Fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras
Fiscalía contradice la doctrina del Gobierno, que forzó a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión, y pide de 16 a 25 años para los políticos presos
Se consuma la ruptura entre el Gobierno y la fiscalía. Esta última mantiene el delito de rebelión para los políticos independentistas presos y pide 25 años de cárcel e inhabilitación para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y 16 para el resto de exconsellers procesados, según los escritos que se han conocido este viernes. En cambio, Abogacía del Estado se olvida de la rebelión y pedirá procesarlos solo por sedición y malversación, siguiendo las directrices del ejecutivo de Pedro Sánchez.
En el escrito de acusación presentado este viernes, el ministerio público sitúa a Junqueras, junto al expresident Carles Puigdemont, como principal impulsor del intento de secesión, y por eso solicita para él la pena más elevada como promotor de la rebelión con el agravante de «distracción ilegal de caudales públicos».
En concreto, el delito de rebelión que se le imputa a Junqueras se circunscribe, detalla la fiscalía, a un intento de «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución», de «declara la independencia de una parte del territorio nacional» y de «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno».
Aemás de al exnúmero dos de la Generalitat, también imputa el delito de rebelión por los mismos conceptos y con el mismo agravante de malversación a los exconsellers Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, para los que solicita 16 años de cárcel.
En cambio, para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, la pena solicitada se eleva a 17 años por considerarlos, junto con Junqueras, promotores o líderes de la rebelión, cosa que no hace con los consellers.
Malversación para Borràs, Mundó y Vila
Para los también exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, a los que la fiscalía imputa un delito de malversación, por el que solicita siete años de prisión y un periodo de inhabilitación absoluta de 16 años, el mismo que se pide para el resto de miembros del gobierno Puigdemont salvo Junqueras. Además, también les achaca otro de desobediencia grave, en base al cual pide 10 meses de multa (a razón de 100 euros diarios) y una inhabilitación para empleo o cargo púiblico durante un año y ocho meses.
El último paquete de acusaciones engloba a los exmiembros de la Mesa del Parlament Mireia Boya, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a los que se les achaca un delito continuado de desobediencia por el que la fiscalía solicita multa de 10 meses y un año y ocho meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
