Sánchez induce al caos con el fin del confinamiento según la comunidad

El desconfinamiento no ha comenzado, pero el presagio de caos ya es inevitable. Pedro Sánchez quiere realizarlo de forma «asimétrica», tomando en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas e incluso de los municipios, pero nada se sabe de las directrices generales que maneja el Gobierno para un proceso tan delicado.

El jefe del Ejecutivo tiene previsto reunirse con los presidentes de las comunidades por séptima ocasión este domingo y, aunque los líderes autonómicos no tienen la menor idea sobre las intenciones del Gobierno, muchos han optado por ponerse manos a la obra con sus propios esquemas.

El Gobierno sigue enviando mensajes contradictorios. Por una parte, Sánchez trasladó al Congreso de los Diputados el pasado miércoles que la desescalada del confinamiento comenzará a mediados de mayo y será gradual, lenta y asimétrica. Todo ello sin descartar marchas atrás ni rectificaciones, tal como ya ha sucedido con las salidas de los niños. La ministra Isabel Celaá, por su parte, dijo que la concreción del desconfinamiento se producirá partir de la designación de un representante autonómico que acordará las medidas con el Gobierno.

Más mensajes. Fernando Simón, el epidemiólogo a los mandos de la crisis sanitaria, enfrió las pretensiones de un desconfinamiento a mediados de mayo y condicionó cualquier desescalada a que las comunidades garanticen que tienen capacidad para detectar, aislar y rastrear todos los casos de coronavirus y sus contagios. Ahora mismo, señaló, la mayor parte del país tiene un número de infectados que «puede hacernos pensar en la posibilidad de iniciar el proceso de desescalada, pero en algunas zonas no se pueden garantizar todas esas capacidades».

La idea de que el fin del confinamiento sea diferente en cada territorio circula desde hace un par de semanas, puesto que varias comunidades quieren seguir su propio paso.

Ante todo este escenario, la oposición no ha dudado en criticar el «vacío absoluto del Estado», que «no tiene» una estrategia de reapertura, según la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una línea parecida, instó al Gobierno a dejar la «improvisación» y la «unilateralidad» y a que el desconfinamiento sea consensuado.

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Las autonomías del PP diseñan su desconfinamiento

La Junta de Andalucía, presidida por una coalición de PP y Cs, denunció que «lamentablemente» las comunidades no conocen los planes del Gobierno para el desconfinamiento y que tampoco se les ha dado aún «ninguna pista», según Juanma Moreno. El presidente andaluz propuso el jueves abrir colegios a mediados de mayo, pero la consejería de Educación matizó que el regreso a clases lo decidirá el Ministerio de Sanidad. 

La Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha creado un grupo de trabajo para diseñar la desescalada, mientras que en el Ayuntamiento de la capital se ha configurado un comité de expertos para trabajar en un plan B que permita adelantar la apertura de bares y comercios para intentar «convencer» a Sánchez y no permitir que «la hostelería de Madrid muera». El gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida reaccionó así a las declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, que dice que hay sectores que «van a permanecer con dificultades» hasta diciembre.

Otra autonomía del PP, Murcia, confirmó que España se dirige a una «desescalada asimétrica» pero rechazó explicar sus propuestas para no crear «falsas expectativas», según el consejero de Salud, Manuel Villegas. Mientras, Castilla y León sostiene que no ve el camino para iniciar la normalización progresiva de la actividad. El Gobierno popular de la Junta castellano-leonesa advirtió de que la comunidad no está preparada para «aplicar una desescalada, sino para tan solo diseñarla», toda vez que los fallecidos por coronavirus siguien elevándose.

El nacionalismo cuenta las horas para el fin del estado de alarma

Los mensajes de las nacionalidades históricas van en una dirección muy distinta. Los partidos soberanistas con representación en el Congreso dejaron clara su incomodidad por la que interpretan como una invasión de competencias autonómicas a través del estado de alarma decretado por la pandemia. ERC incluso advirtió a Sánchez de que, si vuelve a pedir otra prórroga del estado de alarma, es probable que voten en contra y que no se abstengan, como han hecho hasta ahora, al igual que EH Bildu.

En Euskadi, de hecho, se espera que Íñigo Urkullu plantee este viernes en el Parlamento Vasco una desescalada tras el final de la actual prórroga, que acaba el 9 de mayo. El lehendakari quiere que el desconfinamiento esté libre del «pilotaje centralizado» del Gobierno y defiende que no se haga con unas pautas únicas, comunes y homogéneas para todas las comunidades. Su socio de coalición, el PSE, reclamó información sobre las medidas y afeó que esté «en ese juego del poli bueno y poli malo».

El Govern catalán, por su parte, se ha mostrado satisfecho porque Sánchez contempla ahora colaborar con las autonomías para la desescalada del confinamiento. Quim Torra incluso ha ofrecido la colaboración «leal» de la Generalitat, que en el consejo ejecutivo de este próximo sábado pretende aprobar el plan propio de desescalada en Cataluña. El Govern ha pedido, eso sí, que el Gobierno «escuche» a las autonomías y que no «imponga» decisiones de forma «unánime».

Comunidades socialistas, más precavidas

El Gobierno socialista de Canarias empezó a trabajar en un dispositivo para el regreso escalonado a la normalidad desde el comienzo de abril. Este jueves, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres confirmó que la desescalada será singular pero coordinada. La consejería de Sanidad advirtió de que «las exigencias organizativas y de control son mucho mayores que en el confinamiento», aunque cree que se dan las condiciones para plantear que las islas inicien el regreso a la normalidad a partir de este domingo 27 de abril.

El Principado de Asturias, también gobernado por el PSOE, ya puso en marcha un comité de expertos para que prepare la progresiva vuelta a la normalidad, pero el Gobierno ha recordado que la decisión última corresponde al Gobierno de Sánchez, pese a que las comunidades tienen capacidad de proponer sus propios planes de desescalada.