Siete centros de formación denuncian a Fraile, Eritja y la cúpula de la CCC
Los centros de formación piden la devolución de medio millón de euros y atribuyen seis delitos a la cúpula de la quebrada Confederació de Comerç de Catalunya
Rosa Eritja y Miquel Àngel Fraile, últimos presidente y secretario general de la Confederació Catalana del Comerç. ED/ARCHIVO
Se ha terminado la calma (tensa) con la que la cúpula de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) está viviendo su liquidación, que avanza por su propia vía en los juzgados. Un grupo de siete centros de formación se han unido para iniciar otra vía judicial, la de reclamar responsabilidades por la mayor quiebra de una patronal de España, y ha presentado una denuncia contra toda la cúpula, así como contra el exsecretario general, Miquel Àngel Fraile.
Según ha podido saber Economía Digital, la querella se puso a principios de año, aunque no había transcendido. En ella, los demandantes, que por ahora prefieren permanecer en el anonimato, piden el reembolso de medio millón de euros y atribuyen un total de seis delitos a los demandados. Este dinero es el que los centros dieron a la CCC como fondos de garantía por los cursos que impartían, que nunca fue devuelto y que ha desaparecido, según constata el informe concursal de la patronal.
Los delitos que se atribuye a la cúpula de la CCC son apropiación indebida, encubrimiento de delito, delito societario, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil y desobediencia a la autoridad judicial. La lista de querellados es larga. La encabezan la última presidenta de la CCC, Maria Rosa Eritja, el exsecretario general y su esposa, Rosa María Serrano, que era la directora de Formación de la organización.
Miquel Àngel Fraile, su mujer y Rosa Eritja se las verán ante la justicia por la quiebra de la CCC
Pero la causa es más amplia. Los denunciantes decidieron ir contra todo el comité ejecutivo de la Confederació, ya que todos aprobaban la gestión llevada a cabo por Fraile. Entre los querellados se encuentran el expresidente Manel Vila Roura, Jordi Vilaprinyó, presidente de la Agrupació de Botiguers de Catalunya, Emiliano Maroto, secretario general del Agrupament de Botiguers i Comerciants y que era secretario general adjunto de la CCC.
También estaban en la junta, y han sido denunciados, los presidentes de algunos gremios, como el de los muebles de cocinas y baños, Josep Gaspart, o el de los carniceros, Xavier Gallifa; el presidente de los comerciantes de los mercados municipales de Barcelona, Faustino Mora, así como los máximos responsables de la CCC en Tarragona y las Terres de l’Ebre, Agustí Figueras y Pascual Chacón.
La Fiscalía de Barcelona frena su investigación
El caso se encuentra todavía en fase de instrucción pero ya ha supuesto el parón de la investigación de la Fiscalía de Barcelona, puesto que no puede investigar a alguien por una causa que ya se ha judicializado, según explicaron fuentes de la fiscalía. Ésta investigaba el destino de 1,6 millones de euros retenidos por la CCC a los centros de formación, después de que la Generalitat le comunicará las quejas de dichos centros.
La organización pedía a los centros a los que contrataba para hacer la formación un porcentaje del coste del curso, que osciló desde el 25% hasta el 5%, para cubrir posibles incidencias en el periodo de auditoría de los cursos. Cuando la CCC cayó en concurso, se destapó que tenía retenidos fondos de cursos hechos en 2004, la mayoría ya resueltos, por lo que deberían haberse retornado hacía años. Algunos centros de formación cerraron esperando este dinero.
Los centros de formación reclaman la devolución del dinero que la CCC retuvo sin motivo
“Queremos saber dónde está el dinero y que nos los devuelvan”, explica un portavoz de los centros de formación denunciantes. Y es que en el concurso se evidenció que estos depósitos desaparecieron. El informe concursal, al que tuvo acceso Economía Digital, lo dejaba claro, y culpaba a Fraile y a la CCC de haber urdido una estructura piramidal con dichos depósitos, que cayó como un castillo de naipes cuando, a causa de la crisis, se redujeron los fondos públicos para formación.
El delito que atribuyen a los responsables de la CCC por los fondos es el de apropiación indebida. Pero a la luz de lo que se ya se conoce de la gestión de la Confederació, y de lo que recoge el informe concursal, los denunciantes prefirieron pedir la investigación de otros cinco delitos que podrían haberse producido. Ahora la pelota está en el tejado del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona.
La cúpula de la CCC, con Rosa Eritja a la cabeza, ya sabía que esto podía pasar. Por eso, como explicó este medio, intentó instaurar la ley del silencio entre sus asociados, delegados y trabajadores incluso antes de la presentación del concurso de acreedores. El agujero de la Confederació, de más de cinco millones, así como sus causas, ya hacían temer a su última ejecutiva que podía terminar salpicada por la quiebra de la patronal.
