La Generalitat pide el concurso culpable de la CCC
El juez recibe tres alegaciones pidiendo que el concurso de la Confederació de Comerç se declare culpable, por lo que investigará si hubo gestión negligente
Miquel Àngel Fraile, Rosa Eritja y el resto de la cúpula de la quebrada Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) están cada vez más cercados por la justicia. Existe al menos una denuncia contra ellos, por su gestión al frente de la que era la patronal mayoritaria del comercio en Cataluña, y ahora la Generalitat también apunta hacia ellos y los ha señalado ante el juez que lleva el concurso de la organización, que tendrá trabajo.
La consejería de trabajo de la Generalitat ha pedido formalmente al juez que declare culpable el concurso de la CCC, según ha podido saber Economía Digital y han confirmado fuentes de la consejería. En realidad, hasta tres acreedores han solicitado el concurso culpable ante el juzgado mercantil número 2 de Barcelona, según fuentes judiciales, y uno de ellos ha sido el gobierno de Puigdemont, al que la CCC debe más de 900.000 euros entre fondos de formación y un crédito impagado al ICF.
Desde trabajo de la Generalitat, consejería que lidera la exsindicalista de UGT Dolors Bassa, han explicado que han solicitado el concurso culpable de la patronal de los comerciantes catalanes ante las sospechas fundadas de “una actuación dolosa que consideramos que puede haber incidido en el estado de insolvencia” de la organización. Dicha actuación dolosa es la gestión de los fondos para formación, con los que se sospecha que se financió la patronal y cuyo descenso habría provocado su quiebra.
La Generalitat, acreedora de la CCC, quiere que se investigue el destino de los fondos de formación
Al gobierno catalán no le ha temblado el pulso. Solicita la calificación culpable del concurso como acreedor de la CCC pero juega un doble papel. Además del de acreedor, también defiende que se aclare el destino de los fondos para formación, algo sobre lo que históricamente ha habido cierta polémica y que las administraciones están intentando resolver.
De hecho, al inicio del proceso concursal, la consejería ya movió ficha poniendo en conocimiento de la fiscalía las quejas recibidas por los centros de formación, a los que la CCC dejó a deber 1,6 millones retenidos en concepto de garantía. Estos fondos, a priori reservados, desaparecieron. La fiscalía abrió investigación pero la paró al constatar que ya existía una querella por la misma causa, como informó este medio.
CCC: si el concurso es culpable, los responsables se juegan la inhabilitación y sus patrimonios
Las alegaciones pidiendo el concurso culpable abren un nuevo escenario en la que es la mayor quiebra de una patronal en España, que puede terminar en entre dos y quince años de inhabilitación para sus administradores, e incluso con que tengan que hacer frente a la deuda con su patrimonio. Tras las alegaciones, el juzgado debería investigar los hechos que presuntamente constituyen delito, un proceso que puede durar años.
Paralelamente, un grupo de centros de formación presentó denuncia contra la última ejecutiva de la CCC, así como contra su exsecretario general, Miquel Àngel Fraile, y la exdirectora de formación de la patronal, Rosa María Serrano, por la desaparición de los fondos de garantía propiedad de las escuelas. Los denunciantes les atribuyen seis delitos, entre ellos el de apropiación indebida.
¿Quién responderá por la quiebra de la CCC?
El pasivo de la CCC asciende a seis millones de euros, del que tendrían que responder los administradores de la patronal en el peor de los casos –peor para ellos, se entiende–. Lo que no está claro es quien tendría que responder. ¿La última junta, presidida por Rosa Eritja? En ella no estaba Fraile, destituido cuatro meses antes del concurso y señalado por Eritja, por el informe concursal y por los centros de formación como responsable de la quiebra de la CCC.
El administrador concursal, en su informe de la situación de la patronal, explicaba que la organización se financió con una estructura piramidal, en la que los fondos que aportaban los centros de formación como garantía, una exigencia podría decirse que alegal, servían para financiar a la CCC y para devolver los fondos antiguos. La crisis y la reducción del dinero para formación derribaron este castillo de naipes y colapsaron las cuentas de la patronal. Cuando se presentó el concurso, afloraron 1,6 millones retenidos de cursos de hasta 2004, pero las cuentas estaban vacías.
