Sánchez y Torra enconan su pulso en la recta final de la investidura
El Gobierno reacciona a la arenga del president con un veto a su plan de Acción Exterior, y el PSC cierra la puerta a aprobar las cuentas de la Generalitat
La depresión posvacacional viene caliente, y, a falta de apenas un mes para que se agote el plazo para la investidura antes de todo vuelva a las urnas, tanto en el Palau de la Generalitat como en la Moncloa se han encargado esta semana de dejarlo claro.
Pedro Sánchez mantiene las distancias con Unidas Podemos pese a que evitar la repetición electoral pasa por ellos, y Quim Torra se encuentra a las puertas de una Diada y una sentencia claves no solo para medir las fuerzas del independentismo sino para determinar como se reequilibran internamente, así que no es de extrañar que ambos traten de marcar perfil y se empeñen, antes que en buscar acercamientos, en enconar el sordo pulso en el que están instalados al menos desde el 20 de diciembre, fecha del último encuentro entre ambos.
Así, ante un otoño en el que el espacio posconvergente tiene que resolver una reordenación que se percibe traumática y en el que la sentencia podría precipitar un anticipo electoral en Cataluña, Torra opta por volver a exhibir su faceta más beligerante. Es lo que hizo el martes en la Universitat Catalana d’Estiu (UEC), es decir, ante un auditorio abiertamente soberanista, cuando se alineó sin fisuras con las tesis de su antecesor, Carles Puigdemont, según las cuales el planteamiento de Oriol Junqueras de que la única vía posible es la del diálogo es creer en fantasías, así que solo queda el choque.
ERC nunca ha comprado la línea dura, tampoco ahora, pero por ahora prefiere evitar seguir hurgando en sus hondas diferencias con el president y Junts per Catalunya (JxCat), así que su reacción a la belicosa conferencia de Torra ha sido vender que el choque y el diálogo son apuestas no solo compatibles, sino complementarias.
Y, como si estuviera poniendo un ejemplo práctico de ese planteamiento, el vicepresidente y hombre fuerte de Esquerra en el govern, Pere Aragonès, anunciaba, 24 horas después del speech de Torra, que llevará a los tribunales por impago a Sánchez, a quien le reclama 1.300 millones correspondientes a anticipos de la financiación autonómica en base a la recaudación de este 2019 y a devoluciones del IVA de 2017.
La reacción socialista: dos portazos a Torra
La reacción llegó este viernes en forma de dos portazos, y por dos vías. Por un lado, el PSC, que en julio se había abierto a negociar los presupuestos de la Generalitat, anunciaba la retirada de esa oferta tras la arenga de Torra. Por otro, la Moncloa subrayaba que esos pagos que la Generalitat reclama solo pueden formalizarse vía presupuestos –recordando de paso que los independentistas imposibilitaron su aprobación a principios de año- y anunciaba un veto a la hoja de ruta para los próximos cuatro años de uno de los departamentos del gobierno catalán en manos de Esquerra, y el que más dolores de cabeza ha dado al Gobierno en la actual etapa post-155: el de Acción Exterior.
Alega el Gobierno que el plan de Acción Exterior de la Generalitat invade competencias del ministerio de Asuntos Exteriores, y proyecta la imagen de una Cataluña desgajada de España, antes que la de una autonomía.
La reacción del conseller Alfred Bosch y del propio Torra no se ha hecho esperar. «Haremos frente a la enésima arbitrariedad del gobierno español», replicó el titular de Acción Exterior. Y el president puso la decisión del Consejo de Ministros como ejemplo para reafirmar su mantra: «No hay ningún otro camino que la confrontación democrática y la defensa de nuestros derechos sociales y políticos».
A l’ofec financer denunciat ahir pel Vicepresident -que portarem als Tribunals-, el Govern espanyol avui ens fa saber que vol acabar ara amb l’acció exterior catalana. No hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica i la defensa dels nostres drets socials i polítics. https://t.co/RWvYXOQPt0
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 23, 2019
Y eso pese a que esta vez el ejecutivo de Sánchez aprieta pero no ahoga, porque no acude directamente al Tribunal Constitucional (TC), sino que por el momento se limita a enviar a la Generalitat un requerimiento para que revise el redactado del plan. Ahora, redes sociales aparte, el govern tiene un mes de margen para contestar. Sería tras la previsible negativa a rectificar, cuando Sánchez daría el siguiente paso.
Es decir, que, de acabar el asunto en el TC, lo haría una vez superada la fecha límite para la investidura: el 23 de septiembre. Una investidura que ahora mismo no parece factible, visto el portazo en tiempo récord del PSOE a la última propuesta de los de Pablo Iglesias. Y si el culebrón acaba con un regreso a las urnas el 10 de noviembre, los socialistas saben que los va mal exhibir firmeza con los independentistas.
O, cuando menos, insistir en replicar a Torra con algo parecido a la misma dualidad que ahora hace circular Esquerra: si los de Junqueras dicen que se puede compatibilizar diálogo y confrontación, los socialistas insisten en dejar tan clara su predisposición a un diálogo siempre dentro de la ley como su voluntad de no dejar pasar ni una a la Generalitat y su beligerante presidente.
