Núria Marín pone a disposición del PSOE su cargo en la Ejecutiva del partido
El PSOE prefiere esperar sobre el 'caso de Marín' porque "no parece que le afecten responsabilidades directas", señala Ábalos
La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat —segunda ciudad de Cataluña— y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha puesto ante la Ejecutiva Federal del PSOE su cargo de vocal en este órgano.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha desvelado este lunes, tras la reunión mantenida, que el partido, a nivel nacional y la federación socialista catalana, pidieron información y explicaciones a Marín, tras ser imputada en el juicio que investiga los presuntos desvíos de subvenciones del Consejo de Deportes del municipio.
«El PSC requirió información a Marín, en cuanto tuvo conocimiento, y nosotros también. De hecho, todos estos días hemos estado en contacto con ella», desveló Ábalos tras la Ejecutiva del partido.
La propia Marín ha puesto en el plenario celebrado este lunes su cargo de vocal a disposición del partido y el PSOE prefiere esperar señalando que «de momento y por la información que nos ha remitido, no parece que le afecten responsabilidades directas» sobre este caso, respondió el secretario de Organización del PSOE.
El Código Ético del PSOE afirma que el partido tomará medidas cuando se abra juicio oral. Sin embargo, los socialistas han tomado medidas, con la expulsión en algunos casos, antes de que se sucediera siquiera dicho veredicto.
Con el ‘caso Marín’, la Ejecutiva del partido prefiere esperar y pone como excusa que el Consejo de Deportes de L’Hospitalet de Llobregat, del que Marín es alcaldesa, «es una entidad no dependiente del Ayuntamiento, sino una entiedad sufragada por él mismo».
«Esperaremos a que las diligencias nos aclaren en qué posición queda Núria Marín y en calidad de qué va a estar en ese proceso para tomar una decisión firme», reivindicó Ábalos. Desde el PSC, con su propio Código Ético, se muestran igual de prudentes que Ferraz y se remiten a decir que «tendremos que esperar a que se aclare el caso algo más».
Supuesto desvío de subvenciones
El juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet de Llobregat imputó hace cuatro días a Marín, en el juicio que investiga los presuntos desvíos de subvenciones del Consejo de Deportes del municipio.
La alcaldesa fue citada como testigo en el juicio y salió la semana pasada imputada. Durante el proceso, Marín fue detenida y puesta en libertad mientras declaraba antes los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, pero la detención quedó sin efecto al no verse riesgo de destrucción de pruebas.
Las pruebas estrechan el cerco a Marín y a sus colaboradores. De hecho, este mismo sábado se produjo la dimisión de Cristóbal Plaza, antiguo concejal de Deportes que abandonó el Consell Esportiu —epicentro del desvío de subvenciones, según las investigaciones policiales— después de haber sido detenido el pasado 10 de junio por supuestas irregularidades.
Sin embargo, hasta este sábado conservaba su plaza de edil en el consistorio. Aunque la alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marín, aseguró este jueves que no “hay motivo alguno” para dimitir, Plaza consideró oportuno abandonar su cargo.
El juez investiga si Plaza, quien se ha declarado inocente desde el primer momento, cobró una supuesta indemnización fraudulenta de 47.147 euros cuando abandonó el Consell Esportiu, entidad que presidió y de la que formó parte durante más de 15 años.
Además, según ha indicado el citado diario, la justicia también investiga una factura a nombre del edil por valor de 437 euros para la compra de libros.
Otro de los aspectos que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es la supuesta falsificación de las actas de las asambleas del Consejo del Deporte de L’Hospitalet.
Mientras un acta de 2019 presenta unos ingresos y gastos anuales de 410.000 euros, de los que se informó a la asamblea de socios; en otra acta correspondiente al mismo año, que se presentó a la Generalitat, el importe se elevó a 920.000 euros.
Esta segunda acta se utilizó supuestamente para justificar subvenciones. Entre las dos hay una diferencia de más de medio millón de euros.