándicap para saber gestionar su retirada, porque tendrá implicaciones políticas porque impulsará el desempleo.

El impacto hubiera sido más digerible si el Estado tuviera en este momento un sistema de empleo más efectivo, que ayudara a que los trabajadores pudieran actualizar sus capacidades para recolocarse con más facilidad. «Es una reforma que llevamos reclamando muchos años, que hubiera sido muy útil en este contexto, pero que desafortunadamente ahora no va a dar tiempo a poner en marcha», apunta Fernández Sánchez.