El juez ultima la sentencia del caso Palau tras ocho años

La sentencia del caso Palau está a punto de hacerse pública. Sólo falta que le pongan el lacito. Y no será amarillo. El juez ponente, Julio Hernández Pascual, trabaja en ella desde el 16 de junio pasado, cuando quedó visto para sentencia el juicio contra Fèlix Millet, Jordi Montull, el extesorero convergente Daniel Osàcar y otros doce acusados. El escándalo estalló hace más de ocho años.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amplió hasta el 31 de diciembre la dedicación exclusiva de Hernández Pascual a este caso. Los otros dos miembros que le acompañaron en el tribunal, Montserrat Comas –que fue su presidenta– y José Antonio Lagares, han tenido durante este tiempo una exención parcial. En círculos judiciales se apunta que la sentencia está al caer. Se ha esperado hasta después de las elecciones del 21-D para no interferir en la campaña. Sin embargo, no se aguardará a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat aunque la sentencia pueda impactar en uno de los actores políticos.

En sus conclusiones finales, el fiscal Emilio Sánchez Ulled acusó a Convergència (CDC) o al partido que le haya “sucedido” como responsable civil a título lucrativo del expolio del Palau de la Música. Les reclamó 6,6 millones de euros. Más del doble de los 3,2 millones de euros de fianza que en su día avaló mediante bienes inmuebles.

Bruselas: Casualidades de la vida, Carles Puigdemont y el fiscal del caso Palau residen ahora en la misma ciudad

Convergència ha desaparecido de la escena política y su sucesor, el Pdecat, no concurrió a las elecciones del 21-D con estas siglas aunque se incrustó en Junts per Catalunya, la lista que lideró Carles Puigdemont. Este último se ha desmarcado por completo de la vieja CDC e incluso marca distancias con el Pdecat, pero no puede deshacerse de su pesada herencia. Casualidades de la vida: Puigdemont sigue refugiado en Bruselas, precisamente la misma ciudad donde se trasladó el fiscal Sánchez Ulled después del juicio del caso Palau. Trabaja de consejero de justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea.

Como presidente de la Generalitat, Puigdemont intentó que el Consorcio del Palau de la Música –que él mismo preside a título honorífico y que cuenta con representantes de su gobierno– no ejerciera la acusación particular contra Convergència y su extesorero. Consiguió su objetivo. Para evitar el ridículo en el parlamento catalán, los diputados del Pdecat optaron por abstenerse mientras que sus socios de ERC votaban a favor de actuar como acusación.

La cámara catalana acordó instar al consorcio a que acusara a CDC, pero llegaron demasiado tarde. El abogado del consorcio ya había presentado sus conclusiones ante el tribunal y no se le permitió modificarlas. De esta forma, el consorcio declinó la posibilidad de resarcirse de Convergència si finalmente resultaba condenada. Sin embargo, que no paguen al Palau no significa que no satisfagan la sanción si son condenados.

El Pdecat se prepara para una sentencia adversa del Caso Palau

El Pdecat se prepara para una sentencia adversa. Desde el partido se insiste en que ya no tienen nada que ver con la vieja Convergència, pero esta no es la realidad: su sede central, que ocupan desde hace un año y medio, es propiedad de CDC. Además, Artur Mas dejó de presidir este partido para serlo del Pdecat. El fiscal Sánchez Ulled dejó bien claro que atribuía la responsabilidad a CDC o a su sucesora se llamase como se llamase. Hace meses encargaron un informe patrimonial para afrontar las posibles sanciones.

Los resultados electorales de Junts per Catalunya han supuesto un alivio para el Pdecat. Tanto en lo político como en lo económico. El partido se beneficiará de las asignaciones públicas por el número de escaños obtenidos, según confirman fuentes de esta formación. Sin embargo, eso no resolverá sus problemas. Hasta ahora han tenido repetidas dificultades para llegar a final de mes. La dirección comunicó a sus empleados que se mudarían próximamente a una sede más modesta. Los planes se mantienen. La sentencia del caso Palau podría precipitarlos.

21-D: los resultados electorales suponen un alivio político y económico para el Pdecat

En la última sesión del juicio, el abogado de Convergència, Javier Melero, mantuvo que CDC no se benefició de comisiones ilegales de Ferrovial. Según el fiscal, la constructora pagaba mordidas por la adjudicación de obra pública a través del Palau de la Música. Además, el abogado defensor insistió en que, de haber tráfico de influencias, delito que rechazó, el lucro sería de 2,4 millones de euros y no de 6,6 como plantea la fiscalía. No convenció al fiscal. Sánchez Ulled aumentó la petición de penas para el extesorero Osàcar hasta los ocho años de cárcel.

Una sentencia condenatoria hundiría a Mas, pero también afectaría a Puigdemont cuando se dispone a negociar el próximo gobierno independentista de la Generalitat. Sin olvidar que el caso Palau en realidad es el caso Convergència, la sentencia también determinará la suerte de los saqueadores confesos del Palau –Fèlix Millet y Jordi Montull, así como la hija de éste–, de dos directivos de Ferrovial y de un grupo de proveedores del partido.

Independientemente de la sentencia, el juicio pasará a la historia por una célebre frase de Millet sobre el pago de comisiones del 4%: “El 2,5% a Convergència, un 1% para mí y el 0,5% para Montull”. Nadie se dio cuenta o quiso darse cuenta de lo que allí sucedía durante años. Destacados empresarios barceloneses formaban parte de los órganos de gobierno del Palau de la Música.