Mas ‘pasa’ de las peticiones de Junqueras: convocará un nuevo concurso por ATLL
El consejero de Territorio, Santi Vila, asegura que el modelo de concesión es "correcto" mientras su socio de Gobierno pide que se recupere la titularidad pública de la compañía
El Gobierno de Artur Mas no hará una concesión con su socio, ERC, en el caso de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa protagonista de la guerra del agua en Cataluña. El partido de Oriol Junqueras pide que se revierta el contrato actual con Acciona y se recupere la titularidad pública de la compañía, ya que entiende que es una de las estructuras de estado que se deben constituir antes de la independencia. El Ejecutivo, con todo, pretende mantener el modelo de concesión.
«Es un modelo correcto y que favorece el interés común de la ciudadanía», ha defendido el consejero de Territorio, Santi Vila, en una entrevista este jueves por la mañana. El político de Figueres (Girona) ha manifestado que el momento actual propicia una «mayor concurrencia» de privados para quedarse con la gestión de una compañía que potabiliza el agua de cuatro millones de catalanes, los de Barcelona y su ámbito de influencia.
Mayor concurrencia que en 2012
La Generalitat espera sacar un mayor interés con la concesión si finalmente abre el nuevo concurso. Vila asegura que la licitación suscitaría más interés entre los privados porque el acceso al crédito no está cerrado como ocurría en 2012. «Seguro que concurrirían cinco o seis empresas».
Esta es la apuesta de Artur Mas, aunque no está claro que la pueda ejecutar legalmente. El Tribunal Supremo rechazó las medidas cautelares que pedía el Govern y la concesionaria de ATLL, que tiene a Acciona como accionista mayoritario con un grupo de empresarios catalanes entre los que se encuentran Manuel Torreblanca y la familia Rodés, y le exige que revierta el contrato actual.
Resolución tras las elecciones
El Ejecutivo ha habilitado una mesa de contratación para determinar cómo se ejecuta la decisión del alto tribunal. Acciona ya ha amenazado con iniciar un nuevo proceso judicial para reclamar daños y perjuicios por la pérdida de la concesión, que implica el desembolso de casi 1.000 millones de euros en 50 años (sólo se han pagado 300). La otra empresa que licitó por ATLL en 2012, Agbar, defiende que, legalmente, la Generalitat tiene que adjudicarle directamente la concesión.
Mas ha marcado un camino pero, de momento, no ha tomado ninguna decisión firme sobre cómo dar carpetazo a la guerra del agua. A nueve meses de las elecciones, el Gobierno catalán deja al próximo Ejecutivo la resolución del conflicto.
