La tarifa del agua bajaría un 6% en Cataluña si Aigües Ter Llobregat fuera pública
El Gobierno ha frenado el proceso burocrático para estudiar cómo se cumple con el mandato del Supremo, que echó a Acciona de la gestión de la compañía
ERC quiere que Aigües Ter Llobregat (ATLL), la protagonista de la guerra del agua en Cataluña, sea de nuevo de titularidad pública. Será uno de los requisitos que pondrá sobre la mesa durante la negociación con CiU para conformar las estructuras de Estado anunciadas en el pacto de convocatoria de elecciones. El debate sobre el servicio público que ofrece la gestora del agua controlada ahora por Acciona no es el único elemento con el que cuenta el partido liderado por Oriol Junqueras para defender el cambio de régimen jurídico de la sociedad.
Si la Generaltiat gestionara directamente ATLL, la tarifa del agua bajaría entre un 5 y un 7% a más de cuatro millones de ciudadanos de Barcelona y su área de influencia.
Intereses del 9,5%
La reducción se debe a un ejercicio puramente financiero, no afecta ni a la actividad diaria ni al equipo humano de la compañía. La Generalitat está pagando ahora unos intereses del 9,5% en las operaciones que realiza ATLL. El tipo está muy lejos, por ejemplo, del 0% que el Estado cobra por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) e implica un gasto de 30 millones anuales para el Gobierno de Artur Mas.
En el momento en que se recuperase la titularidad pública de ATLL, la desaparición de la financiación (ya que todas las operaciones las realizaría directamente el Ejecutivo catalán) implicaría que el precio del agua en alta se redujera un 20% para todos los municipios que beben de esta red. La empresa controlada ahora por Acciona se encarga de captar, tratar y llevar hasta el depósito de cabecera de las poblaciones agua de los ríos Ter y Llobregat en Cataluña.
Mesa de contratación
La Generalitat está obligada a cambiar el estado actual de esta concesión por mandato del Supremo. Mas incluso dio luz verde a la creación de una nueva mesa de contratación para estudiar cómo se cumple con la sentencia del alto tribunal, que echó a Acciona de la gestión de ATLL al considerar que no cumplía con el pliego de condiciones del concurso al ratificar una decisión de 2013 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
El consejero de Territori, Santi Vila, firmó el decreto de constitución del órgano hace un mes. Sus miembros aún no han celebrado su primera reunión.
Oficialmente, los encuentros se demoran por problemas de agenda de los participantes. Otras fuentes próximas al ex alcalde de Figueres (Girona) señalan que la Generalitat espera que el Supremo publique una última sentencia, la del recurso que presentó Acciona como particular, para poner en marcha la resolución del contrato con la empresa de los Entrecanales. Quieren tener todos los argumentos jurídicos de la guerra del agua sobre la mesa antes de tomar ninguna decisión.
