Artur Mas dejará que sea el próximo Gobierno el que resuelva la ‘guerra del agua’
El Ejecutivo fía a la mesa de contratación tomar una decisión sobre el futuro de ATLL cuando el litigio aún está vivo
El Gobierno de Artur Mas ha confirmado públicamente este viernes cuál es su solución a la guerra del agua en Cataluña: «Abrir un nuevo concurso público» para licitar Aigües Ter Llobregat (ATLL), en palabras del consejero de Territori, Santi Vila, en una comisión del Parlament. El problema es que el camino para llegar a este objetivo es complejo. Tanto, que el Ejecutivo catalán dejará que se resuelva en la próxima legislatura, indican fuentes del entorno del President.
La actividad del Parlament se acabará la última semana de julio, ya que la campaña electoral empezará a la vuelta de las vacaciones de verano. La mesa de contratación que debe estudiar cómo resuelve el denominado caso Castor catalán tiene seis meses hábiles para decidir el futuro del concurso público más polémico de los dos gobiernos de Mas.
El calendario es suficientemente amplio para que los técnicos y políticos que se sientan en el órgano estudien cómo se revierte la concesión a Acciona. El problema son las injerencias que ya han surgido y surgirán en el proceso.
Oposición del socio de Gobierno, ERC
La primera de ellas es el desacuerdo con su socio, ERC, sobre el futuro de la empresa que ofrece agua potable a cuatro millones de habitantes de Barcelona y su ámbito de influencia. Oriol Junqueras apuesta porque ATLL sea de nuevo una empresa pública. Incluso ha apoyado al PSC en el Parlament esta semana para aprobar una moción junto a ICV, Ciutadans y las CUP en la que instan a Mas a echar a Acciona del grupo recuperar su gestión.
El documento aprobado por mayoría está sobre la mesa de Mas. Se suma al enésimo recurso que ha presentado Agbar contra el proceso de adjudicación.
Denuncia de Agbar
En esta ocasión, se trata de un documento firmado por los servicios jurídicos de la compañía que se entregó al departamento de Territorio. En él, la gestora de aguas carga contra el órgano de decisión. Considera que el Gobierno catalán se ha saltado de nuevo la legalidad al «constituir una mesa de contratación nueva y diferente que se apoye en un órgano técnico (comisión técnica asesora) de composición desconocida».
La compañía de Suez Environnement ha denunciado que se han modificado sus miembros. Alega que este procedimiento está vetado en una cláusula que el propio Ejecutivo catalán incluyó en el pliego de condiciones del concurso de ATLL.
Cambios fuera de ley
En el texto, al que ha tenido acceso Economia Digital, Agbar reconoce que algunos cambios son congruentes porque en el segundo mandato de Mas no repitieron todos los cargos públicos. El ideólogo de la concesión, Lluís Recoder, pasó el testigo a Santi Vila en la consejería de Territori.
La empresa defiende que hay otras modificaciones que se saltan el ordenamiento jurídico. Como la incorporación de la secretaria de hacienda de Economia, que ya se sentó en la anterior mesa en su condición de secretaria general del departamento; o la del director de la Agencia Catalana del Agua, un cargo de un marcado perfil político que no estaba en el anterior órgano; o la desaparición del director geneal de Patrimonio como miembro.
Nuevos litigios
La queja formal de Agbar no es el único litigio que amenaza a Mas. El grupo que ha instado todos los procesos judiciales de la guerra del agua mantiene las espadas en alto. El actual gestor de ATLL, Acciona, ya ha amenazado en acudir a los tribunales para reclamar una indemnización si se ejecuta el contrato. Además, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya debe resolver lo que la Generalitat denomina «el fondo de la cuestión». Es decir, decretar si Acciona realmente incumplió el pliego de condiciones de la concesión.
Vila ha prometido en el Parlament que un nuevo concurso no seria perjudicial para las finanzas pública catalanas, ya que el nuevo adjudicatario aportaría los 300 millones que ha aportado Acciona hasta la fecha para la concesión y no sería necesario desconsolidar los casi 1.000 millones de déficit público desde 2012. Pero que este camino sea el definitivo está en el aire.
La mesa de contratación se ha reunido en dos ocasiones. La fecha del tercer encuentro se decidirá en los próximos días.
