El Supremo se rebela contra las presiones del Gobierno

Conforme se acerca el juicio oral de la causa del 1-O y su sentencia, los magistrados del Tribunal Supremo han detectado que los que eran «presiones implícitas» por parte del Gobierno se han convertido en «explícitas». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionó la aplicación del delito de rebelión a los presos independentistas, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, repitió la idea el jueves.

El presidente del Gobierno dijo en el Congreso esta semana que el delito de rebelión «se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares», en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que aseguró que «el procés fue pacífico». Calvo apuntaló el gesto la noche del jueves, al decir: «Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas».

Las declaraciones de Sánchez y la vicepresidenta del Ejecutivo han caído en el Supremo como hechos de «extraordinaria gravedad», según fuentes del alto tribunal consultadas por El Mundo. Y a ello se suma la gira de contactos políticos de Pablo Iglesias para conseguir apoyos para los presupuestos y el bombardeo de mensajes para que el Gobierno rebaje los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El líder de Podemos se entrevistó con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners e insistió en este punto.

«El problema es que se está asimilando con normalidad lo que es un síntoma de destrucción del Estado de derecho», argumentaron fuentes judiciales. Esta es una situación grave, dicen, porque incita «los juicios paralelos». «No debe de haber nunca influencias en los tribunales, pero si las influencias vienen del Gobierno deben tomarse con mayor preocupación», agregan.

El Supremo: Sánchez y Calvo debieron evitar hablar sobre el 1-O

Las declaraciones de Sánchez y Calvo «deberían haberse evitado», desde la percepción del Supremo, porque pueden erosionar la «credibilidad» de las resoluciones judiciales sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La vicepresidenta fue más allá, al promover una reforma del Código Penal en el sentido de la rebelión y al recordar que un tribunal alemán no entregó a Carles Puigdemont por este delito al no haber detectado violencia.

Pero en el Supremo la lectura no es la misma. «El juez alemán dirá ahora ‘qué razón tenía yo cuando decía que allí no había una rebelión, si hasta la clase política los está considerando como interlocutores válidos'», en alusión a la visita de Iglesias a Junqueras, que las fuentes tildan de «insólita» al tratarse de «alguien que en unos días puede recibir una acusación del fiscal de 25 años».

En la Moncloa, por su parte, se atienen a las declaraciones, sin más. Calvo asegura desconocer detalles sobre el desarrollo de la causa del 1-O y se limita a decir que el escrito de las acusaciones se presentará a principios de noviembre. Y fuentes del Gobierno aseguran que no darán órdenes a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado sobre el sentido que deben cobrar sus acusaciones.