Las 10 incógnitas de la ‘guerra del agua’ en Catalunya

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha sido un proceso con más sombras que luces. Casi medio año después de que el Govern de Artur Mas iniciara la licitación, los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tienen una decena de recursos cruzados entre todos los protagonistas que ponen en duda el futuro de la compañía que ofrece agua a unos cinco millones de catalanes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y su zona de influencia.

La opacidad que ha marcado todo el proceso deja en el aire 10 incógnitas que han resucitado la guerra del agua en Catalunya:

1) ¿Quién participa en la batalla?

Hay cuatro protagonistas claros: las dos empresas que pujaron por la gestión de ATLL, un consorcio liderado por Acciona y otro por Aguas de Barcelona (Agbar), y las conselleries de Territori i Sosteniblitat y Economia i Coneixement. Aunque ésta última, liderada por Andreu Mas-Colell (CiU), dejó la gestión en manos del departamento dirigido entonces por Lluís Recoder (CiU). Sólo le exigió que el contrato se firmara antes de finalizar 2012.

2) ¿Por qué la operación se tenía que incluir por fuerza dentro del ejercicio 2012?

Los 995,51 millones de euros de la privatización son básicos para cumplir con el objetivo de déficit público que el Gobierno de Mariano Rajoy exige a todas las comunidades, que es del 1,5%. Si pasa a las cuentas de 2013, Mas-Colell tendrá que añadir un 0,51% más de desvío al cierre del año fiscal, según sus propias estimaciones. Eso sí, sólo ha ingresado 298,65 millones, el resto se cobrará durante los 50 años que dure la concesión.

3) ¿Cuál es la oferta ganadora?

El grupo de infraestructuras con sede en Madrid venció a Agbar por su propuesta económica. Así lo establecía el pliegue de condiciones del concurso, que valoraba más el precio del suministro que las características técnicas de las ofertas (el apartado en el que se impuso su rival). Acciona proponía una tarifa media para los 50 años de la licitación de 0,7088 euros por metro cúbico de agua facturada y se comprometía a llegar a esta cifra en dos años. Agbar pretendía cobrar 0,79 euros desde el mismo momento en el que se firmara el contrato.

Además, sólo la multinacional de la familia Entrecanales se comprometía a mantener los 222 empleos de ATLL durante el medio siglo de la concesión. La compañía de Barcelona garantizaba lo puestos de trabajo en los primeros cinco años del contrato.

4) ¿Por qué reacciona con tanta contundencia Agbar?

La compañía presidida por Ángel Simón anunció que impugnaría la adjudicación antes de que Recoder anunciara oficialmente quién sería el ganador. Poco después de que la mesa de contratación diera publicidad de su valoración, afirmó que la oferta de su rival no era viable. Aseguró que bajaba el precio del servicio de forma temeraria y amenazó con ir a los tribunales si Entrecanales cambiaba una coma de su oferta en los próximos 50 años.

5) ¿Qué es el OARCC y qué papel ha tenido?

El OARCC es el organismo que garantiza la transparencia en los concursos públicos de toda la administración catalana. Es una institución unipersonal, presidida por Juan Antonio Gallo y creada a raíz de una normativa europea. Está integrada dentro del departamento de Presidencia, pero es independiente. Ha hecho tres resoluciones sobre este concurso: dos el 30 de noviembre y una el pasado 3 de enero. Esta última es la que más impacto mediático ha tenido, ya que decretaba que la oferta de Acciona se debía que desestimar porque no cumplía con el pliego de condiciones del concurso. Sus resoluciones tienen carácter ejecutivo.

6) ¿Por qué Gallo permitió que se firmara la operación?

El 30 de noviembre decidió levantar la suspensión automática del concurso alegando que el abastecimiento de aguas es un servicio esencial y básico y que, por ello, no podía evitar que se firmara la concesión con Acciona. Acto que le reprochan los tres principales actores del proceso. El mismo Gallo defendió esta decisión en conversaciones con Economía Digital: aseguró que se le estaba “malinterpretando”. Alega que, en ese momento, Agbar (quien interpuso el primer recurso) reclamaba ver el expediente de su rival. No valoró los detalles de la oferta de Acciona hasta más tarde.

Aunque queda otra duda en el aire en este capítulo: ¿Nadie presionó a Gallo para levantar la suspensión automática del concurso? Las dos resoluciones del 30 de noviembre solo tienen horas de diferencia.

7) ¿Cuál ha sido el papel de Lluís Recoder en el proceso?

Cuando estalló la batalla legal en noviembre, antes de que se firmara la concesión, defendió a capa y espada que la oferta de Acciona era mejor que la de Agbar. La apoyó a pesar de las dudas que había planteado el grupo participado por Suez y La Caixa y la amenaza de una batalla legal durante medio siglo, poco habitual por su contundencia. Pero no llegó a firmar la concesión. El contrato con la compañía de Entrecanales fue rubricado por el secretario en funciones del departamento, Pau Villòria, pocas horas antes de que Mas nombrara a su sustituto en el cargo: Santi Vila (CiU).

8) ¿Qué debe dirimir el TSJC?

Ahora tiene dos causas abiertas: una por la negativa reiterada de Territori i Sostenibilitat de mostrar la oferta de su rival a los juristas de Agbar, básico para establecer la base legal de la impugnación del concurso (ha reclamado en cuatro ocasiones que se muestren los documentos); y una segunda sobre el cumplimiento de la resolución de enero del OARCC. El Govern y Acciona piden que no imponga ninguna medida cautelar (suspender la adjudicación temporalmente) y Agbar exige que se cumpla.

Aún se tendrá que pronunciar sobre una tercera cuestión cuando Simón impugne el concurso.

9) ¿El ejecutivo catalán ha estado unido en todo el proceso?

De cara a la galería sí, pero ha habido divergencia de opiniones. Recoder incluso se declaró en rebeldía ante Mas y a sus próximos en un consejo nacional. El president era partidario de frenar el proceso hasta que no se disiparan las dudas legales que planteaba Agbar.

10) ¿Quién gana y quién pierde con la guerra del agua?

No hay ningún ganador claro. Con las causas abiertas hasta la fecha, el TSJC tiene todo el poder para decidir qué pasa en el futuro y ninguno de los tres escenarios posibles en estos momentos complacen a los implicados.

Si Acciona se queda ATLL pero los magistrados dan la razón a Gallo, ¿quién pagará los daños y perjuicios que Entrecanales ya ha anunciado que reclamará? Nombrar a Agbar gestora tampoco da más garantías, ya que si el TSJC considera que el concurso ya estaba bien hecho de entrada, hay dos dudas sobre la mesa: ¿Se tiene que indemnizar a los usuarios del agua por pagar más caro el servicio? ¿Si el proceso dura más de cinco años, qué pasa con los posibles trabajadores despedidos? Y, finalmente, la Generalitat no puede, aunque quisiera, asumir de nuevo el control de ATLL: no cuadra las cuentas de 2012, no tiene los 298,65 que Acciona le ha pagado como primer canon de la adjudicación y ya ha disuelto la sociedad pública que gestionaba el servicio.

Por el momento, lo perdedores claros son los cinco millones de ciudadanos que reciben el servicio de ATLL. La factura del agua en alta (desde el lugar de captación a los municipios) ha subido el 44% desde el inicio de la privatización y, en los próximos años, seguirá in crescendo. Falta saber en qué proporción.