Sánchez fuerza a Abogacía del Estado a olvidar la rebelión
La Abogacía del Estado se alejará de la Fiscalía y acusará a los líderes independentistas de sedición y malversación, pero no de rebelión
Manifestación independentista con carteles para pedir la libertad de los líderes independentistas presos. Foto: EFE/EF
El Gobierno de Pedro Sánchez completa las pistas que envió en las últimas semanas. La Abogacía del Estado se alejará de la Fiscalía y acusará a los líderes independentistas catalanes de sedición y malversación, y no de rebelión, como harán los fiscales del Tribunal Supremo el viernes.
Fuentes judiciales afirman que el escrito de acusación que presentará la Abogacía del Estado el viernes descarta la rebelión y apuesta por la sedición, que no exige violencia. El órgano dependiente del Ministerio de Justicia se olvida así de atribuir el delito de rebelión a Oriol Junqueras y los otros ocho procesados que están en prisión preventiva.
El delito de rebelión es el más grave y, por ende, el de mayor importancia en la causa abierta por el «procés» en el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales informaron a El País de que la Abogacía pedirá, entonces, penas que suman un mínimo de 14 años, frente a las de 20 años que exigirá la Fiscalía.
La rebelión, cuestionada por Sánchez y Calvo
La decisión de la Abogacía del Estado sucede después de un par de semanas de tensión alrededor de la interpretación del delito de rebelión por parte del Gobierno y del Tribunal Supremo, ante la previsión de que habría una contradicción muy grande entre los escritos de las conclusiones de la causa del 1-O.
Sánchez envió un guiño a los presos independentistas la última semana de octubre, cuando sugirió que la rebelión «se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares». La vicepresidenta Carmen Calvo le secundó, también poniendo en cuestión si hubo rebelión alrededor de los hechos del 1 de octubre de 2017.
«Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas», dijo Calvo en una rueda de prensa la misma semana que Sánchez sembró la alarma en el Supremo, dando a entender que el Gobierno no respaldaba la acusación de rebelión.
Unos días después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió a Sánchez y Calvo de las acusaciones de la oposición, de las asociaciones de fiscales y de los mismos jueces del Supremo. La calificación del delito «corresponde al fiscal», apuntilló Robles para desmentir que el Gobierno estuviera presionando de alguna manera.
Este jueves trascendió que la Fiscalía, que también presentará su escrito de las acusaciones el viernes, pedirá más de 20 años de prisión por rebelión y malversación a Junqueras, y penas menores para los demás líderes independentistas encausados.
